Gaza: más de 74.600 muertos, una población condenada a sobrevivir entre las bombas, el hambre y la ocupación israelí
Naciones Unidas y organizaciones internacionales denuncian una situación incompatible con las obligaciones del derecho humanitario. La responsabilidad del gobierno de Benjamin Netanyahu y el respaldo político y militar de Estados Unidos vuelven a colocar en discusión la impunidad internacional.
La Franja de Gaza continúa siendo escenario de una de las mayores catástrofes humanitarias de nuestro tiempo. La destrucción de ciudades enteras, el desplazamiento forzado de prácticamente toda su población y la desarticulación de los servicios esenciales han convertido la vida cotidiana de más de dos millones de palestinos en una lucha permanente por conseguir agua, alimentos, medicamentos y un lugar donde protegerse.
El llamado alto el fuego, vigente formalmente desde el 10 de octubre de 2025, no puso fin a las muertes. Israel mantiene tropas dentro del territorio palestino, controla amplias zonas de la Franja y continúa ejecutando bombardeos, ataques de artillería y operaciones militares que provocan víctimas civiles.
El 10 de noviembre, Reuters informó sobre siete palestinos muertos en distintos ataques israelíes. Entre ellos se encontraban un padre y su hijo de 13 años, alcanzados por un bombardeo contra el techo de un refugio para desplazados en el barrio de Zeitoun, en Ciudad de Gaza. Dos días después, un ataque israelí contra el hospital Nasser, en Jan Yunis, dejó al menos seis muertos, entre ellos un cirujano, y volvió a paralizar servicios médicos esenciales.
Israel afirmó que el ataque al hospital estaba dirigido contra integrantes de Hamás que supuestamente utilizaban las instalaciones con fines militares. Reuters señaló que no pudo verificar independientemente esas acusaciones. La presencia alegada de combatientes tampoco elimina automáticamente la protección jurídica que el derecho internacional otorga a los establecimientos sanitarios.
Las cifras de una tragedia que no terminó
Palestinos muertos en Gaza
74.653
Balance reportado al 11/11/2026Heridos registrados
176.007
Desde octubre de 2023Muertos desde el alto el fuego
1.622
Reporte de autoridades sanitarias citado por APPersonas en refugios precarios
1,4 M
Estimación de OCHA, noviembre de 2026
La dimensión de estas cifras exige una precisión fundamental: los registros oficiales no equivalen a un recuento completo de todas las personas cuya muerte fue consecuencia de la guerra. Incluyen fallecimientos documentados e incorporan identificaciones retrospectivas, pero no permiten determinar exhaustivamente cuántas personas permanecen sepultadas bajo los escombros o cuántas murieron indirectamente por la destrucción del sistema sanitario, la desnutrición o la falta de medicamentos.
Tampoco existe un desglose consolidado, exhaustivo y actualizado que permita separar todas las muertes por bombardeos aéreos, disparos de tropas terrestres, artillería, hambre y enfermedades. Atribuir cantidades exactas a cada categoría sin datos verificables supondría fabricar una precisión inexistente.
Pero esa limitación estadística no vuelve menos concreta la responsabilidad de quienes ejecutan los ataques o mantienen restricciones que afectan el acceso de la población civil a los medios indispensables para vivir.
Morir por hambre, por enfermedades o por falta de atención médica
La guerra no mata únicamente cuando cae una bomba. También lo hace cuando un enfermo renal pierde acceso a diálisis, cuando una mujer embarazada no encuentra atención obstétrica, cuando un niño bebe agua contaminada o cuando una infección tratable se convierte en una sentencia de muerte porque faltan antibióticos.
La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), utilizada por agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, confirmó condiciones de hambruna en Gaza durante agosto de 2025. El incremento de la asistencia tras el alto el fuego permitió revertir aquella situación extrema en las áreas evaluadas, pero no eliminó la emergencia alimentaria.
Su evaluación publicada el 23 de julio de 2026 proyectó que 1,4 millones de personas, el 67% de la población de Gaza, enfrentarían inseguridad alimentaria aguda de nivel de crisis o peor durante el segundo semestre, incluyendo unas 212.000 en situación de emergencia.
El mismo informe estimó que 74.200 niños menores de cinco años y 24.600 mujeres embarazadas o lactantes necesitarían tratamiento por desnutrición hasta abril de 2027. No se trata de personas contabilizadas como fallecidas, sino de población cuya salud y supervivencia están amenazadas.
La situación presenta una contradicción que debería resultar intolerable: existen alimentos y suministros humanitarios disponibles fuera de Gaza, pero las decisiones de las autoridades israelíes sobre los pasos fronterizos, los permisos de ingreso y los materiales considerados de uso dual siguen determinando cuánto puede recibir la población.
En su informe del 5 de noviembre, OCHA advirtió que la suspensión israelí del ingreso de suministros humanitarios y comerciales desde Egipto podía reducir alrededor de un 45% la producción y distribución gratuita de comidas preparadas.
La población civil no dispone de libertad para modificar esas decisiones. Las autoridades que controlan los accesos sí tienen la capacidad de permitir o restringir el ingreso de recursos indispensables.
En materia de enfermedades, UNICEF ha documentado brotes de diarrea, hepatitis A e infecciones respiratorias, junto con condiciones ambientales que favorecen la transmisión de enfermedades. Un relevamiento nutricional de 2026 encontró que el 37,1% de los niños menores de cinco años examinados había padecido diarrea durante las dos semanas anteriores.
La Organización Mundial de la Salud también advirtió sobre la persistencia de enfermedades infecciosas en refugios superpoblados, la escasez de medicamentos y la imposibilidad de sostener tratamientos esenciales.
¿Cuántos murieron específicamente de hambre o enfermedades? Los datos públicos recientes consultados no ofrecen una cifra acumulada que permita responder con rigor. Sí documentan muertes asociadas a hipotermia y condiciones de refugio, además de hospitalizaciones y tratamientos por desnutrición. UNICEF había registrado al menos 11 niños muertos por hipotermia durante el invierno anterior, según su informe de febrero de 2026.
La ausencia de un registro completo de muertes indirectas constituye uno de los mayores vacíos en la evaluación de esta tragedia. No debe confundirse con ausencia de víctimas.
Una población desplazada que tampoco encuentra protección frente al invierno
Los bombardeos destruyeron viviendas, hospitales, escuelas, calles y sistemas de saneamiento. Ahora, las lluvias amenazan con completar la destrucción de los refugios improvisados donde sobreviven miles de familias.
El informe de OCHA del 9 de noviembre describió inundaciones y derrumbes registrados desde el día 6, con más de 26.000 hogares que solicitaron asistencia por daños causados por el temporal.
Según ese relevamiento, unas 6.000 estructuras familiares utilizadas como refugio habían quedado destruidas y otras 17.400 resultaron dañadas. El organismo estimó que 1,4 millones de personas, aproximadamente el 65% de la población, habitaban tiendas de campaña o construcciones precarias.
El 10 de noviembre, UNICEF denunció que Israel había rechazado el ingreso de equipamiento necesario para reparar una infraestructura de drenaje de Ciudad de Gaza, a pesar de gestiones realizadas durante aproximadamente un año. El organismo advirtió que las inundaciones, combinadas con aguas residuales, podían agravar la propagación de enfermedades.
La emergencia climática no puede analizarse por separado de la destrucción militar. Una tormenta puede ser un fenómeno natural; que una población deba enfrentarla sin viviendas, sin desagües adecuados y sin posibilidades de reconstrucción responde también a decisiones humanas y políticas.
Naciones Unidas denuncia que Israel continúa cometiendo genocidio
Una de las declaraciones internacionales más graves se conoció el 26 de octubre de 2026.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado e Israel presentó un informe que concluyó que las autoridades israelíes continúan cometiendo actos genocidas en Gaza y responsabilizó a sus fuerzas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
El documento describe ataques contra civiles, torturas, violencia sexual, persecución y políticas de control territorial que forman parte de un patrón sistemático.
La Comisión también investigó bombardeos israelíes ejecutados el 28 y 29 de octubre de 2025, cuando 104 palestinos murieron, incluidos 46 niños y 20 mujeres. Según el informe, Israel identificó posteriormente a ocho de los fallecidos como integrantes de organizaciones armadas palestinas.
La conclusión de la Comisión no es una sentencia judicial definitiva, pero tampoco una mera opinión política: constituye el resultado de una investigación de un mecanismo independiente establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Israel rechaza las acusaciones de genocidio y sostiene que sus operaciones buscan neutralizar a Hamás.
La Comisión señaló además que la expansión del control militar israelí sobre Gaza sigue produciendo muertes y desplazamientos. Sus investigaciones describen el desplazamiento progresivo de la denominada Línea Amarilla, que pasó de ser una demarcación provisional del alto el fuego a funcionar como una frontera militar de hecho.
Según el documento, para septiembre Israel controlaba al menos el 60% de la Franja. Informes posteriores de Naciones Unidas y Reuters indican que cerca de dos tercios del territorio permanecen bajo control israelí o sometidos a severas restricciones de acceso.
Esto significa que los palestinos no solamente han perdido sus viviendas. También han perdido buena parte de la posibilidad material de circular, producir alimentos, reconstruir barrios y decidir sobre el territorio en el que viven.
Netanyahu y Gallant: órdenes de arresto por crímenes internacionales
Benjamin Netanyahu
Primer ministro israelí. Dirige el gobierno responsable de la campaña militar, la política de control territorial y las decisiones de acceso humanitario que continúan afectando a Gaza.
Desde el 21 de noviembre de 2024 tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.
Exministro de Defensa de Israel. Fue una de las máximas autoridades políticas y militares durante la primera etapa de la ofensiva sobre Gaza.
La Corte Penal Internacional también ordenó su arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La Corte Penal Internacional considera que existen fundamentos suficientes para ordenar la detención de Netanyahu y Gallant por presunta responsabilidad en la utilización del hambre como método de guerra, ataques contra civiles y crímenes de lesa humanidad, entre otros hechos ocurridos durante el período investigado.
Ambos permanecen en libertad y las órdenes de arresto no equivalen a condenas. Pero su existencia representa un reconocimiento judicial de la gravedad de las pruebas reunidas y de la posibilidad de exigir responsabilidades penales individuales a los máximos dirigentes israelíes.
En paralelo, Sudáfrica mantiene ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra el Estado de Israel por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
El procedimiento sigue abierto. En mayo de 2026, la Corte fijó nuevos plazos para las presentaciones de ambas partes, lo que confirma que todavía no existe una sentencia definitiva sobre el fondo de la acusación.
Estados Unidos: el poder que sostiene y también negocia
La responsabilidad principal por los ataques de las fuerzas israelíes corresponde a Israel y a sus autoridades políticas y militares. Sin embargo, el análisis internacional resulta incompleto si se omite el papel de Estados Unidos, principal aliado estratégico de Israel.
Durante la ofensiva iniciada en 2023, Washington mantuvo su respaldo militar, diplomático y político al gobierno israelí. Ese apoyo ha sido un elemento central de la capacidad de Israel para sostener una campaña militar prolongada.
La administración del presidente Donald Trump impulsó el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025 y posteriormente promovió un mecanismo internacional denominado Board of Peace, destinado a coordinar aspectos de la transición y reconstrucción de Gaza.
Sin embargo, la implementación del acuerdo permanece bloqueada por las diferencias sobre el desarme de Hamás, el retiro de las tropas israelíes y la futura administración palestina.
El 8 de noviembre, Axios informó que Trump había pedido personalmente a Netanyahu avanzar en la aplicación del plan. Participaron en los contactos figuras centrales de la administración estadounidense, entre ellas Marco Rubio, Jared Kushner y Steve Witkoff.
La contradicción es evidente: Estados Unidos pretende ejercer el liderazgo del proceso de paz mientras conserva una alianza estratégica privilegiada con el Estado que mantiene la ocupación militar.
Incluso el organismo impulsado por Trump reconoció recientemente una emergencia humanitaria inmediata a raíz de las inundaciones y cuestionó que Israel no permitiera el ingreso suficiente de materiales esenciales para refugios, agua, saneamiento y drenaje.
La discusión sobre la responsabilidad estadounidense no debería reducirse a sus declaraciones diplomáticas. También corresponde examinar las autorizaciones de armamento, la cooperación militar, la protección política y la eficacia real de las presiones ejercidas sobre Israel.
El respaldo a un aliado no supone automáticamente responsabilidad penal por todos sus actos. Pero los Estados que suministran armas tienen obligaciones internacionales de evaluar el riesgo de que esos recursos contribuyan a violaciones graves del derecho humanitario.
Otros países: condenas, demandas y medidas concretas
Las respuestas internacionales están lejos de ser uniformes. Algunos gobiernos han impulsado mecanismos judiciales o restricciones diplomáticas; otros siguen priorizando sus relaciones estratégicas con Israel.
Sudáfrica representa una de las actuaciones institucionales más significativas mediante su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El gobierno sudafricano sostiene que existen fundamentos para investigar la responsabilidad estatal de Israel por genocidio y ha mantenido esa iniciativa durante 2026.
Francia ha adoptado medidas contra responsables del movimiento de asentamientos israelíes en Cisjordania. Este 12 de noviembre, Associated Press informó que las autoridades francesas impidieron el ingreso al país del dirigente de colonos Yossi Dagan por su participación en las políticas de asentamiento. Las restricciones francesas también han alcanzado a los ministros israelíes Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich.
En el ámbito europeo, España ha mantenido una de las posiciones políticas más críticas respecto de la ofensiva israelí, mientras que otros gobiernos europeos han adoptado posturas más cautelosas. El alcance real de esa presión debe medirse en decisiones comerciales, militares y diplomáticas, y no solamente en declaraciones.
Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido otra de las voces críticas de la actuación israelí. Las posiciones de los países latinoamericanos, sin embargo, no son homogéneas y comprenden distintos grados de condena, apoyo a Palestina y continuidad de relaciones bilaterales.
Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, se ha alineado políticamente con Israel y con Estados Unidos. Su posición merece ser examinada en términos de política exterior: acompañar diplomáticamente a un gobierno cuestionado por organismos internacionales por presuntos crímenes graves representa una decisión política, incluso cuando no implica participación material en las operaciones militares.
No corresponde presentar a todos estos gobiernos como igualmente responsables de las muertes. Existe una diferencia sustancial entre ordenar operaciones militares, suministrar recursos, sostener políticamente a las autoridades involucradas y limitarse a expresar una posición diplomática. Pero tampoco corresponde ignorar esas distintas formas de intervención.
Cisjordania: ocupación, desplazamiento y violencia de los colonos
La situación de Gaza no puede separarse del avance de la ocupación israelí en Cisjordania y Jerusalén Este.
En su informe del 5 de noviembre, OCHA documentó que octubre de 2026 registró el mayor número mensual de ataques de colonos israelíes desde que Naciones Unidas comenzó a contabilizarlos en 2006: 457 incidentes que provocaron víctimas o daños materiales.
Entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre se registraron otros 64 ataques de ese tipo. La violencia afectó particularmente a agricultores palestinos durante la cosecha de aceitunas, una actividad económica y cultural profundamente vinculada con la permanencia de las comunidades en sus tierras.
La ocupación también se manifiesta mediante demoliciones de viviendas, restricciones de circulación, expulsiones y operaciones militares. En Hebrón, una operación desarrollada entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre provocó, según estimaciones locales todavía sujetas a verificación, el desplazamiento temporal de aproximadamente 3.000 palestinos. La intervención israelí había comenzado después de un ataque palestino que causó la muerte de dos soldados israelíes.
El informe de septiembre de Naciones Unidas sobre el territorio palestino ocupado advirtió que las operaciones militares israelíes y la violencia de colonos han contribuido a la fragmentación de las comunidades, la pérdida de propiedades y la expansión de los asentamientos.
El problema excede los enfrentamientos aislados. Se trata de un sistema de ocupación territorial cuya ilegalidad fue señalada por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de julio de 2024.
Hamás, los ataques del 7 de octubre y los límites del derecho a la defensa
Una evaluación de la situación también debe considerar los crímenes cometidos por Hamás y otras organizaciones armadas palestinas.
El ataque encabezado por Hamás el 7 de octubre de 2023 provocó aproximadamente 1.200 muertes en Israel y la toma de numerosos rehenes, de acuerdo con los registros israelíes. El asesinato deliberado de civiles y la toma de rehenes constituyen graves violaciones del derecho internacional.
Los rehenes israelíes que permanecían cautivos fueron liberados en el marco del acuerdo de octubre de 2025, aunque sus consecuencias humanas, judiciales y políticas siguen abiertas.
La responsabilidad penal de quienes participaron en aquellos ataques debe ser investigada y sancionada. Sin embargo, ningún crimen de Hamás habilita al Estado de Israel a castigar colectivamente a la población palestina, atacar deliberadamente civiles o emplear el hambre como instrumento de guerra.
Las obligaciones de proteger a la población civil no desaparecen por el hecho de enfrentar a una organización armada. La proporcionalidad, la distinción entre combatientes y civiles y la protección de hospitales, personal médico y asistencia humanitaria siguen siendo exigencias jurídicas.
La responsabilidad internacional frente a una catástrofe documentada
La crisis de Gaza no puede seguir describiéndose como una tragedia inevitable ni como una sucesión de acontecimientos sobre los cuales nadie tiene capacidad de decisión.
Hay autoridades identificables que ordenan operaciones militares. Hay mandos que las ejecutan. Hay funcionarios que deciden qué materiales ingresan al territorio y cuáles quedan retenidos. Hay gobiernos que suministran armamento, sostienen alianzas estratégicas o ejercen presión diplomática. Y hay instituciones internacionales que vienen registrando, desde hace años, las consecuencias de esas decisiones.
La Comisión de Investigación de Naciones Unidas sostiene que Israel continúa cometiendo genocidio en Gaza.
La Corte Penal Internacional mantiene órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. La Corte Internacional de Justicia continúa examinando la demanda presentada por Sudáfrica. Más de cien organizaciones humanitarias y de derechos humanos denunciaron en octubre que el alto el fuego existe prácticamente solo sobre el papel.
Mientras tanto, miles de familias palestinas siguen viviendo entre ruinas, con hospitales que no pueden funcionar plenamente, redes de saneamiento destruidas y amenazas constantes de nuevos ataques, enfermedades y desplazamientos.
La comunidad internacional no carece de información. Dispone de informes, investigaciones, testimonios, documentación médica y mecanismos judiciales. Lo que está en discusión es su voluntad de transformar esas evidencias en protección efectiva para la población civil y en responsabilidades concretas para quienes vulneran el derecho internacional.
El interrogante ya no es solamente cuántas personas más pueden morir en Gaza. Es cuánto tiempo seguirá permitiéndose que una población entera pague con su vida, su salud y su territorio las consecuencias de decisiones militares y políticas que otros toman.
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