NeuquenNewsLa deuda ya no queda encerrada en la pantalla del teléfono. En las últimas semanas comenzaron a multiplicarse los testimonios de usuarios de Mercado Pago que aseguran haber sido sometidos a prácticas de cobranza que trasladan el problema desde la intimidad de la aplicación hacia el entorno familiar, afectivo y laboral del deudor.
Los relatos, recogidos inicialmente por El Economista, describen llamadas a familiares, exparejas, compañeros de trabajo, antiguos empleadores y áreas de Recursos Humanos. En algunos casos, según las denuncias difundidas públicamente, los gestores no se limitaron a pedir un número de contacto: habrían informado que la persona mantenía una deuda con Mercado Pago, exponiendo una situación económica privada ante terceros completamente ajenos al contrato.
Los casos todavía deben ser investigados individualmente y, hasta el momento, no existe una resolución administrativa o judicial que haya determinado una responsabilidad general de Mercado Pago por estos episodios. Pero hay un dato que no está en discusión: la propia plataforma reconoce que terceriza la cobranza de sus créditos en mora.
Entre las agencias autorizadas por la empresa figuran GEDCO, Contacto Garantido, Latam Collect, Paktar, Ostengo, We Cross y Zolvex. No se trata, por lo tanto, de actores desconocidos que utilizan el nombre de la billetera por su cuenta. Son compañías incorporadas formalmente al circuito de recuperación de créditos de Mercado Pago.
Mercado Pago puede delegar la tarea operativa de llamar, enviar mensajes o negociar planes de pago. Lo que no puede tercerizar es la responsabilidad sobre la forma en que se trata a sus clientes.
Las agencias actúan porque fueron seleccionadas y contratadas por la compañía. Reciben información vinculada con las cuentas, las obligaciones impagas y los canales de contacto. Trabajan para recuperar dinero que pertenece a la cartera crediticia de la plataforma. Sus gestiones, por lo tanto, no son externas al negocio: forman parte del negocio.
Si una empresa contrata a una agencia, mantiene su vínculo comercial y se beneficia con los resultados de sus cobranzas, también tiene la obligación de auditar sus procedimientos, controlar el origen de los datos que utiliza y sancionar cualquier práctica abusiva. La tercerización no puede funcionar como una zona de impunidad donde el acreedor conserva los beneficios, pero pretende desconocer los métodos empleados para obtenerlos.
En ese sentido, sostener a una agencia dentro del sistema sin controles suficientes implica, como mínimo, una validación institucional de su manera de operar. Esto no permite afirmar, sin una investigación, que Mercado Pago haya ordenado cada llamado denunciado. Pero sí impide presentar a las cobradoras como terceros totalmente ajenos a la empresa que las eligió.
La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor obliga a los proveedores a garantizar un trato digno y a abstenerse de colocar a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. La norma, además, contempla que las consecuencias de esas conductas alcancen solidariamente a quien actúe en nombre del proveedor.
En la Ciudad de Buenos Aires, donde MercadoLibre S.R.L. tiene su domicilio, la Ley 6.171 sobre cobranzas extrajudiciales es todavía más precisa: prohíbe comunicarse con empleadores, utilizar espacios laborales, llamar o enviar mensajes a personas distintas del deudor, reiterar comunicaciones hostigantes y emplear métodos intimidatorios o humillantes.
Durante años, las billeteras virtuales presentaron la expansión del crédito digital como una democratización del acceso al financiamiento. Millones de personas que no reunían las condiciones exigidas por los bancos tradicionales pudieron obtener préstamos o comprar en cuotas desde una aplicación.
Pero esa inclusión tiene otra cara. Cuando los ingresos dejan de alcanzar y las cuotas se acumulan, la misma infraestructura tecnológica que permitió prestar dinero de manera rápida puede transformarse en una maquinaria de seguimiento y presión.
GEDCO, una de las agencias con las que trabaja Mercado Pago, informa públicamente que posee una base con scoring de 30 millones de contactos, un data warehouse con 15 millones de contactos y registros de 300 millones de gestiones. También declara utilizar campañas telefónicas predictivas, bots y algoritmos que seleccionan la vía de contacto considerada más eficaz.
La magnitud de esa infraestructura no demuestra por sí misma una conducta ilegal. Pero obliga a formular preguntas que Mercado Pago debe responder: ¿qué información entrega a sus agencias?, ¿de dónde surgen los teléfonos de familiares, exparejas o empleadores?, ¿qué controles aplica sobre los cruces de datos?, ¿cuántas denuncias recibió por estas prácticas?, ¿qué sanciones prevé para los gestores que vulneran la privacidad de sus usuarios?
La respuesta no puede limitarse a señalar que el llamado fue realizado por otra compañía. Esa otra compañía trabaja para Mercado Pago.
El endurecimiento que describen los usuarios no aparece en el vacío. Coincide con un fuerte aumento de la morosidad y con la necesidad de las empresas crediticias de recuperar una cartera cada vez más deteriorada.
Según datos de la Central de Deudores del Banco Central y la respuesta brindada por la compañía, la irregularidad de los créditos de Mercado Pago pasó del 5,5% en enero de 2025 al 14,7% en enero de 2026. Es decir, casi se triplicó en un año.
La empresa respondió que ese porcentaje se encuentra en niveles similares a los de los principales bancos privados cuando se analiza el financiamiento a personas físicas y por debajo del promedio de otras entidades no bancarias.
El problema, sin embargo, excede a una sola plataforma. El último informe del Banco Central sobre proveedores no financieros de crédito ubicó la irregularidad total del sector en 26,9% en febrero de 2026, 9,7 puntos por encima de agosto de 2025. En los préstamos personales, la mora llegó al 34,1%; en las tarjetas de crédito, al 19,4%. Al mismo tiempo, las fintech ya financiaban a más de siete millones de personas.
No se trata simplemente de millones de consumidores que un día decidieron dejar de pagar. Detrás de la mora hay salarios que pierden capacidad de compra, empleos formales que desaparecen, informalidad y hogares que comenzaron a utilizar el crédito para cubrir gastos corrientes.
Los últimos datos disponibles muestran un mercado laboral frágil. El INDEC ubicó la desocupación en 7,8% durante el primer trimestre de 2026: el índice aumentó 0,3 puntos respecto del trimestre anterior, aunque se mantuvo 0,1 punto por debajo del mismo período de 2025. La informalidad laboral alcanzó al 44,2% de los asalariados.
Por su parte, los registros oficiales del SIPA mostraron en abril una caída mensual del 0,2% tanto en el total de trabajadores registrados como en el empleo asalariado privado. La Encuesta de Indicadores Laborales volvió a marcar una baja del empleo formal en mayo.
En materia de ingresos, el índice salarial del INDEC aumentó 15,2% entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, frente a una inflación acumulada del 14,7%. Pero el promedio oculta diferencias importantes: en ese período, los salarios privados registrados quedaron aproximadamente 2,1% por debajo de la inflación y los públicos perdieron cerca de 0,9%.
La recuperación, cuando existe, es desigual y no alcanza a recomponer la caída acumulada de años anteriores ni el aumento del costo de servicios esenciales.
En ese contexto, una política de cobranza más agresiva puede mejorar los recuperos financieros, pero lo hace descargando sobre personas ya vulnerables el costo social de la mora. La presión no crea ingresos donde no los hay. Llamar a una madre, una expareja o un empleador no mejora el salario del deudor ni le devuelve el trabajo perdido: solamente convierte una dificultad económica en exposición y disciplinamiento social.
Mercado Pago conoce en profundidad a sus usuarios. Analiza movimientos, consumos, pagos, ingresos y comportamientos dentro de su ecosistema para decidir a quién presta, cuánto dinero ofrece y qué tasa aplica. Esa capacidad de evaluación forma parte de su ventaja comercial.
Por eso resulta insuficiente que, cuando el préstamo deja de pagarse, toda la explicación se reduzca al incumplimiento individual. La empresa construyó el modelo de riesgo, definió las condiciones del crédito y obtuvo rentabilidad mientras las cuotas fueron abonadas. También debe asumir las consecuencias de sus decisiones cuando el contexto económico deteriora masivamente la capacidad de pago.
La deuda existe y el acreedor tiene derecho a reclamarla. Lo que no existe es un derecho a invadir la intimidad, revelar información financiera a terceros o utilizar los vínculos personales y laborales como instrumentos de presión.
En abril de 2026, la Agencia de Acceso a la Información Pública abrió una investigación contra otra empresa de cobranzas por presuntos contactos con familiares, amistades, compañeros de trabajo y vecinos.
Al hacerlo, recordó un principio decisivo: cuando una compañía cede datos a un tercero para gestionar una cobranza, no queda liberada de sus obligaciones. El cesionario y quien entrega la información pueden ser solidariamente responsables.
La investigación no involucra a Mercado Pago, pero el criterio resulta directamente pertinente. Si las prácticas denunciadas se comprueban, la plataforma no podrá limitarse a responsabilizar al operador que hizo el llamado. Deberá explicar por qué ese operador tuvo acceso a la información, qué protocolos debía cumplir y qué controles ejerció sobre una tarea realizada en su nombre.
El crecimiento de la morosidad plantea un problema real para cualquier prestamista. Pero convertir ese problema empresarial en persecución personal no constituye una solución aceptable.
Mercado Pago ocupa una posición central en la vida económica de millones de argentinos. Es billetera, medio de pago, plataforma de cobro y fuente de financiamiento. Ese poder multiplica sus responsabilidades. Cuanto mayor es la cantidad de datos que administra y más extensa es su red de contratistas, mayor debe ser el nivel de vigilancia sobre el uso de esa información.
Las denuncias conocidas exigen una respuesta concreta de la compañía y la intervención de los organismos de Defensa del Consumidor, el Banco Central y la autoridad de protección de datos. Es necesario determinar qué agencias realizaron los contactos, cómo obtuvieron los números, qué información comunicaron y si Mercado Pago conocía o toleraba esas metodologías.
Porque detrás de cada indicador de mora hay una persona que puede haber perdido ingresos, empleo o capacidad de sostener a su familia. Deber dinero no elimina sus derechos. Y tercerizar la cobranza tampoco elimina las responsabilidades de quien presta, contrata, controla y finalmente cobra.
