Tras la cautelar de la Corte, el oficialismo busca dar de baja el artículo del DNU 70 que derogó la Ley de Tierras

El tablero político y parlamentario en la Cámara de Diputados sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional. Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de frenar de manera cautelar y preventiva la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el Poder Ejecutivo, el oficialismo encaró una maniobra legislativa para cerrar definitivamente el frente judicial.

El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, encabeza las negociaciones con los bloques aliados al gobierno de Javier Milei para introducir cambios sustanciales en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que ya cuenta con sanción del Senado). La estrategia del bloque oficialista consiste en impulsar, durante el plenario de comisiones convocado para este miércoles, una modificación que elimine explícitamente el artículo 154 del DNU 70/23.

De prosperar este dictamen de consenso, se restablecerían las restricciones y topes a la venta de tierras a ciudadanos y firmas extranjeras vigentes desde 2012. Al derogarse el punto del decreto de manera legislativa, caerían de manera automática las presentaciones de amparo acumuladas en los tribunales y se evitaría un pronunciamiento de fondo por parte del Máximo Tribunal. La iniciativa ya fue incluida formalmente por La Libertad Avanza (LLA) en la orden del día para la sesión especial fijada para el 21 de octubre.

La oposición insiste con sesionar este jueves a pesar del traspié con los números

En la vereda opuesta, un sector de la oposición dura ratificó su decisión de mantener la convocatoria a la sesión especial fijada para este jueves 15 de octubre. El pedido inicial había sido articulado a contrarreloj para rechazar el DNU 70/23 tras las primeras novedades judiciales, pero el fallo preventivo de la Corte mermó el apuro político de varios diputados denominados "dialoguistas", restando músculo a la convocatoria.

El "poroteo" previo deja en evidencia la falta de números: los bloques opositores necesitan 129 bancas para alcanzar el cuórum reglamentario, pero las proyecciones más optimistas ubican la asistencia inicial en unos 112 legisladores. Ante este escenario, es altamente probable que el encuentro termine convirtiéndose en una sesión en minoría para fijar posición política y dar paso a expresiones de preferencia.

A pesar de la falta de cuórum asegurado, los impulsores rechazaron suspender la jornada parlamentaria:

• Fundamento político: Sostienen que la protección del patrimonio nacional y de la propiedad de la tierra no puede quedar librada a una cautelar provisoria de la Justicia, sumado a la necesidad de acompañar el reclamo de las movilizaciones sociales convocadas para esa jornada.

• Traba reglamentaria: Para retirar formalmente la solicitud de sesión, la oposición necesitaría reunir la totalidad de las firmas de los diputados que la respaldaron originalmente.

Al no conformarse el cuórum el jueves, tampoco podrán debatirse los dictámenes opositores vinculados con la emergencia en discapacidad y el alivio al endeudamiento familiar, temas que integraban el temario original impulsado por los sectores críticos al Gobierno.

El temario del 21 de octubre: Discapacidad, Endeudamiento y Trazabilidad de Medicamentos

Confiado en abrochar el dictamen sobre la Ley de Tierras, el oficialismo armó la agenda para la mega Sesión del 21 de octubre, incorporando proyectos donde buscará imponer los despachos de mayoría logrados junto a sus socios parlamentarios. En estos puntos, los 133 diputados opositores que en su momento forzaron el debate deberán articular estrategias si pretenden imponer sus propios dictámenes en el recinto:

• Emergencia en Discapacidad: Se medirán dos dictámenes. El de la oposición propone prorrogar la emergencia dispuesta por ley por el término de un año. En tanto, el dictamen impulsado por LLA y sus aliados no declara formalmente la emergencia, pero modifica la postura inicial del proyecto de Presupuesto 2027 e incorpora garantías para el sostenimiento del sistema de prestaciones para personas con discapacidad.

• Deuda Familiar y Morosidad: Existen tres dictámenes en pugna. La propuesta de LLA descarta la intervención directa del Estado sobre los contratos financieros y apuesta a la educación financiera y la transparencia informativa al momento de otorgar créditos. En contraposición, los despachos firmados por Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Argentina Federal plantean la emergencia económica, topes a las tasas de interés, quita de punitorios y planes de refinanciación para deudores.

• Trazabilidad de Medicamentos: Es el único punto que llega con despacho de consenso unánime. Propone la creación de un módulo informático interoperable destinado al monitoreo en tiempo real y seguimiento de medicamentos críticos y sus principios activos (IFA).

La Causa Malvinas queda fuera del debate tras el freno de los aliados

Un punto relevante de la convocatoria lanzada por el oficialismo para el 21 de octubre es la postergación del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Aunque el cronograma inicial de la Casa Rosada contemplaba dictaminar la propuesta este miércoles 14 tras la exposición de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, la falta de acuerdos políticos obligó a sacarlo del temario inmediato.

El proyecto impulsado desde el Ejecutivo generó un fuerte rechazo tanto en la oposición firme de Unión por la Patria como en bloques aliados tradicionales, debido a que el Gobierno decidió unificar la reafirmación del reclamo por las Islas Malvinas con la creación del nuevo Consejo de Seguridad Nacional. Desde la oposición acusaron al asesor Santiago Caputo y al Gabinete nacional de utilizar la causa Malvinas como una "pantalla" para obtener superpoderes y modificar leyes de seguridad interior.

Entre los puntos más controvertidos que traban la iniciativa sobresalen:

1. Penas a la desinformación: Rechazo cruzado al artículo 111, el cual estipula penas de prisión para quienes "manipulen la opinión pública mediante campañas de desinformación masiva" con financiamiento externo.

2. Atribuciones militares y facultades delegadas: Preocupación por las amplias competencias otorgadas al Consejo de Seguridad Nacional, estructura que habilitaría protocolos militares de excepción —como el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques— omitiendo la intervención previa obligatoria del Congreso de la Nación.

Pese a los pedidos para desglosar la iniciativa y discutir la temática de Malvinas por separado de las facultades de seguridad, la Casa Rosada ratificó que no dividirá el texto, congelando por el momento la discusión técnica en comisiones.