NeuquenNewsEn la antesala de las elecciones presidenciales de 2027, la combinación de deterioro social, confrontación política y concentración de herramientas coercitivas plantea una pregunta inquietante: ¿cómo piensa administrar el poder los conflictos que genera su propio programa económico?
La crisis económica y las políticas de seguridad no son fenómenos necesariamente independientes. La historia latinoamericana demuestra que las transformaciones económicas que producen fuertes desequilibrios sociales suelen generar conflictos por la distribución del ingreso, el trabajo y el acceso a derechos fundamentales. La manera en que los gobiernos responden a esas tensiones revela no solamente sus prioridades económicas, sino también su concepción de la democracia.
En la Argentina de Javier Milei, esa relación merece una atención especial. Desde diciembre de 2023, el Gobierno puso en marcha un programa de reducción del gasto público, desregulación económica, apertura comercial y reforma del Estado, acompañado por una política de confrontación con sindicatos, organizaciones sociales y distintos sectores de la oposición. Simultáneamente, promovió una reorganización de los organismos de seguridad e inteligencia y amplió las capacidades estatales para identificar y sancionar administrativamente a personas y organizaciones vinculadas con presuntas amenazas a la seguridad nacional.
El problema político aparece cuando ambas dimensiones comienzan a observarse en conjunto. Por un lado, una economía que pierde empresas y puestos de trabajo registrados, mientras una parte considerable de la población enfrenta dificultades para sostener su nivel de vida. Por otro, un Gobierno que presenta con frecuencia las manifestaciones de descontento como problemas de orden público y que busca incorporar nuevas herramientas de control financiero y patrimonial.
No hay razones para suponer que cada decisión económica tenga una finalidad represiva. Pero tampoco sería razonable ignorar las consecuencias políticas de desarrollar un modelo que deteriora las condiciones de vida de amplios sectores sociales mientras se fortalecen los instrumentos estatales que podrían utilizarse para enfrentar sus protestas.
La proximidad de 2027 agrega una dimensión adicional. El Gobierno deberá someter su programa a una nueva elección presidencial y afrontar el desgaste acumulado por las consecuencias sociales de sus políticas. La capacidad de tolerar el disenso, respetar la protesta y aceptar el funcionamiento independiente de las instituciones será una prueba fundamental de su compromiso democrático.
Los datos permiten dimensionar el deterioro de la actividad económica y laboral, más allá del discurso oficial sobre la estabilidad monetaria y el equilibrio fiscal.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, estableció que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 la cantidad de empleadores registrados se redujo en 31.342 casos, equivalente a un promedio aproximado de 33 menos por día.
La reducción neta de empleadores no significa necesariamente que todos hayan cerrado definitivamente sus establecimientos: también puede reflejar cambios registrales, fusiones y otras situaciones empresariales. Sin embargo, la magnitud y persistencia del retroceso constituyen una señal de debilitamiento del entramado productivo y del empleo formal.
Los sectores afectados muestran que el problema no se concentra exclusivamente en una actividad. Según el relevamiento de CEPA, el comercio perdió 8.758 empleadores registrados, transporte y almacenamiento registró 6.915 menos y la industria manufacturera sufrió una reducción de 4.158. También hubo descensos en servicios inmobiliarios, actividades profesionales y construcción.
La pérdida es particularmente sensible para las pequeñas y medianas empresas. Una PyME no es solamente una unidad económica: es una organización que reúne trabajadores, proveedores, conocimientos técnicos, vínculos comerciales y capacidades productivas construidas durante años. Cuando desaparece una empresa industrial o comercial, parte de ese tejido puede resultar difícil de recuperar, incluso si posteriormente mejoran las condiciones macroeconómicas.
El argumento oficial sostiene que la eliminación de regulaciones, la apertura económica y el ordenamiento de las cuentas públicas permitirán construir un sector privado más competitivo. Sin embargo, los datos disponibles obligan a preguntarse cuánto tiempo puede sostenerse una transición que reduce la cantidad de unidades productivas y destruye empleo registrado antes de generar alternativas de similar calidad.
La competitividad no depende exclusivamente de salarios más bajos, menos regulaciones o menores costos fiscales. También requiere financiamiento, infraestructura, demanda, tecnología, desarrollo de proveedores y estabilidad de largo plazo. Una política económica que debilita esos componentes puede terminar reduciendo las posibilidades de desarrollo que afirma querer estimular.
Uno de los argumentos más reiterados por el Gobierno desde su llegada al poder fue que el ordenamiento macroeconómico, la desregulación y el alineamiento internacional permitirían atraer un volumen extraordinario de inversiones privadas.
Los resultados de 2025 muestran una realidad muy diferente.
Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado en 2026, la inversión extranjera directa recibida por Argentina pasó de 11.644 millones de dólares en 2024 a 3.134 millones en 2025. Es una caída del 73,1%, equivalente a 8.510 millones de dólares menos en apenas un año.
La comparación regional vuelve más significativo el dato. Durante 2025, Brasil recibió aproximadamente 77.676 millones de dólares; México, 43.221 millones; Chile, 14.152 millones; Perú, 11.794 millones; y Colombia, 11.469 millones. Argentina quedó muy por debajo de esas economías.
El contraste desarma una idea central del relato gubernamental: que el alineamiento ideológico con Estados Unidos y las reformas favorables al mercado serían suficientes para asegurar un flujo sostenido de capitales internacionales.
La inversión extranjera responde a múltiples factores, entre ellos las expectativas de crecimiento, el mercado interno, la infraestructura, la estabilidad institucional y las oportunidades sectoriales. La apertura económica, por sí sola, no garantiza nuevas fábricas ni empleos.
Los informes del Banco Central también permiten observar la volatilidad de estos movimientos. Durante el cuarto trimestre de 2025 se registraron egresos netos de inversión extranjera directa por 4.687 millones de dólares, explicados principalmente por cancelaciones de deudas comerciales entre empresas vinculadas. En el primer trimestre de 2026 hubo una recuperación parcial, con ingresos netos de 1.794 millones.
Estos movimientos financieros no deben confundirse automáticamente con el cierre o la apertura de establecimientos productivos. Pero el balance anual de CEPAL muestra que el país perdió una porción sustancial de los flujos de inversión recibidos durante el año anterior.
La contradicción política es evidente: mientras el Gobierno presenta su programa como una oportunidad histórica para atraer capitales y desarrollar la economía, Argentina registra una fuerte disminución de la inversión extranjera y una reducción persistente del empleo formal.
La evolución del empleo permite observar otra dimensión del problema. Según CEPA, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 se perdieron 434.126 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, una reducción del 4,4%.
La industria manufacturera fue el sector más afectado en términos absolutos, con 105.136 trabajadores registrados menos. La construcción perdió 81.266 puestos; transporte y almacenamiento, 74.172; y la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, 66.649.
La retracción industrial no se limita al empleo. El INDEC informó que en agosto de 2026 la producción manufacturera cayó un 3,2% interanual, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año retrocedió un 2,7% respecto del mismo período de 2025. Once de las dieciséis divisiones industriales registraron disminuciones interanuales.
Esto no significa que todas las actividades económicas estén cayendo. La minería, los hidrocarburos y determinados sectores vinculados con recursos naturales muestran dinámicas diferentes y, en algunos casos, expansivas. Pero precisamente allí aparece una cuestión central para el futuro económico argentino.
Un país puede aumentar sus exportaciones de petróleo, gas o minerales y, al mismo tiempo, perder establecimientos industriales, empleos manufactureros y capacidades tecnológicas. La expansión de actividades extractivas no garantiza por sí sola que sus beneficios se distribuyan territorialmente ni que compensen la destrucción de otros sectores productivos.
La situación resulta especialmente relevante para Neuquén y la Patagonia. Vaca Muerta constituye uno de los principales motores de inversión y generación de divisas, pero su desarrollo debe evaluarse también por la cantidad y calidad del empleo que produce, la participación de las PyMEs regionales, el desarrollo de proveedores y la distribución de los beneficios económicos.
Si el crecimiento de los hidrocarburos convive con dificultades de las empresas locales para obtener financiamiento, demoras en los pagos y precarización del trabajo, la expansión de la producción no será suficiente para construir un desarrollo regional equilibrado.
El desafío no consiste en oponer la industria a la explotación de recursos naturales. Consiste en impedir que la especialización exportadora termine consolidando una economía con grandes enclaves de inversión y un tejido productivo cada vez más debilitado.
La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC registró una tasa de desocupación del 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, el valor más elevado de la administración Milei, compartido con el primer trimestre de 2025. La subocupación alcanzó el 11,5% de la población económicamente activa.
Ambos indicadores describen problemas diferentes. La desocupación identifica a quienes buscan empleo y no consiguen trabajo; la subocupación comprende a quienes trabajan menos horas de las que desean y están disponibles para hacerlo durante más tiempo.
A estos datos se suma un fenómeno que resulta decisivo para comprender el deterioro social: el avance del trabajo informal. Según el análisis de Chequeado sobre los datos del INDEC, la informalidad laboral llegó al 45% en el segundo trimestre de 2026, frente al 43,2% del mismo período del año anterior.
La desocupación abierta, por lo tanto, no alcanza para medir el problema del trabajo. Una persona puede aparecer como ocupada en las estadísticas y, sin embargo, depender de ingresos inestables, realizar actividades de baja productividad, carecer de aportes jubilatorios o trabajar más horas para sostener un nivel de vida cada vez más difícil de alcanzar.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina profundizó este diagnóstico en su estudio Deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del trabajo en la Argentina (2010-2025). Los investigadores Ramiro Robles, Alejo Giannecchini y Valentina Ledda identificaron un proceso de creciente fragmentación laboral, expansión de la informalidad, deterioro de la regulación y debilitamiento de los ingresos.
El fenómeno, que reconoce causas estructurales anteriores al actual Gobierno, encontró nuevas expresiones durante los últimos años. La economía continúa generando ocupaciones, pero una parte creciente de ellas no ofrece las condiciones de estabilidad, remuneración y protección social tradicionalmente asociadas con el empleo registrado.
El deterioro del trabajo tiene consecuencias políticas profundas. El empleo formal constituye una fuente de ingresos, pero también de derechos, organización colectiva y seguridad frente a contingencias. Cuando desaparece, se debilita la capacidad de las personas para proyectar su futuro y defender sus condiciones de vida.
La desaceleración inflacionaria es uno de los principales resultados que reivindica el Gobierno. La reducción de la inflación respecto de los niveles extraordinarios registrados en 2023 es un dato real y relevante. Sin embargo, estabilizar el ritmo de aumento de los precios no equivale automáticamente a garantizar ingresos suficientes para toda la población.
El INDEC informó que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, frente al 28,2% registrado en el segundo semestre de 2025. La indigencia llegó al 7,5%.
La pobreza continúa por debajo del 41,7% registrado en el segundo semestre de 2023, pero su reciente incremento revela que las mejoras previas no lograron consolidarse. Particularmente preocupante es la situación de los niños: el 44,5% de los menores de 15 años vivía en hogares pobres durante la primera mitad de 2026.
Estos números deberían ocupar un lugar central en el debate político. La pobreza infantil expresa problemas de alimentación, vivienda, acceso a bienes educativos, condiciones sanitarias y oportunidades futuras. Sus consecuencias no desaparecen automáticamente cuando mejora un indicador económico.
Los estudios del Observatorio de la Deuda Social de la UCA permiten comprender otra dimensión del fenómeno: el endeudamiento para sostener la vida cotidiana. En septiembre de 2026, una investigación de Agustín Salvia e Iñaki González estableció que el 27,4% de los hogares urbanos relevados había recurrido durante el tercer trimestre de 2025 a préstamos de familiares, amigos, financieras u otras fuentes para cubrir gastos habituales.
No se trata necesariamente de créditos destinados a comprar una vivienda, ampliar un negocio o adquirir bienes durables. Se trata de familias que necesitan dinero prestado para afrontar consumos corrientes.
La diferencia es sustancial. Cuando un hogar debe endeudarse para pagar alimentos, servicios o gastos básicos, el crédito deja de funcionar principalmente como una herramienta de inversión y comienza a operar como un mecanismo de supervivencia.
La UCA también documentó durante 2026 problemas relacionados con la alimentación de los asalariados, la persistencia de privaciones sociales y la fragmentación del trabajo. Estos informes muestran que la reducción de la pobreza monetaria registrada en ciertos períodos puede coexistir con dificultades para acceder a condiciones materiales adecuadas.
El problema social argentino, en consecuencia, no puede resumirse en la discusión sobre el déficit fiscal. La estabilidad macroeconómica es importante, pero sus resultados deben medirse también por las condiciones concretas de existencia de la población.
Existe una consecuencia de las crisis prolongadas que las estadísticas económicas tradicionales capturan de manera insuficiente: la incertidumbre sobre el futuro.
Para muchos jóvenes argentinos, terminar los estudios no garantiza acceder a un trabajo estable. Conseguir empleo no asegura independencia económica, y disponer de ingresos propios puede no resultar suficiente para alquilar una vivienda o comenzar un proyecto familiar.
La precarización laboral, el encarecimiento relativo de determinados servicios y las desigualdades sociales construyen condiciones de vulnerabilidad que no se expresan solamente en los niveles de consumo. También afectan la integración social, las relaciones personales y las posibilidades de desarrollar proyectos de vida.
En este contexto merece especial atención el informe sobre suicidio adolescente presentado por UNICEF el 8 de octubre de 2026.
El organismo registró que, entre adolescentes de 10 a 19 años, la tasa de suicidio fue de 4,8 por cada 100.000 habitantes en 2024. Ese valor representa una disminución del 36% respecto del máximo observado en 2014, pero continúa por encima de los niveles registrados hace tres décadas. UNICEF también informó que el riesgo aumenta durante la adolescencia tardía, particularmente entre los 15 y 19 años.
El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. No corresponde atribuir esas muertes directamente a una administración política ni utilizar el sufrimiento de adolescentes y familias como una explicación automática de los efectos del ajuste económico.
Pero tampoco puede ignorarse que el bienestar psicológico está relacionado con las condiciones sociales, económicas, familiares y culturales. La inseguridad material, la desigualdad, las dificultades para acceder a servicios de salud y la pérdida de expectativas sobre el futuro son dimensiones que deben ser consideradas por las políticas públicas.
La advertencia de UNICEF exige fortalecer la prevención, la atención en salud mental y las redes comunitarias, escolares y sanitarias. En una sociedad atravesada por incertidumbre laboral y dificultades económicas, reducir o debilitar esos mecanismos de protección constituye un riesgo que debe ser evaluado con especial responsabilidad.
La pregunta de fondo es qué proyecto de país se está construyendo para las nuevas generaciones. Una economía puede exhibir resultados favorables en determinadas variables financieras y, al mismo tiempo, fracasar en su capacidad para ofrecer oportunidades, estabilidad y perspectivas de desarrollo a quienes están comenzando su vida adulta.
Los números económicos permiten comprender por qué resulta especialmente preocupante la expansión de las facultades estatales de vigilancia, inteligencia y control patrimonial.
Una sociedad donde desaparecen empleadores, se pierden puestos de trabajo formales y aumentan las dificultades para sostener los ingresos familiares inevitablemente acumula tensiones. Esas tensiones pueden expresarse mediante reclamos sindicales, protestas de jubilados, movilizaciones estudiantiles, conflictos comunitarios y organizaciones que cuestionan las políticas gubernamentales.
En una democracia, esas expresiones constituyen mecanismos legítimos de participación política y social. El derecho a protestar no depende de la aprobación del Gobierno ni de la popularidad de las demandas. Tampoco puede condicionarse a que las manifestaciones resulten cómodas para quienes ejercen el poder.
La administración Milei, sin embargo, ha colocado el orden público en el centro de su respuesta a numerosas movilizaciones. Los operativos de las fuerzas federales, las denuncias por uso excesivo de la fuerza y las restricciones al derecho de manifestación fueron documentados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
La preocupación se profundiza cuando esa práctica se relaciona con la política antiterrorista y con el proyecto de reforma del RePET. Como se analizó en la primera entrega de esta investigación, el Gobierno pretende ampliar un sistema de inscripción administrativa de personas y organizaciones vinculadas con presuntas actividades terroristas, con facultades para congelar bienes y establecer severas restricciones económicas sin exigir una acción penal previa.
La reforma no autoriza legalmente a declarar terrorista a cualquier organización opositora por sus opiniones. Pero deja abiertos interrogantes sobre la amplitud de los criterios aplicables, la participación de organismos de inteligencia, el acceso a las pruebas y la oportunidad de la revisión judicial.
El riesgo político es que instrumentos concebidos para enfrentar hechos excepcionalmente graves terminen utilizados de manera abusiva sobre conflictos que deberían resolverse mediante el diálogo democrático, la negociación social y, cuando existan delitos concretos, los procedimientos judiciales ordinarios.
La diferencia es fundamental. Una huelga no es terrorismo. Una protesta ambiental no es terrorismo. Un reclamo territorial indígena no es terrorismo. Cuestionar una política económica o recibir financiamiento para actividades sociales legítimas tampoco constituye, por sí mismo, una actividad terrorista.
El Estado debe investigar y sancionar delitos comprobados, pero no puede reemplazar la responsabilidad individual por presunciones derivadas de la pertenencia política, sindical o comunitaria.
La dimensión internacional completa este escenario.
Durante 2025 y 2026, la Argentina profundizó su cooperación con Estados Unidos en seguridad e inteligencia. Los acuerdos con el FBI, el funcionamiento del Centro Nacional Antiterrorismo y la participación argentina en la cumbre convocada por Marco Rubio contra el denominado terrorismo de extrema izquierda muestran una convergencia institucional y política documentada.
La estrategia impulsada por Washington busca colocar determinadas formas de extremismo político de izquierda dentro de las prioridades internacionales de inteligencia y contraterrorismo. La Argentina acompañó públicamente esa iniciativa y manifestó su disposición a profundizar el intercambio de información.
Esa cooperación no demuestra que Estados Unidos haya ordenado reprimir manifestaciones argentinas o utilizar el RePET contra opositores. Pero sí permite identificar una influencia concreta sobre la orientación de las políticas de seguridad y la definición de amenazas.
En un país donde el Gobierno mantiene una confrontación discursiva permanente con sectores de la izquierda, el sindicalismo, organizaciones sociales y dirigentes opositores, la adopción de categorías ideológicas amplias dentro de una agenda antiterrorista merece un control particularmente riguroso.
Existe aquí una interpretación política que no debería descartarse: la posibilidad de que el discurso de seguridad contribuya a construir una nueva versión de la lógica de los dos demonios, en la que la protesta y la respuesta coercitiva del Estado sean presentadas como expresiones equivalentes de violencia.
No se trata de equiparar la situación actual con el terrorismo de Estado de la última dictadura. Se trata de reconocer un mecanismo discursivo peligroso: desplazar el análisis de los reclamos sociales hacia la supuesta peligrosidad de quienes los expresan, y utilizar esa caracterización para justificar una ampliación de las facultades policiales y de inteligencia.
Cuando la protesta deja de ser presentada como un derecho y comienza a ser tratada principalmente como una amenaza, se modifica la relación entre el ciudadano y el poder.
Y esa transformación adquiere un significado todavía mayor en el calendario político argentino.
En 2027 se celebrarán elecciones presidenciales. Milei deberá enfrentar el balance social de su administración, la evolución de los salarios y el empleo, la situación de las empresas y la capacidad del Gobierno para cumplir sus compromisos económicos.
Las elecciones no justifican por sí mismas ninguna sospecha sobre decisiones estatales de seguridad. Pero la proximidad de una competencia electoral vuelve especialmente importante proteger la libertad de expresión, la organización política y el derecho a cuestionar al Gobierno sin sufrir represalias.
Un sistema democrático necesita opositores que puedan desarrollar libremente sus actividades, organizaciones sindicales que defiendan a sus afiliados, periodistas que investiguen al poder y movimientos sociales que representen demandas colectivas.
Esos derechos deben estar protegidos independientemente de quién gane las elecciones.
La discusión sobre el rumbo económico argentino no puede quedar reducida a una confrontación entre defensores y opositores del equilibrio fiscal. El Estado necesita administrar responsablemente sus recursos, pero también tiene obligaciones relacionadas con el desarrollo productivo, la protección del trabajo, la educación, la salud y la integración social.
Los indicadores muestran una economía atravesada por resultados contradictorios. La inflación se redujo sustancialmente respecto de 2023, determinadas actividades exportadoras se expandieron y el Gobierno reivindica el ordenamiento de las cuentas públicas. Al mismo tiempo, la inversión extranjera directa cayó abruptamente durante 2025, disminuyó la cantidad de empleadores registrados, se perdieron cientos de miles de puestos formales y crecieron la desocupación y la pobreza durante los últimos períodos relevados.
Esa contradicción plantea una cuestión central: quiénes reciben los beneficios de la estabilización y quiénes soportan los costos de la transformación económica.
Cuando las políticas públicas producen ganadores y perdedores, el conflicto distributivo no desaparece por decisión administrativa. Puede expresarse de manera más o menos intensa, pero forma parte del funcionamiento de cualquier sociedad democrática.
La respuesta legítima a ese conflicto es política e institucional: discusión pública, representación, negociación, protección de derechos y elecciones libres. No debería ser el debilitamiento de las garantías constitucionales ni la expansión de mecanismos que permitan afectar patrimonialmente a personas u organizaciones antes de que sus responsabilidades sean examinadas por la Justicia.
El proyecto de reforma del RePET debe analizarse desde esa perspectiva. Su legitimidad no dependerá solamente de los delitos que pretende combatir, sino también de la precisión de sus definiciones, de la independencia de sus controles y de la capacidad para impedir una aplicación arbitraria.
Una legislación destinada a enfrentar el terrorismo no puede transformarse en una herramienta disponible para resolver disputas políticas.
La Argentina se aproxima a 2027 con un conjunto de tensiones que el Gobierno no puede resolver únicamente mediante el discurso de la estabilidad financiera o el endurecimiento de las políticas de seguridad.
Los más de 31.000 empleadores registrados que desaparecieron del sistema, los 434.000 puestos de trabajo perdidos en unidades productivas, la caída del 73% de la inversión extranjera directa y los niveles de pobreza y precarización laboral describen problemas económicos y sociales concretos.
Detrás de cada indicador existen trabajadores que pierden su estabilidad, familias que reorganizan sus consumos, jóvenes que postergan proyectos y comunidades que dependen de actividades productivas cada vez más vulnerables.
La orientación económica que defiende Milei constituye una elección política sometida al debate democrático. Los ciudadanos tienen derecho a respaldarla o cuestionarla, y las organizaciones sociales pueden manifestar sus desacuerdos dentro del marco constitucional.
El verdadero problema surge cuando un Gobierno que impulsa transformaciones económicas socialmente conflictivas desarrolla simultáneamente una política de confrontación con sus críticos y fortalece instrumentos excepcionales de vigilancia, identificación de amenazas y restricción patrimonial.
La alianza con Estados Unidos agrega un componente adicional, porque incorpora a esa reorganización interna una agenda internacional que coloca al llamado extremismo de izquierda entre sus objetivos prioritarios de seguridad.
No está demostrado que esas herramientas vayan a utilizarse contra toda la oposición política. Pero los antecedentes de represión de protestas, los cuestionamientos internacionales al RePET y las nuevas facultades proyectadas justifican una advertencia institucional antes de que se produzcan eventuales abusos.
El problema no es únicamente qué puede hacer el Gobierno de Milei con esas herramientas. Es qué facultades quedarán instaladas dentro del Estado argentino y qué garantías tendrán los ciudadanos frente a su posible utilización arbitraria.
La fortaleza de una democracia no se demuestra por la capacidad del poder para imponer silencio, sino por su disposición a tolerar la crítica, respetar los derechos de quienes disienten y someter sus decisiones a controles independientes.
El desarrollo económico tampoco puede medirse exclusivamente por la rentabilidad de determinados sectores o la evolución de las variables financieras. Una economía que pierde capacidades industriales, empleos formales y oportunidades de integración social necesita respuestas productivas, no solamente instrumentos de control.
Una sociedad no deja de tener problemas porque sus ciudadanos dejen de protestar. Simplemente pierde una de las herramientas fundamentales para hacerlos visibles.
La Argentina ya conoce el costo histórico de confundir el orden con la obediencia y la seguridad con el silenciamiento de los conflictos sociales. Preservar esa diferencia constituye una responsabilidad colectiva que trasciende cualquier disputa partidaria.
Cuando se aproxima una nueva elección presidencial, la cuestión decisiva no es solamente qué modelo económico prevalecerá, sino bajo qué condiciones democráticas podrán discutirse sus resultados.
Porque ningún programa de gobierno, por ambicioso que sea, debería necesitar restringir la libertad de sus críticos para sostenerse.
CEPAL: La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, 2026. Comparación de flujos correspondientes a 2024 y 2025. Informe institucional.
Banco Central de la República Argentina: informes de inversión extranjera directa del cuarto trimestre de 2025 y primer trimestre de 2026. Publicaciones oficiales.
CEPA: Análisis de la dinámica laboral y empresarial: datos a junio de 2026. Informe completo.
INDEC: indicadores de mercado de trabajo, pobreza e industria manufacturera, publicados entre septiembre y octubre de 2026. Estadísticas oficiales.
Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA: Deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del trabajo en la Argentina (2010-2025). Documento de investigación.
Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA: Pedir prestado para cubrir los gastos habituales, septiembre de 2026. Investigación.
UNICEF Argentina: Monitor Suicidio adolescente, presentado el 8 de octubre de 2026. Informe y comunicado.
Cámara de Diputados: proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, expediente 0010-PE-2026, artículos 113 a 127. Texto legislativo.
Segunda y última parte de la investigación sobre la agenda antiterrorista de Estados Unidos, las políticas de seguridad del Gobierno de Javier Milei y sus consecuencias institucionales, económicas y sociales en la Argentina.
Del ajuste al enemigo interno: Milei, Trump y el regreso de la doctrina de seguridad nacional
