NeuquenNewsEl proyecto de ley de Presupuesto 2027 que el gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso prevé aplicar una reducción de los subsidios energéticos, plantea un nuevo rol del Estado en el sector y da un paso más hacia la privatización de los activos vinculados a Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA).
El proyecto oficial tiene en total 3.442 páginas y establece para el último año de la gestión de Javier Milei varios cambios en el área energética. La reducción de los subsidios libera recursos al Tesoro y, de este modo, garantiza el ancla fiscal del programa del ministro de Economía, Luis Caputo. Por qué la actualización del impuesto a los combustibles aumenta el triple que la inflación proyectada para el año que viene. Qué va a pasar con proyectos emblemáticos del ámbito nuclear como el reactor Carem-25.
Subsidios energéticos
Según el análisis que realizó Nicolás Taiariol, Consultor Senior en Energía, Oil & Gas, se profundiza un recorte drástico de transferencias a los servicios de energía eléctrica y gas natural. La caída en términos reales (descontando el efecto de la inflación) sería superior al 70% en partidas de subsidios directos a la demanda.
Además, se lleva la tarifa final hacia la convergencia con los costos reales de generación, producción y transporte del gas y la electricidad, “manteniendo únicamente coberturas focalizadas mediante la Canasta Básica Energética (CBE) para el decil de menores ingresos (ex N2, sector con ingresos más bajos)”.
El consultor advirtió también que el Programa Hogar (subsidio al consumo de gas en garrafas de Gas Licuado de Petróleo) “mantiene la partida para transferencias directas a los usuarios (no están conectados a la red de gas), pero sufre una caída en términos reales por una mayor focalización en sectores de vulnerabilidad extrema”.
El proyecto del gobierno explicita que “en materia de subsidios sobresale la vigencia del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), asegurando a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo energético indispensable, comprendiendo a usuarios de energía eléctrica, gas natural, gas propano indiluido por redes y gas licuado de petróleo envasado en garrafas de 10 kilos”.
La intención del gobierno es apuntar sólo a subsidiar el consumo básico de los sectores con menores ingresos. Según el proyecto oficial de Presupuesto, en el país hay 8,8 millones de usuarios de energía eléctrica, 5,2 millones de gas por redes y 3 millones de gas envasado durante el 2027. “El Presupuesto 2027 consolida el cambio de paradigma en la intervención estatal sobre el sector energético, migrando de las transferencias directas de recursos públicos hacia un modelo de precios de mercado ajustados a costos reales e incentivos a la inversión privada”, destaca el consultor.
Impuesto a los combustibles
El Presupuesto 2027 estima una recaudación tributaria total de todos los ítems de $ 203,7 billones (14,8% del PBI), que representa un crecimiento nominal de 27,9% interanual. Lo llamativo es que el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que en los últimos días fue tema de debate ya que el gobierno de Milei no destina los fondos a obras viales, tendrá un crecimiento en la recaudación de 59,3%. Teniendo en cuenta la inflación estimada por el gobierno para el año que viene de 18%, “es casi el triple de la inflación y responde a la regularización de las sumas fijas congeladas en ejercicios anteriores”, explicó Taiariol. Se suma también el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).
El consultor agrega que el proyecto “contempla la utilización de partidas de los impuestos a los combustibles (más de $113.000 millones proyectados para el ejercicio) en operaciones de colocación y gestión de activos financieros, relegando la ejecución directa del Tesoro Nacional a obras de envergadura preseleccionadas”.
Como el ICL y el IDC impactan directo en el precio de la nafta y el gasoil, la actualización impositiva de casi un 60% interanual implica también un aumento de la presión sobre los precios en los surtidores para el año que viene, factor que se suma al aumento del precio internacional del barril provocado por los conflictos geopolíticos. “La participación de estos impuestos en el precio final de la nafta y el gasoil pasa de niveles históricos del 7% a superar el 20% (a precios de hoy), trasladando presión tributaria directa al consumidor”, subraya el consultor.
Los supuestos olvidos
En las casi 3.500 páginas del proyecto de Presupuesto 2027 hay algunas suspicacias libertarias, como el olvido de incorporar el costo fiscal implícito asociado al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Se omite detallar el gasto tributario derivado de las exenciones de derechos de exportación, IVA y Ganancias para proyectos energéticos, una suma que, según el consultor, se ubica entre 2.900 y 3.200 millones de dólares anuales en la etapa de maduración de las inversiones.
Además, la construcción del reactor modular Carem-25, uno de los proyectos emblemáticos del sector nuclear, no cuenta con plazos específicos ni partidas de aceleración financiera, prolongando de esta manera el tiempo de la puesta en marcha. Tampoco se contemplan asignaciones claras para terminar las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz.
Las privatizaciones
En rigor, el proyecto apunta a dos centrales térmicas: Guillermo Brown, ubicada en Bahía Blanca, y Vuelta de Obligado, en la provincia de Santa Fe, que fueron inauguradas en 2014 y 2015 respectivamente. Entre ambas suman 1.420 MW de potencia.
El artículo 65 del proyecto de Presupuesto 2027 habilita a ceder la parte de los fideicomisos de las centrales térmicas que están en manos del Estado Nacional a las propias usinas. El apartado dice que “será de aplicación para la transferencia, bajo cualquier modalidad, del patrimonio del fideicomiso Central Termoeléctrica Guillermo Brown y del fideicomiso Central Vuelta de Obligado en favor de las Sociedades Generadoras y Fideicomisarias de dichos fideicomisos, es decir, en favor de Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. y Central Vuelta de Obligado S.A., respectivamente”.
La medida busca eximir del pago del Impuesto a las Ganancias la liquidación de los fideicomisos que las administran, aplicando el mismo mecanismo que el gobierno de Milei utilizó en la Ley 27.798 (Presupuesto 2026 sancionada en diciembre de 2025) para avanzar en el proceso de privatización de las centrales térmicas San Martín y Belgrano, que están en proceso de venta como parte del desguace de Enarsa. “El objetivo del proyecto oficial es transferir el patrimonio de esos fideicomisos a nuevas sociedades anónimas sin costo fiscal, siempre que el Estado mantenga la participación mayoritaria, como paso previo a una eventual privatización”, aseguró Taiariol.
