El Senado rechazó el decreto 1053 de Mauricio Macri firmado en noviembre de 2018 para modificar partidas presupuestarias, que contempla una compensación de 392 millones de dólares a distribuidoras de gas por las pérdidas que les ocasionaron las devaluaciones hasta el 31 de marzo del año siguiente.
Seguirá vigente hasta tanto no lo vote en contra la Cámara de Diputados y para la oposición, en caso de eliminarse, obligará a trasferir esa carga a las boletas de los usuarios, que fue la medida inicial tomada por el entonces secretario de Energía Javier Iguacel.
Sólo por presión de la UCR, aliada del Gobierno, Macri la desechó y la modificó por un pago compartido en partes iguales entre empresas y el Estado. Fijó un plan de 30 cuotas, la primera la tenía que abonar en octubre pero recién la depositó el 6 de diciembre, cuatro días antes de dejar el cargo.
Para la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos, el ex presidente buscó que empezaran a correr los pagos y las empresas pudieran reclamar. "Esto empezó con la dolarización de las tarifas. Le sacaron plata del bolsillo a la gente y se la dieron a a empresas amigas e instalaron un discurso liberal. El caballo de trolla era la estatización de una deuda entre las generadoras y las distribuidoras de gas, por 24500 millones de pesos".
Su compañera María de los Ángeles Sacnun sostuvo que "en noviembre de 2017 (el ex ministro de Energía) Aranguren llamó a las empresas y cartelizó el mercado. Claro, se estaba apurando porque en diciembre vencía la Ley de Emergencia y se tenían que atener a los términos de la ley 24.076, que da el marco regulatorio de la actividad gasífera".
"Resulta imposible considerar que existe necesidad de urgencia en una medida que contempla un caso retroactivo y muy extenso, cuya prestación efectiva se va a hacer a fines del año entrante", completó el cordobés Carlos Caserio. La función del Congreso es, justamente, definir si los decretos eran indispensables y justifican no haber enviado un proyecto de ley.
El radical Luis Naidenoff señaló que la legislación vigente de 1992 obligaba a transferir esa compensación a los usuarios, intentaron evitarlo y es lo que ocurrirá finalmente si el DNU no corre más. Aunque, claro está, el Gobierno puede firmar otro decreto para anular cualquier resarcimiento.
"Si existe algún tipo de asimetría entre lo que se pactó en un trimestre entre la distribuidora y la productora lo paga el usuario. YPF y Enarsa eran los principales beneficiarios. Ustedes hacen que lo pague la gente, como cuando importaban gas licuado y permitieron que se fueran los dólares", los acusó.
"La cuarentena fue el traje a medida para tapar la improvisación del Gobierno de científicos. No hay plan y eso se ve. Gobierna ustedes y paso demasiado tiempo", completó el formoseño. Los 41 votos oficialistas fueron suficientes para avalar el rechazo al DNU, aunque de nada servirá si Diputados no repite el trámite.
En la sesión también se aprobaron otros 8 decretos, entre ellos el 278/20 que interviene el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), hasta el 31 de diciembre; y el 277/20 que hace lo propio con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Y se ratificó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, los límites a los espías para intervenir en causas judiciales; y las prorrogas del aislamiento social y preventivo; y a facilidades tributaras. Esos decretos quedan firmes, porque ya no será posible que las dos Cámaras los eliminen.
