La oposición cuestiona el proyecto oficial de fomento a inversiones en hidrocarburos

El Gobierno estudia convocar a una mesa con gobernadores de provincias petroleras, empresarios y sindicatos para analizar el proyecto de ley para fomentar las inversiones en hidrocarburos. El secretario de Energía, Darío Martínez, ya pasó por la comisión de Energía en el Senado y allí recibió reparos. La mayoría provino de la oposición, pero también hubo quejas de senadores propios del Frente de Todos.

La Comisión de Energía de la Fundación Alem -que suele tallar en la materia en el radicalismo, que forma parte del bloque de Juntos por el Cambio- llamó al Congreso a “rechazar el proyecto de ley, ya que compromete recursos fiscales que el Estado no posee, concede beneficios por largos períodos de tiempo, el diseño institucional no es transparente, crea inequidades que serán motivo de reclamo y, además, se contrapone con criterios elementales de la transición energética”.

Los diputados del sector PRO aún no tomaron posición. En consultas con empresas, encontraron respuestas dispersas, entre cierto escepticismo y rechazo.

En la secretaría de Energía piensan que una comisión legislativa convoque a los principales actores de la industria (gobernadores, empresas y sindicatos) para que estas expresen su opinión. “Así, todo el arco político tendrá más claros los beneficios”; señalan.

En el paso de Martínez por el Senado, el senador salteño Sergio “Oso” Leavy, que es kirchnerista, planteó que "se van a tener que modificar algunas cosas de este proyecto porque si no siempre se incentiva la exploración y el desarrollo de producciones en las mismas cuencas y hay muchas cuencas olvidadas como la del Noroeste”.

Cerca del secretario de Energía le explicaron que la ley contempla lo contrario, es decir un fomento mayor a los proyectos tradicionales en cuencas que no están teniendo mucha actividad.

"Con respecto a las inversiones en infraestructura, ¿se tiene en cuenta llegar a las provincias que no tienen red de gas? ", señaló el misionero Maurice Closs, también parte del oficialismo. En Energía entienden que Misiones quiere completar un gasoducto (GNEA) hacia la región. El proyecto demanda más de US$ 1.000 millones y formará parte de obras de infraestructura, que no están en esta ley.

El diputado Gustavo Menna, de Juntos por el Cambio en Chubut, criticó que el proyecto porque “le da a YPF la posibilidad de pagar en un plazo de 3 años el impuesto a los combustibles líquidos que el consumidor paga cuando carga nafta. La empresa se va a financiar con la plata de todos los argentinos reteniendo ese impuesto".

En el Gobierno dicen que cuentan con el apoyo de las provincias petrolíferas. Las principales son Chubut, Neuquén y Santa Cruz. El equipo del secretario Martínez argumenta que la redacción de la ley fue en permanente consulta con las empresas y las provincias. YPF está de acuerdo con el proyecto presentado. En otras petroleras son más cautas.

Sin embargo, la oposición chubutense manifiesta reparos, mientras que el Movimiento Popular Neuquino, que gobierna en esta provincia, también manifestó su desacuerdo a través de la senadora Lucila Crexell y el gobernador Omar Gutiérrez.

El senador rionegrino Alberto Weretilneck consideró que el texto actual es "inconstitucional". "Las provincias tenemos la administración sobre nuestros recursos naturales y en este proyecto dice que la Secretaria de Energía es la autoridad competente en relación con la actividad”, apuntó.

En el Poder Ejecutivo entienden que la gobernadora rionegrina Arabela Carreras sí está de acuerdo con el grueso de la ley.

“En líneas generales, el proyecto discrimina positivamente al sector de hidrocarburos y sus derivados en detrimento de otros sectores de la economía. Establece un régimen fiscal, regulatorio, cambiario y económico ad hoc, y deja amplios espacios de discrecionalidad para la autoridad de aplicación”, dice la comisión de Energía del Instituto Alem.

“Estos programas de promoción perpetúan en el tiempo el actual mecanismo de formación de precios de la energía que desacopla el precio que paga la demanda del que recibe la oferta, una diferencia que se cubre con crecientes subsidios del Estado Nacional que no tiene posibilidad de financiar”, critican,

En el Gobierno entienden que los señalamientos están basados en “desconocimiento”, que se irá disipando a medida que la ley sea más explicada. También apuntan contra algunas empresas, que no coinciden con algunos puntos, como la facultad para otorgar permisos de exportación adicionales a los de la legislación actual.