Gaza bajo las bombas y una guerra que desborda fronteras: la catástrofe humanitaria que el mundo no logra frenar

Este 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Naciones Unidas difundió una cifra que debería ser suficiente para sacudir cualquier discusión sobre lo que está ocurriendo: 907 trabajadores humanitarios fueron asesinados, heridos o secuestrados durante 2025. Gaza volvió a ser, por tercer año consecutivo, el escenario más peligroso del planeta para quienes prestan ayuda: allí murieron 186 trabajadores humanitarios solamente durante el año pasado. OCHA señala además que la violencia contra el personal de asistencia alcanzó niveles récord y que en 2026 las muertes continúan.

La dimensión del desastre resulta todavía más evidente cuando se observa a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA: al menos 393 de sus trabajadores habían muerto desde octubre de 2023, según datos citados por Reuters. No se trata solamente de médicos, choferes, enfermeros o trabajadores de organismos internacionales muertos en una zona de guerra.

La cuestión central es que cada persona que deja de distribuir alimentos, atender enfermos, transportar agua o sostener un refugio multiplica el impacto sobre una población cuya supervivencia depende cada vez más de esa estructura humanitaria.

En los veinte años anteriores al 7 de octubre de 2023, alrededor de 8.400 palestinos ya habían muerto a manos de las fuerzas israelíes, según una reconstrucción de los registros de B’Tselem contrastados con Naciones Unidas. Cerca de 1.800 eran menores de edad. A ellos deben sumarse varias decenas de palestinos muertos directamente por colonos o civiles israelíes. Es decir, la violencia, la ocupación y las muertes palestinas no comenzaron el 7 de octubre: aquel día abrió una nueva y mucho más devastadora fase de un conflicto que ya acumulaba miles de muertos.

Gaza: sobrevivir entre las ruinas

Más de dos años y medio después del comienzo de la ofensiva israelí posterior a los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, Gaza continúa siendo una emergencia humanitaria extrema incluso bajo el frágil esquema de alto el fuego iniciado en octubre de 2025. Según OCHA, durante la primera mitad de agosto persistieron los ataques, las víctimas y los desplazamientos. El organismo advierte además que alrededor del 90% de la población sufre interrupciones frecuentes e imprevisibles en el acceso a agua segura, limpia y confiable. En Gaza City, el 92% de los hogares relevados presenta inseguridad hídrica moderada o grave; en Khan Younis, el 90%, y en Deir al-Balah, el 87%.

El daño ya no puede medirse únicamente en muertos. OCHA estima que aproximadamente una cuarta parte de todos los heridos desde octubre de 2023 podría haber sufrido lesiones que alterarán su vida permanentemente, entre amputaciones, lesiones medulares y traumatismos cerebrales. Los niños representan alrededor del 18% de las amputaciones y el 31% de los casos de lesiones medulares o cerebrales de ese grupo, mientras prácticamente no existen servicios especializados suficientes de rehabilitación pediátrica. Cerca del 2% de toda la población que Gaza tenía antes de la guerra vive actualmente con una lesión grave relacionada con el conflicto.

UNICEF agregó otro dato brutal: al menos 300 niños fueron reportados muertos durante los primeros 300 días posteriores al anuncio del alto el fuego de octubre de 2025, aproximadamente un niño por día. Cientos de miles de personas permanecen concentradas en una porción reducida del territorio, rodeadas de edificios destruidos, escombros, residuos y municiones sin detonar, mientras persisten la desnutrición, las enfermedades y los problemas de acceso al agua y al saneamiento.

El alto el fuego, además, no significa ausencia de muertos. Este miércoles 19 de agosto nuevos ataques israelíes provocaron al menos diez víctimas fatales, según hospitales locales y la Media Luna Roja Palestina citados por Associated Press. Las autoridades sanitarias de Gaza calculan que más de 1.270 palestinos han muerto por ataques israelíes desde el inicio de la tregua de octubre de 2025.

El Ministerio de Salud de Gaza ubica el saldo acumulado de la guerra por encima de los 73.400 palestinos muertos; sus cifras son utilizadas habitualmente por Naciones Unidas y organismos internacionales.

Nada de esto elimina el origen inmediato de esta etapa de la guerra: el 7 de octubre de 2023 Hamas y otros grupos armados mataron alrededor de 1.200 personas en Israel, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251. Pero reconocer aquel crimen no obliga a convertir en aceptable cualquier respuesta posterior ni puede transformar a más de dos millones de habitantes de Gaza en responsables colectivos de lo ocurrido.

Cisjordania: la otra emergencia palestina

Mientras Gaza concentra las cámaras, en Cisjordania ocupada continúa avanzando otra crisis. En solamente una semana —del 4 al 10 de agosto— OCHA documentó 38 incidentes protagonizados por colonos israelíes que provocaron víctimas palestinas o daños materiales. En Tuba, en Masafer Yatta, un ataque dejó cinco palestinos heridos, entre ellos dos niñas, incendió estructuras residenciales y desplazó a tres familias integradas por 23 personas, 14 de ellas menores. En Qusra, colonos instalaron una barrera que aisló hogares palestinos y dificultó la llegada de agua, alimentos e incluso de una ambulancia.

Durante esa misma semana fueron demolidas 25 estructuras palestinas en Cisjordania y Jerusalén Este, dejando 29 desplazados —17 niños— y afectando a más de 160 personas. El fenómeno ya provoca críticas incluso dentro de los aliados tradicionales de Israel: autoridades estadounidenses calificaron públicamente como “terroristas israelíes” a colonos involucrados en episodios violentos en Qusra.

Líbano y Siria: la guerra atraviesa las fronteras

La dimensión regional resulta imposible de ignorar. En el Líbano, ACNUR informó el 18 de agosto que nuevos ataques aéreos israelíes volvieron a generar desplazamientos. Alrededor de 860.000 personas han podido regresar a sus lugares de origen después de las distintas etapas del conflicto, pero unas 360.000 continúan desplazadas, al menos 22.000 de ellas viviendo todavía en refugios colectivos. Viviendas, redes de agua, servicios sanitarios y sistemas eléctricos permanecen destruidos o severamente afectados en amplias zonas.

Ya no se trata únicamente de incursiones aéreas. Israel mantiene bajo control militar una franja del sur libanés capturada durante la guerra de 2026 y su ministro de Defensa ordenó preparar una “presencia extendida”. El gobierno israelí condiciona su retirada al desarme de Hezbollah, mientras funcionarios estadounidenses han señalado que una ocupación permanente sería incompatible con los compromisos asumidos para alcanzar un arreglo.

Siria completa un mapa cada vez más peligroso. El 18 de agosto Israel atacó con ocho bombardeos la base aérea de Abu al-Duhur, cerca de Alepo. Turquía denunció una violación de la integridad territorial siria y el enviado estadounidense Tom Barrack calificó la operación como una “escalada innecesaria” que no contribuía a la estabilidad regional. Desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad en 2024, Israel no solamente realizó repetidos ataques contra objetivos sirios: también ocupó territorio en el sudoeste del país y destruyó buena parte del equipamiento militar pesado del antiguo ejército sirio, según Reuters.

El resultado es inquietante: Gaza continúa devastada, Cisjordania enfrenta una presión territorial creciente, parte del sur del Líbano permanece ocupada y Siria vuelve a recibir bombardeos israelíes. Cada conflicto tiene causas, actores y marcos jurídicos diferentes. Pero contemplados simultáneamente muestran algo difícil de negar: la acción militar israelí ya desborda ampliamente las fronteras de Gaza.

¿Es correcto hablar de genocidio?

La palabra exige precisión porque su significado no es solamente político sino jurídico. En este caso, sin embargo, su utilización ya no pertenece exclusivamente al terreno de las consignas. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas concluyó en septiembre de 2025 que Israel había cometido genocidio contra los palestinos de Gaza y en junio de 2026 sostuvo que las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes continuaban cometiendo actos genocidas, particularmente contra niños palestinos. Israel rechaza categóricamente esas conclusiones y acusa a la comisión de parcialidad.

Eso no equivale todavía a una sentencia definitiva de la Corte Internacional de Justicia. El proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio continúa abierto y la CIJ todavía no resolvió sobre el fondo de la cuestión. En mayo de 2026 el tribunal fijó nuevas etapas procesales para las partes. Por eso, periodísticamente, es posible señalar que una comisión independiente de la ONU concluyó que existe genocidio, pero también corresponde aclarar que la máxima instancia judicial internacional aún no ha dictado una sentencia definitiva al respecto.

Los países “civilizados y libres” saben lo que está ocurriendo

Quizás el elemento moralmente más incómodo sea que esta catástrofe ya no sucede en la oscuridad. Existen imágenes satelitales, estadísticas, informes médicos, investigaciones internacionales, corresponsales, agencias humanitarias y organismos de Naciones Unidas documentando lo ocurrido prácticamente día por día. El problema no es que las principales potencias occidentales desconozcan la dimensión de la tragedia. La conocen. El problema es la enorme distancia entre la gravedad de aquello que denuncian y las medidas que están dispuestas a adoptar para detenerlo.

No existe un silencio absoluto y sería incorrecto afirmarlo. Francia, Reino Unido, Canadá y Noruega han aplicado sanciones vinculadas a la violencia de colonos en Cisjordania; Alemania restringió exportaciones de armamento susceptible de ser utilizado en Gaza y distintos gobiernos europeos elevaron progresivamente sus críticas al gobierno de Benjamin Netanyahu. Pero esas medidas conviven con una relación estratégica y militar que permanece sustancialmente intacta. Estados Unidos continúa otorgando a Israel alrededor de 3.800 millones de dólares anuales en asistencia militar, además del apoyo extraordinario entregado desde el comienzo de la guerra.

Allí aparece la contradicción de las sociedades que suelen presentarse como guardianas del orden internacional basado en reglas, los derechos humanos y la protección de civiles. Si esos principios solamente son exigibles a adversarios geopolíticos, pero se relativizan frente a un aliado estratégico, dejan de funcionar como reglas universales y comienzan a parecerse demasiado a instrumentos de conveniencia.

La obscenidad política no está ya en la falta de declaraciones. Sobran comunicados, llamados a la moderación, expresiones de preocupación y exhortaciones al cumplimiento del derecho internacional. Lo que falta es una correspondencia entre la magnitud del desastre reconocido y la capacidad política utilizada para detenerlo.

Porque mientras la comunidad internacional discute terminología, competencias judiciales y equilibrios diplomáticos, en Gaza se busca agua entre ciudades destruidas; cientos de miles de libaneses todavía no pueden volver a sus casas; familias palestinas pierden propiedades en Cisjordania y Siria vuelve a recibir misiles desde otro Estado.

El peligro consiste en acostumbrarse.

Acostumbrarse a que cientos de trabajadores humanitarios mueran mientras intentan mantener con vida a civiles. A que cada nuevo bombardeo sea absorbido por un ciclo informativo de algunas horas. A que la ocupación de territorio de otro país pueda convertirse gradualmente en una situación permanente. A que las fronteras sean modificadas por la fuerza mientras el mundo debate qué adjetivo utilizar para describirlo.

La verdadera amenaza ya no es solamente una nueva escalada militar. Es una debacle humanitaria regional producida por la combinación de desplazamientos masivos, infraestructura destruida, sistemas sanitarios debilitados, escasez de agua, pobreza, territorios contaminados con explosivos y poblaciones enteras que llevan años viviendo bajo emergencia. Los propios informes de Naciones Unidas muestran que esa estructura de supervivencia está siendo llevada al límite.

Por eso, la discusión sobre Palestina ya no puede reducirse a quién condena a Hamas, quién respalda a Netanyahu o qué gobierno reconoce un Estado palestino. La pregunta es mucho más básica: cuántos muertos, mutilados, desplazados y países atacados necesita ver la comunidad internacional antes de transformar sus declaraciones en límites efectivos.

Porque después de Gaza, Cisjordania, el Líbano y Siria, alegar desconocimiento ya no es posible.

Y cuando el mundo sabe lo que ocurre, dispone de herramientas para intervenir y, aun así, permite que continúe, el silencio deja de ser ignorancia. Se convierte en responsabilidad política.