El Gobierno adjudicó El Chocón–Arroyito: MSU Green Energy tomará el control desde el 8 de enero

El Gobierno nacional oficializó la adjudicación del complejo hidroeléctrico El Chocón–Arroyito, uno de los activos más relevantes del sistema eléctrico argentino, ubicado sobre el río Limay en la región del Comahue. La decisión quedó plasmada en la Resolución 2124/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, que además fijó la toma de posesión para el 8 de enero de 2026 a las 12:00. 

Quién se queda con El Chocón–Arroyito

De acuerdo con el texto oficial, la adjudicación del renglón correspondiente a El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A. recayó en un consorcio donde se destacan BML Energía S.A. y BML Inversora S.A.U., vinculadas al grupo MSU Green Energy: el esquema prevé que BML Energía adquiera el 99% y BML Inversora el 1% de las acciones.

En términos económicos, la resolución consigna que el monto total adjudicado para El Chocón fue de USD 235.671.294.

Un cambio de operador en un activo “crítico”

El proceso implica, en la práctica, el traspaso desde la concesionaria saliente Enel Generación El Chocón S.A. hacia los nuevos adjudicatarios, con el objetivo declarado de asegurar continuidad operativa y una transición coordinada.

Aunque el Gobierno y parte de la cobertura mediática presentan el paso como “ordenado”, el punto sensible —y el que Neuquén no debería perder de vista— es qué controles efectivos habrá sobre tres variables decisivas para la región:

operación y mantenimiento (calidad de equipos, seguridad y disponibilidad),
criterios de manejo del recurso hídrico (caudales, embalses y coordinación río abajo),
y cumplimiento del plan de inversiones prometido en la licitación (que en reportes periodísticos se describe como significativo).

El dato político de fondo: el “paquete Comahue”

La adjudicación de El Chocón–Arroyito no ocurre sola: forma parte del mismo esquema que abarcó otros complejos estratégicos del Comahue. En otras palabras, se reconfigura quién maneja generación y caja en un nodo clave del sistema eléctrico nacional, mientras las provincias reclaman hace años mayor incidencia real sobre decisiones que impactan en su territorio.

Lectura para Neuquén: más allá del anuncio, la discusión concreta pasa por la letra chica: cómo se audita la inversión, cómo se fiscaliza la operación, cómo se transparentan los compromisos y qué margen queda para que la provincia incida cuando el interés local (ambiente, seguridad, usos del agua, desarrollo regional) choque con el interés empresarial o fiscal del Estado nacional.

Nota: intenté capturar imágenes del PDF del Boletín Oficial con la herramienta de “screenshot”, pero devolvió un error de validación; por eso, los datos oficiales citados provienen del texto accesible del Boletín Oficial y su vista en línea.