NeuquenNewsEl Reino Unido decidió atravesar una frontera política que durante demasiado tiempo las principales potencias occidentales evitaron cruzar: anunció sanciones económicas contra los asentamientos israelíes construidos en la Cisjordania ocupada y contra las estructuras comerciales, financieras y políticas que hacen posible su expansión.
La medida no constituye un bloqueo general contra Israel ni una ruptura de relaciones diplomáticas. Está dirigida específicamente contra los territorios ocupados, los colonos violentos y las empresas que obtienen beneficios de una política de ocupación considerada ilegal por la mayor parte de la comunidad internacional.
El gobierno británico prohibirá la importación de productos originados en los asentamientos y restringirá la contratación y prestación de servicios relacionados con ellos. También aplicará sanciones financieras y migratorias contra extremistas acusados de atacar comunidades palestinas y contra organizaciones que financian o promueven la apropiación de tierras.
La aplicación completa de la prohibición comercial demandaría hasta nueve meses, debido a la necesidad de establecer mecanismos para identificar el origen de mercaderías y servicios. La medida podría alcanzar alimentos, productos agrícolas, vinos, cosméticos, manufacturas, operaciones inmobiliarias y alojamientos turísticos ubicados en los territorios ocupados.
Francia y Canadá acompañaron la iniciativa británica, mientras otros países europeos expresaron su respaldo o anunciaron que evalúan medidas semejantes. La decisión configura una señal política significativa: un grupo de aliados tradicionales de Israel comienza a reconocer que las declaraciones de preocupación ya no resultan suficientes frente a una ocupación que continúa avanzando sobre el territorio palestino. Reuters, Associated Press.
Los asentamientos no son simplemente barrios construidos en una zona en disputa, como pretende presentarlos el gobierno de Benjamin Netanyahu. Forman parte de una política territorial que fragmenta Cisjordania, controla sus caminos, restringe la circulación de la población palestina y vuelve cada vez más difícil la creación de un Estado viable.
Alrededor de 500.000 colonos israelíes viven actualmente en Cisjordania, sin contar Jerusalén Oriental, en medio de una población palestina de aproximadamente tres millones de personas. Las colonias se conectan mediante carreteras e infraestructura de uso preferente para los israelíes, mientras las comunidades palestinas quedan separadas por puestos militares, zonas de exclusión y territorios sometidos a diferentes regímenes administrativos.
La expansión no podría sostenerse sin respaldo estatal. Requiere protección militar, provisión de servicios, autorización de construcciones, acceso a financiamiento y decisiones políticas que permiten convertir puestos inicialmente “no autorizados” en asentamientos reconocidos posteriormente por el propio Estado israelí.
El mecanismo establece una desigualdad evidente: dos poblaciones viven sobre un mismo territorio, pero sometidas a sistemas jurídicos, derechos de circulación y posibilidades de desarrollo completamente diferentes.
Las sanciones británicas buscan afectar precisamente esa trama económica. Hasta ahora, condenar diplomáticamente los asentamientos y al mismo tiempo comerciar con las empresas que operan en ellos constituía una contradicción cómoda para Europa. Londres intenta comenzar a cerrar esa brecha entre el discurso y las acciones.
El canciller británico Ed Miliband fue más lejos que sus antecesores y acusó a colonos extremistas de ejecutar un proceso de desplazamiento forzado de palestinos, con respaldo o tolerancia de sectores del gobierno israelí. Para describirlo utilizó la expresión “limpieza étnica”.
La afirmación no surgió solamente de una discusión semántica. En distintas zonas de Cisjordania, familias palestinas abandonaron sus hogares, tierras de pastoreo y explotaciones agrícolas después de sufrir agresiones, destrucción de bienes, amenazas y restricciones de acceso. En numerosos casos, los ataques se produjeron ante la pasividad o la intervención favorable a los colonos de las fuerzas de seguridad israelíes.
El gobierno de Netanyahu insiste en presentar estos episodios como hechos individuales. Pero cuando la violencia se repite, los responsables rara vez son castigados y las tierras abandonadas terminan incorporadas a nuevas áreas de expansión, resulta difícil sostener que se trate únicamente de excesos aislados.
La responsabilidad no corresponde a toda la sociedad israelí ni al pueblo judío. Dentro de Israel existen organizaciones, académicos, exfuncionarios, militares retirados y dirigentes políticos que denuncian la ocupación. La responsabilidad concreta recae sobre un gobierno que incorporó a sectores ultranacionalistas, convirtió a los colonos en una base central de poder y avanzó deliberadamente sobre las posibilidades de una solución de dos Estados.
Uno de los principales detonantes de las sanciones fue el avance del proyecto E1, que contempla la construcción de unas 3.400 viviendas entre Jerusalén Oriental y el asentamiento de Ma’ale Adumim.
No se trata de una urbanización cualquiera. Su ubicación permitiría consolidar un corredor bajo control israelí capaz de dividir el norte y el sur de Cisjordania y aislar todavía más a Jerusalén Oriental del resto del territorio palestino.
La ejecución del proyecto dificultaría la continuidad territorial necesaria para establecer un futuro Estado palestino. Por eso fue objetado durante años por Naciones Unidas, la Unión Europea y sucesivos gobiernos occidentales.
Sin embargo, los sectores más radicales del gobierno israelí ya no ocultan su propósito. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha defendido abiertamente la expansión de los asentamientos como una herramienta para impedir el establecimiento de Palestina.
La política del actual gobierno no consiste, entonces, en negociar las fronteras de dos Estados. Consiste en modificar físicamente el territorio hasta que la alternativa palestina resulte imposible.
En lugar de responder sobre la legalidad de los asentamientos o investigar la violencia contra la población palestina, Israel eligió las represalias diplomáticas.
El canciller Gideon Sa’ar anunció el cierre del Consulado General británico en Jerusalén Oriental, que representa los intereses del Reino Unido ante los territorios palestinos. También dispuso restricciones de ingreso para dirigentes y ciudadanos británicos, apartó a Londres de mecanismos de coordinación relacionados con Gaza y suspendió programas británicos de capacitación de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina.
El gobierno israelí acusó al Reino Unido de intervenir en sus asuntos internos y en el proceso electoral del país. El argumento pretende transformar una cuestión de derecho internacional en un conflicto doméstico: Cisjordania no forma parte del territorio israelí reconocido internacionalmente y su ocupación no puede considerarse exclusivamente un asunto interno.
Cerrar un consulado, prohibir el ingreso de críticos y romper canales diplomáticos no convierte en legales los asentamientos. Tampoco responde a las denuncias sobre expulsiones, ataques o apropiación de tierras. Es una estrategia de presión destinada a elevar el costo político de cualquier cuestionamiento.
Reuters informó que las represalias fueron coordinadas entre Sa’ar y Netanyahu.
Las sanciones no implican la suspensión completa del comercio británico-israelí. Tampoco afectan automáticamente a todos los ciudadanos o empresas de Israel. El gobierno británico afirmó que mantendrá la cooperación diplomática y el intercambio de inteligencia.
Este punto permite desmontar una de las respuestas habituales del gobierno de Netanyahu: cuestionar la ocupación no equivale a desconocer el derecho de Israel a existir y sancionar a colonos violentos no significa responsabilizar a la comunidad judía mundial por las decisiones de un gobierno.
Confundir deliberadamente esas dimensiones funciona como un mecanismo de protección política. El antisemitismo constituye una forma de odio real, histórica y todavía peligrosa, pero no puede ser utilizado como escudo para impedir el escrutinio sobre los actos de un Estado.
De la misma manera, condenar los crímenes cometidos por Hamas no obliga a guardar silencio ante la muerte de civiles, la ocupación territorial o las violaciones del derecho humanitario atribuidas a Israel.
La nueva decisión británica no apareció de manera repentina. Es el resultado de una escalada de medidas iniciada ante el deterioro de la situación en Gaza y Cisjordania.
En febrero de 2024, Londres sancionó a colonos acusados de ejercer violencia contra palestinos. En septiembre del mismo año suspendió 30 de aproximadamente 350 licencias de exportación de armas, luego de determinar que existía un riesgo de que esos componentes fueran utilizados para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario.
En junio de 2025, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega sancionaron a los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir por sus reiteradas incitaciones a la violencia contra comunidades palestinas. Las disposiciones incluyeron congelamiento de activos y prohibiciones de ingreso.
En septiembre de 2025, el Reino Unido reconoció formalmente al Estado de Palestina. Ahora avanzó sobre la dimensión económica de los asentamientos.
La secuencia muestra que Netanyahu tuvo numerosas advertencias y eligió ignorarlas. La progresiva reacción internacional no puede presentarse honestamente como un ataque sorpresivo contra Israel: es la consecuencia de una política de ocupación sostenida y profundizada a pesar de las condenas acumuladas.
El volumen de productos procedentes de los asentamientos dentro del comercio británico es relativamente reducido. Por eso, en una primera etapa, el daño económico directo será limitado.
Pero el precedente puede resultar mucho más importante que las cifras inmediatas. Si otros países adoptan medidas similares y las restricciones alcanzan a bancos, constructoras, compañías tecnológicas, plataformas turísticas y operadores inmobiliarios, sostener económicamente los asentamientos podría volverse más costoso.
Durante años, Israel contó con una suerte de excepcionalidad diplomática. Sus aliados cuestionaban la ocupación, pero evitaban imponer consecuencias concretas. Esa etapa comienza a mostrar fisuras.
Las sanciones británicas no resolverán por sí mismas el conflicto ni detendrán inmediatamente la expansión territorial. Pero introducen un principio que debería haber sido evidente desde el comienzo: apropiarse de tierras, desplazar comunidades y convertir una ocupación militar en un negocio no puede continuar siendo gratuito.
Netanyahu puede responder cerrando consulados, prohibiendo visitas o acusando de hostilidad a quienes cuestionan su política. Lo que no puede hacer es ocultar indefinidamente la realidad sobre el terreno. Cada nuevo asentamiento reduce el espacio palestino, cada carretera segregada profundiza la desigualdad y cada comunidad desplazada vuelve más lejana la posibilidad de paz.
El Reino Unido finalmente decidió que las condenas sin consecuencias eran apenas una forma diplomática de mirar hacia otro lado.
