NeuquenNewsEl contrapunto judicial entre el Poder Ejecutivo y los tribunales sumó este jueves un nuevo capítulo de alto impacto político e institucional. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal decidió suspender de manera provisoria las sanciones económicas que el juez de primera instancia, Martín Cormick, le había impuesto un día antes al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no dar cumplimiento a la medida cautelar que exige la actualización del presupuesto universitario y los salarios del sector.
La novedad judicial se conoció en simultáneo con el desarrollo de la Quinta Marcha Federal Universitaria, que volvió a movilizar a miles de estudiantes, docentes y centrales sindicales en la Plaza de los Dos Congresos y en los principales nodos urbanos del país para reclamar partidas presupuestarias para la educación superior.
La multa dictada por Cormick —fijada en $100.000 diarios por cada jornada de mora— duró menos de 24 horas. El freno a la penalización se produjo luego de que el Ministerio de Capital Humano presentara un recurso de queja argumentando que la medida cautelar ordenada por la Justicia se encontraba "íntegramente cumplida".
A partir de dicha presentación, el tribunal de alzada resolvió que el juzgado de origen tramite el recurso con efecto suspensivo:
Impacto inmediato: Santilli y los funcionarios de la cartera educativa quedan liberados de abonar las multas diarias en tanto la Cámara no resuelva el fondo de la apelación.
Estado de la causa: La suspensión de la multa no invalida la cautelar de fondo ni implica una sentencia sobre el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La obligación judicial impuesta al Estado sigue estando formalmente vigente.
El conflicto judicial arrastra un extenso recorrido. La medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a actualizar los sueldos docentes y no docentes con relación a la inflación y a garantizar el dinero para las becas estudiantiles fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026, tras el reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
A pesar del fallo del Máximo Tribunal, la administración central recurrió al Decreto 759/2025 para condicionar el traspaso de partidas a la previa identificación de fondos por parte del Congreso. El juez Cormick ya había declarado inconstitucional ese punto del decreto, pero el Ejecutivo apeló la resolución.
Tras vencerse las intimaciones judiciales de cinco días otorgadas por el juzgado de origen, el CIN solicitó la aplicación de astreintes al verificar que los incrementos otorgados no alcanzaban los parámetros de la ley.
La resolución de la Cámara de Apelaciones vuelve a trasladar el foco al expediente principal, donde se debate la constitucionalidad del decreto que frenó la aplicación de la ley. Sin embargo, la dilación de los tiempos procesales contrasta con la urgencia expuesta por las casas de altos estudios en las calles.
Mientras las cámaras judiciales continúan analizando los recursos cruzados entre el Estado y el CIN, el congelamiento de las multas liquida la principal vía de coerción económica que tenía la Justicia para forzar al Gobierno nacional a girar las partidas, dejando el conflicto presupuestario en un virtual estado de parálisis institucional.
