La Confederación Mapuche de Neuquén difundió un comunicado en el que calificó como «una derrota» para el Gobierno de Javier Milei el retiro de los capítulos sobre tierras rurales y manejo del fuego. Sin embargo, la organización sostuvo que lo que permanece en la ley «es igual de nocivo para la mayoría de la sociedad y especialmente para los pueblos originarios».
Entre los aspectos más cuestionados, la Confederación señaló que la modificación a la ley de expropiaciones dificulta la posibilidad de resolver conflictos territoriales históricos, al asegurar la usura de los terratenientes. También advirtió sobre los desalojos exprés en jurisdicción federal, que ponen en riesgo a inquilinos, fábricas recuperadas y comunidades indígenas, mencionando los casos de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II en Misiones y la comunidad Diaguita Calchaquí Las Pailas en Salta.
Otro punto crítico es la creación de un nuevo Registro de Propiedad Inmueble, que no contempla la inscripción de la propiedad comunitaria indígena ni establece mecanismos claros para garantizarla. Según la Confederación, se trata de «una ley realizada a la medida de la Sociedad Rural, las grandes corporaciones y las empresas» dedicadas a la venta de tierras a capitales extranjeros.
El comunicado calificó el esquema de negocios del Gobierno como «profundamente extractivista», dependiente de tierra y agua, y señaló que busca vaciar los territorios de población. En ese sentido, mencionó los discursos de la senadora Nadia Márquez y de Patricia Bullrich como prueba de las intenciones hacia el Pueblo Mapuche y el mundo rural.
Como respuesta, la Confederación planteó suspender la entrega de títulos y concesiones hasta garantizar la propiedad comunitaria indígena, y reclamó una ley de demarcación y protección de territorios, a la que definió como «una deuda de la democracia». Finalmente, convocó a continuar la movilización y a organizarse «en amplia unidad», respetando la diversidad del país.
