
Este proyecto pretendido por el Poder Ejecutivo constituye un serio retroceso en materia de derechos del trabajo.
Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan que la obesidad crece en forma sostenida en Argentina y que estas políticas serían un hito para detenerla.
NACIONALES12/11/2020
Por Andrés Lerner - El proyecto de ley que obliga a incluir un etiquetado frontal con advertencias sobre la presencia de azúcares, sodio, grasas y calorías, en alimentos y bebidas sin alcohol comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados esta semana.
Las principales entidades empresariales que agrupan a los sectores involucrados rechazan la normativa por “demonizar” sus productos y proponen dirimir la cuestión en el Mercosur.
Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan que la obesidad crece en forma sostenida en Argentina y que estas políticas serían un hito para detenerla.
Si se convierte en ley el texto al que el Senado dio media sanción, los fabricantes, fraccionadores y envasadores tendrán la obligación de sumar en el frente de los paquetes y botellas octógonos negros que indiquen si el producto contiene altos niveles de grasas y azúcares entre otros componentes. Los parámetros nutricionales previstos son los que señala la OPS.
“Rechazamos el proyecto aprobado en el Senado porque sigue un modelo de demonización de los alimentos y bebidas”, dijo a Ámbito el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja. Al mismo tiempo, sostuvo: “Estamos a favor de un etiquetado informativo. Pero, por sobre todas las cosas, el tema debe resolverse en el contexto de una discusión del Mercosur para que sea una decisión regional y de armonización normativa”.
La letra que será debatida en las comisiones de Legislación General, Salud, y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, también insta a los fabricantes de alimentos y bebidas que tengan edulcorantes a incluir la leyenda “no recomendable en niños” y a los que tengan cafeína el texto “evitar en niños”.
Desde la industria azucarera, entienden que no habrá marcha atrás con el proyecto y que tampoco tendrán posibilidades de judicializarlo. Por eso centran sus críticas en el octógono, que es el mismo símbolo que se utiliza en Chile, y sugieren reemplazarlo por una lupa, como marca la legislación en Brasil. Sebastián Laspiur es consultor nacional de Enfermedades No Transmisibles de la OPS y consideró en diálogo con este medio que “el octógono negro viene a visibilizar el exceso de nutrientes que estaban ocultos en una etiqueta que no se entiende. Esto ayudará a que los consumidores elijan libremente”. Además, detalló que “se hicieron grupos focales y lo más eficaz fue el octógono. La lupa no cumple el propósito de la misma manera”.
Otro de los puntos cuestionados por el sector privado es que el proyecto restringe la publicidad y la venta de alimentos en escuelas de productos que tengan excesos de algún nutriente.
Para el presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijoó, existe “un error en el diagnóstico porque se afirma que la curva de obesidad creció en los últimos seis años, mientras que el consumo de azúcar cayó un 20%”. Al respecto, Laspiur retrucó que “el consumo de azúcar de mesa puede haber caído, pero eso sucede porque está siendo remplazada por otros azúcares como el jarabe de maíz de alta fluctuosa u otros endulzantes. El consumo de azucares totales ha ido aumentando un 2% anual en los últimos cuatro años”, y agregó: “crecieron las ventas de los alimentos ultra procesados que desplazan a los alimentos frescos. La gente consume la mitad de las frutas y verduras recomendadas pero el doble de sodio y el triple de azúcares”.
Algunas de las cámaras que agrupan a las empresas del sector y a sus proveedoras ya enviaron cartas al Congreso demostrando su rechazo al proyecto de ley. Sostienen que la promoción de una alimentación saludable no debe significar un conflicto para el sistema productivo y menos aún para un país productor de alimentos.

Este proyecto pretendido por el Poder Ejecutivo constituye un serio retroceso en materia de derechos del trabajo.

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