La entrega amable: por qué la "seducción" de la derecha argentina sobre Malvinas es una fantasía con doscientos años de historia

La doctrina Malvinas del oficialismo libertario descansa sobre una premisa que sus voceros presentan como realismo y que, examinada contra la historia y contra la teoría más elemental de las relaciones internacionales, resulta exactamente lo contrario: la fantasía de que una potencia devolverá un territorio estratégico porque el país reclamante se vuelva próspero y simpático.

"Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies. Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos a nosotros", dijo el presidente Milei el 2 de abril de 2025.

La aritmética de esa espera es conocida: en el referéndum de 2013 hubo 1.513 votos a favor de mantener el estatus de territorio británico de ultramar y apenas tres en contra, con una participación del 92 por ciento.

Condicionar la soberanía al deseo de los isleños no es una estrategia: es la postergación indefinida del reclamo presentada con vocabulario de mercado. Y aceptar que ese deseo resulta decisivo reproduce, punto por punto, el argumento con el que Londres justifica su posición desde hace décadas.

La ocupación de 1833: una soberanía impuesta sin consulta

Cuando la corbeta británica HMS Clio llegó a Puerto Soledad, el 2 de enero de 1833, sus habitantes no fueron convocados a votar ni se les preguntó si querían que las islas continuaran bajo administración argentina o pasaran a depender del Reino Unido.

El capitán John James Onslow comunicó al comandante José María Pinedo que debía retirar la bandera argentina, evacuar las fuerzas y entregar la plaza. Ante la superioridad militar británica, la guarnición y las autoridades argentinas se retiraron sin que fuera necesario disparar, pero bajo una inequívoca amenaza de fuerza.

La situación de los civiles requiere mayor precisión: algunas fuentes argentinas sostienen que la población fue desalojada, mientras que documentos británicos y estudios históricos indican que una parte de los pobladores abandonó las islas y que otros —entre ellos gauchos y trabajadores vinculados al establecimiento de Luis Vernet— fueron autorizados o alentados a permanecer. Pero quedarse bajo una autoridad impuesta no equivale a elegirla.

No existió plebiscito, consulta popular ni consentimiento colectivo sobre la soberanía: Gran Bretaña tomó el control, expulsó a la autoridad estatal argentina y, desde 1834, instaló una administración permanente que posteriormente promovió la colonización británica del archipiélago.

Una genealogía de dos siglos: la elite portuaria y la "relación especial"

El giro actual no es una ocurrencia: es el último capítulo de una tradición. La relación de sectores de la elite liberal porteña con Gran Bretaña es anterior incluso a la consolidación de la independencia. Tras las invasiones inglesas de 1806 y 1807, rechazadas por fuerzas locales y milicias criollas, el vínculo económico se institucionalizó con rapidez.

En 1824, durante el gobierno bonaerense de Martín Rodríguez, sus ministros Bernardino Rivadavia y Manuel José García gestionaron el empréstito con Baring Brothers. La deuda fue refinanciada durante décadas y terminó de cancelarse en 1905, después de que se pagara casi cinco veces el monto originalmente contraído.

Al año siguiente de la contratación del empréstito, el 2 de febrero de 1825, se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, por el cual Gran Bretaña reconoció la independencia de las Provincias Unidas y consolidó una relación comercial privilegiada. Cuando el 3 de enero de 1833 la corbeta Clio expulsó a las autoridades argentinas de Puerto Soledad, Buenos Aires protestó primero ante el representante británico y Manuel Moreno formalizó luego el reclamo en Londres.

La lectura revisionista —de Scalabrini Ortiz a Jauretche— convirtió esa secuencia en una tesis: la dependencia comercial y financiera condicionó la capacidad de respuesta argentina frente a la ocupación.

El siglo XX aportó la escena más elocuente. En plena negociación del pacto Roca-Runciman de 1933 —que aseguró una cuota de carnes a cambio de amplias preferencias para intereses británicos—, el vicepresidente Julio A. Roca (hijo) hizo suya, al citarla elogiosamente, una fórmula según la cual la Argentina, por su interdependencia recíproca, era, desde el punto de vista económico, "una parte integrante del Imperio Británico". Jauretche y la generación de FORJA denominaron al conjunto de normas vinculadas con aquel acuerdo "Estatuto Legal del Coloniaje". 

No hace falta suscribir cada tesis del revisionismo para registrar el patrón que denuncia: cooperación económica asimétrica sin contrapartida territorial. La pregunta que el oficialismo actual no responde es por qué esta vez el resultado sería distinto.

La seducción ya se probó. Fracasó dos veces.

Lo más notable del "realismo" libertario es que su estrategia tiene antecedentes directos y documentados. El primero fue la "política de seducción" del menemismo en los años noventa, cuando la Cancillería de Guido Di Tella impulsó el acercamiento con los isleños y se firmaron entendimientos sobre pesca y, en 1995, sobre hidrocarburos, bajo fórmulas que preservaban las posiciones de soberanía.

La cooperación produjo resultados prácticos, pero no reabrió una negociación sobre la cuestión de fondo. 

El segundo antecedente fue el macrismo: el comunicado Foradori-Duncan de 2016 expresó la intención de "remover obstáculos" en pesca e hidrocarburos y ampliar las conexiones aéreas, sin una contraprestación equivalente en materia de soberanía. La Argentina dio por terminado ese comunicado y sus efectos en marzo de 2023.

El tercer ensayo está en curso: después de la reunión de Milei y David Cameron en Davos, en enero de 2024, el canciller británico viajó a las islas y reafirmó que la soberanía no estaría en discusión mientras sus habitantes quisieran seguir dentro de la familia británica.

En junio de 2026, el gobierno de Keir Starmer reiteró que no habrá negociación sin el acuerdo y la participación de los isleños. 

La seducción argentina es recibida, agradecida y archivada. Siempre.

El error de teoría: los Estados no devuelven territorio por admiración o simpatía

Aquí es donde la postura oficialista revela su costado más inocente, en el sentido técnico del término. El realismo en política internacional —la escuela que el propio espacio dice profesar— enseña que los Estados ceden territorio cuando los costos de retenerlo superan a los beneficios, no cuando el reclamante les resulta admirable.

Gran Bretaña obtiene de Malvinas licencias pesqueras millonarias, potencial hidrocarburífero, proyección antártica y una base militar de primer orden en Mount Pleasant que ancla su presencia en el Atlántico Sur. Ninguno de esos activos pierde valor porque la Argentina baje la inflación.

La analogía de Hong Kong que ensayó Diana Mondino invierte la lección del caso: Londres devolvió Hong Kong porque expiraba un arrendamiento con base jurídica y porque enfrente había una potencia con capacidad de imponer costos, no porque China la hubiera seducido. 

Si algo demuestra la historia de la propia disputa es lo contrario de la tesis oficialista: el momento en que Gran Bretaña estuvo más cerca de negociar una transferencia coincidió con una intensa acción diplomática argentina. El Memorándum de Entendimiento de 1968 llegó a consensuar un texto sobre soberanía; en 1974 Londres propuso un condominio y en 1980 exploró una transferencia con arriendo simultáneo. El conflicto de 1982 interrumpió ese proceso y desde entonces no volvieron a celebrarse negociaciones bilaterales de soberanía.

¿Ingenuidad o funcionalidad?

Queda la pregunta más áspera, que la tradición soberanista responde sin eufemismos: si los antecedentes de 1833 y 1933 muestran los límites de una relación asimétrica, y las experiencias de los años noventa y de 2016 no produjeron avances en soberanía, ¿estamos ante un error intelectual o ante una política funcional a intereses concretos?

La lectura crítica señala que el alineamiento con el eje anglosajón —del que el gobierno hace bandera— tiene incentivos identificables: acceso a financiamiento, inserción en cadenas de valor extractivas y expectativa de inversiones en energía y minería que requieren buena sintonía con Washington y Londres. En esa matriz, Malvinas corre el riesgo de convertirse en un costo de transacción: un reclamo molesto que conviene administrar en volumen bajo para no perturbar negocios mayores.

No es necesario postular traiciones deliberadas —y esta columna no las postula— para constatar el efecto político: cada concesión discursiva argentina fortalece la argumentación británica, porque exhibe al propio reclamante aceptando como decisivo el lenguaje de la autodeterminación. 

Cuando el presidente de la Nación adopta esa gramática, el Foreign Office no necesita abogados: los encuentra gratis en Buenos Aires. Mientras tanto, la Constitución Nacional ratifica la "legítima e imprescriptible soberanía" argentina y define su recuperación, conforme al derecho internacional y respetando el modo de vida de los habitantes, como un "objetivo permanente e irrenunciable". No la subordina a la voluntad de los aproximadamente 3.600 residentes de una población que la posición jurídica argentina considera implantada después de 1833.

La réplica que ofrecería el oficialismo

El ejercicio crítico obliga a consignar la respuesta de enfrente. El espacio oficialista replicaría, primero, que la dureza tampoco tiene resultados materiales que exhibir: más de seis décadas de resoluciones y exhortaciones desde la Resolución 2065 de 1965 no modificaron la administración efectiva del archipiélago, y la máxima expresión de la vía confrontativa —la guerra— fue una catástrofe que fortaleció la posición británica y profundizó la militarización de las islas. Segundo, que la comparación con 1933 es anacrónica: la Argentina actual no depende del mercado británico y negocia desde otro lugar. Tercero, que cooperación y reclamo no son necesariamente excluyentes. Como prueba citaría el discurso del canciller Pablo Quirno del 10 de junio de 2026, en el que afirmó que "desde entonces, ningún gobierno argentino consintió esa usurpación", la nueva resolución adoptada por el Comité de Descolonización el 25 de junio y la tardía protesta formal presentada el 13 de julio por los movimientos del (*) HMS Medway sin la notificación prevista en los acuerdos bilaterales.

La objeción crítica a esa réplica, con todo, permanece en pie: entre la esterilidad de la retórica y la esterilidad de la seducción, la evidencia disponible no autoriza a llamar "realismo" a la segunda. Realismo sería construir capacidad para imponer costos diplomáticos, económicos y jurídicos, y volver a hacer de Malvinas una cuestión incómoda para Londres.

Todo lo demás es, con generosidad, una expresión de deseos; con menos generosidad, la continuidad de una relación especial que lleva doscientos años rindiendo frutos para una de las dos partes.

(*) El HMS Medway, es un buque de patrulla oceánica diseñados para misiones de larga duración. Patrullero permanente de la Royal Navy en las Islas Malvinas, realiza tareas de vigilancia marítima, protección de recursos pesqueros y apoyo a los territorios británicos en el Atlántico Sur. El 5 de julio atracó en Punta Arenas con la autorización del gobierno chileno, quien regularmente presta apoyo y asistencia a las fuerzas de ocupación inglesas en Malvinas.