
El Gobierno avanza con el plan para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25 que refromó la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y habilitó los cambios en la Ley de Inteligencia.
Ya ocurrió en marzo de 2016 cuando el articulista incurrió en "error" que no pudo sostener en los tribunales. Las decisiones arbitrarias y de persecución para que los medios no puedan acceder al canje de publicidad para cumplimentar obligaciones tributarias.
NACIONALES20/09/2021
Al igual que como lo hizo en 2016 con una errónea y malintencionada acusación contra el Grupo Indalo, que luego no se pudo sostener en sede judicial, el diario La Nación y el periodista Hugo Alconada Mon vuelven a publicar mentiras sobre los medios de comunicación cuyos accionistas son los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En una publicación de este lunes, Alconada Mon desinforma. Afirmó que López y De Sousa fueron citados a indagatoria por la presunta apropiación indebida de los aportes previsionales de los empleados de sus empresas DH Com y Vorionis (controlante de Radio 10 y Mega).
La causa está a cargo del juez en lo penal económico Juan Pedro Galván Greenway. En realidad, el magistrado en el día de la fecha no citó a indagatoria a los empresarios, sino que justamente la postergó hasta diciembre porque se están dando los pasos administrativos y procesales para la homologación de la deuda consolidada y adherir a los planes de pago como cualquier otro contribuyente.
Lo que sí ha sido claro en los diferentes expedientes judiciales es la persecución a las empresas del Grupo Indalo como a sus accionistas por parte del macrismo y sus funcionarios.
Lo que no se pregunta ni cuestiona el “periodista” Mon es que desde 2009 regía un esquema a través del cual los medios de comunicación podían “canjear” deudas tributarias por espacios de publicidad, que Mauricio Macri y Alberto Abad profundizaron para que todos accedieron pero que de manera arbitraria y explícita actuaron en contra de Indalo.
El objetivo fue que no pudieran acceder con resoluciones que la justicia ya está evaluando e investigando. “Artículo 1: Rechazar las solicitudes de adhesión presentadas con fecha 28/12/2015 y 04/03/2016 en la cual solicita la adhesión al Régimen de cancelación de deudas impositivas, aduaneras y previsionales mediante la dación en pago de espacios publicitarios decreto 2379/2015 y 345/2016 respectivamente”, reza de una de las resoluciones del AFIP de Alberto Abad -esta con fecha 31 de enero de 2017- cuyo objetivo era asfixiar económicamente a Indalo.
El Gobierno macrista había extendido hasta marzo de 2016 el plazo para que los medios y productoras se acogieran al sistema de canje de pauta para impuestos vencidos. Sin embargo, la AFIP que entonces conducía Alberto Abad excluyó al Grupo Indalo de esa posibilidad.
La AFIP argumentó falazmente que el Grupo Indalo incumplía reiteradas veces los planes de pago a los cuales se acogía. Pero siempre estuvo al día con sus obligaciones en el marco de lo que establece la ley.
Más allá de la clara maniobra para hostigar y cancelar a los medios de comunicación del Grupo Indalo, hoy la deuda ha sido regularizada en el marco de la última moratoria de la AFIP y del concurso de acreedores, el que fue aprobado por mayoría.
En el caso de Oil Combustibles, la firma se adhirió a la moratoria al igual que otras 1,2 millones de empresas que se acogieron.
Cabe destacar que cuando el Grupo Indalo adquirió los medios de comunicación llevó adelante un plan de regularización de trabajadores de las empresas, ya que había muchos que estaban contratados bajo un formato de pago vía monotributo. A cada uno de ellos se les reconoció la deuda de 5 años de atraso y fueron regularizadas.

El Gobierno avanza con el plan para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25 que refromó la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y habilitó los cambios en la Ley de Inteligencia.

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