La comisión especial interpoderes creada para revisar el plexo normativo para la protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia por motivos de género cerró hoy la rueda de participación de jueces y juezas competentes en la materia, con el objetivo de avanzar en la revisión y análisis de los marcos cautelares en relación a incumplimientos, sanciones y desobediencia contemplados en las leyes N° 2785 y 2786.
De la reunión de la comisión participaron como expositoras la titular del Juzgado de Familia de la ciudad de Chos Malal, Dra. Claudia Castro, y la responsable de la Unidad de Gestión de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial en Neuquén, Débora Valle. Ambas manifestaron su opinión en torno a la necesidad de revisar y reformular los marcos normativos, al tiempo que solicitaron la formulación de una política pública que permita el abordaje integral de la problemática.
Durante su alocución, la Dra Castro expuso sobre su rol como titular del juzgado de familia de Chos Malal y brindó un panorama de su circunscripción respecto de la violencia ejercida contra las mujeres. En ese sentido resumió que allí se contabilizan entre 100 y 120 causas que se mantienen estables, es en función de esas causas que se dictan medidas cautelares y, cuando se produce el incumplimiento, se da vista al Ministerio Publico Fiscal (MPF). Al respecto, la funcionaria informó que durante la pandemia subió mucho la judicialización y remarcó que “de 50 vistas que enviamos al MPF, 48 abren legajo”.
“En mi labor diaria y teniendo en cuenta los indicadores de riesgo, alguien que trasgrede la orden de restricción significa que lo más probable es que lo va a seguir haciendo. Por eso se deben mirar los actos de violencia como un delito que debe investigarse, perseguirse y sancionarse”, apuntó Castro.
La jueza ponderó las leyes 2785 y 2786 que tienden a proteger a la mujer pero opinó que no son eficientes en ese objetivo. La funcionaria también distinguió las distintas competencias en casos de violencia: “El fuero de familia está para proteger y acompañar a la víctima, en un montón de cuestiones, pero las sanciones, la investigación y la reparación a la víctima no corresponden al fuero de familia, sino al penal”.
Por último, la titular del juzgado de familia de Chos Malal recordó que la recomendación Nº 35 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), posterior a nuestras leyes, es muy clara al instar a los Estados a que trabajen en el disen~o y la aplicación de todas las medidas necesarias para eliminar y combatir la violencia por razones de género contra la mujer. “Debemos incorporar estos recursos para ser más efectivos en la protección de las mujeres”, concluyó.
A su turno, Debora Valle, responsable de la Unidad de Gestión de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial en Neuquén, coincidió en la relevancia de la desobediencia de las medidas cautelares al afirmar que “desde el punto de vista conductual, el incumplimiento pone en evidencia una conducta reticente, lo que quiere decir que va a seguir incurriendo en aquellos actos que se están tratando de evitar que se repitan”.
Valle, opinó que las actuales leyes deben revisarse porque ya tienen varios años desde su sanción y fueron dictadas en otros contextos. En ese sentido acompañó la idea de que se necesita una ley integral que tenga en cuenta la violencia contra la mujer en todos los ámbitos, “una única ley integral, para todos los ámbitos, públicos y privados, porque el doméstico es sólo un ámbito donde la mujer sufre violencia, no es una violencia distinta y el Estado debe intervenir para detenerla”, sostuvo.
La funcionaria destacó que ninguno de los tres poderes del Estado puede erradicar la violencia de género por sí mismo, de forma independiente. “Se necesita una política integral que reúna herramientas, actores y organismos, esa política debe tener enfoque de género para lograr su fin. Debe ser transversal a todas las áreas de gobierno: Salud, Justicia, Educación, etc”, dijo.
“La violencia contra la mujer no entiende de límites entre fueros y requiere un abordaje integral que es lo que manda la Convención de Belén do Pará en tanto a que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos que debió legislarse como ‘derechos humanos de las mujeres’”, agregó.
Formaron parte de la reunión de la comisión que preside la vocal del TSJ Soledad Gennari, las diputadas María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, Soledad Salaburu, Leticia Esteves y Carina Riccomini, y el diputado Carlos Coggiola; Patricia Maistegui y Valeria Nogués por la Subsecretaria de las Mujeres; Nicolas Scagliotti y Pamela Canales por el Ministerio Público de la Defensa; la fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Violencia de Género de Neuquén, Carolina Mauri; la defensora penal Luciana Petraglia; y la prosecretaria legislativa Aylén Martín Aimar.
