Sale Adorni, entra Santilli: Del nuevo rico libertario a la casta con prontuario

El Gobierno nacional decidió reemplazar a Manuel Adorni por Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete. La jugada fue presentada como un intento de ordenar la gestión, recuperar volumen político y abrir una etapa de mayor coordinación con gobernadores, bloques parlamentarios y aliados del PRO. Sin embargo, si el problema era la transparencia, el recambio no parece ofrecer una mejora sustancial.

Adorni se va golpeado por una investigación judicial y por el derrumbe simbólico de su figura pública: el vocero de la austeridad, el funcionario que predicaba contra la “casta”, terminó atrapado en explicaciones patrimoniales, gastos difíciles de justificar y una crisis que desnudó la fragilidad moral del oficialismo.

Santilli entra con otro perfil: no es un recién llegado ni un libertario puro, sino un profesional de la política, formado durante décadas en el Estado (y viviendo de el) y en los engranajes del poder porteño.

El contraste es potente. Sale un nuevo rico de la política libertaria. Entra un "viejo pirata del asfalto", un dirigente moldeado en la administración de la Ciudad de Buenos Aires, en las campañas bonaerenses y en la lógica histórica del PRO. No se trata de una imputación penal, sino de una imagen política: Santilli representa esa política que camina los pasillos, conoce los contratos, negocia con todos y sobrevive a cada cambio de época.

El problema para Milei es que esa figura no refuerza el relato de pureza institucional. Lo debilita.

Santilli llega con una trayectoria extensa. Fue ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, senador nacional, vicejefe de Gobierno de la Ciudad, ministro de Justicia y Seguridad, diputado nacional, ministro del Interior y ahora jefe de Gabinete. Pocos dirigentes expresan con tanta claridad una vida completa dentro del Estado como quien hoy se incorpora al centro del poder libertario.

Ese recorrido también tiene zonas oscuras, o al menos incómodas.

Una de las más relevantes es el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos implementado en la Ciudad de Buenos Aires durante su etapa como ministro de Justicia y Seguridad. La medida fue aprobada por una resolución firmada por Santilli en 2019. Con el argumento de detectar personas con pedido de captura, el gobierno porteño habilitó una herramienta de vigilancia masiva que luego fue suspendida y declarada inconstitucional por la Justicia. Organizaciones de derechos digitales habían advertido sobre riesgos para la privacidad, la intimidad y la posibilidad de usos discriminatorios.

No fue una simple polémica mediática. Fue una política pública concreta, impulsada desde el área que él conducía, que terminó cuestionada judicialmente por falta de controles suficientes y por afectar garantías básicas. Para un gobierno que dice defender la libertad, incorporar al principal cargo de coordinación política a un exresponsable de ese sistema resulta, como mínimo, contradictorio.

También aparece en su historia la gestión ambiental porteña. Santilli defendió en su momento los avances de la Ciudad en la Ley de Basura Cero, pero esos dichos fueron contrastados con datos que mostraban una realidad menos favorable. Durante la gestión macrista, la basura enviada al CEAMSE aumentó y el discurso oficial de eficiencia ambiental quedó lejos de los objetivos declarados. Otra vez, el problema no es sólo judicial: es político. La distancia entre el relato y los resultados.

A esa lista se suman denuncias vinculadas a inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Tras los anegamientos de abril de 2013, vecinos denunciaron penalmente a Mauricio Macri y a varios funcionarios, entre ellos Santilli, por presunto estrago e incumplimiento de deberes de funcionario público. No hay una condena contra él por ese episodio, pero su nombre formó parte de una denuncia que apuntaba a responsabilidades de gestión en una tragedia urbana.

También hubo cuestionamientos por contrataciones y licitaciones durante los años del PRO en la Ciudad.

En el caso de La Usina Producciones, empresa vinculada a Fernando Niembro, distintos medios señalaron que parte de los contratos provenían de áreas del Gobierno porteño, incluida Ambiente y Espacio Público, cartera que había sido conducida por Santilli. En ese expediente no aparece una condena personal contra él, pero el antecedente forma parte del ecosistema de negocios, contrataciones y relaciones políticas que rodeó al macrismo porteño.

Otro capítulo sensible es el financiamiento electoral. La causa conocida como “aportantes truchos” golpeó al PRO bonaerense y terminó con multas firmes contra la alianza Cambiemos por irregularidades en la rendición de campaña de 2017.

Santilli integraba ese universo político y fue mencionado en publicaciones periodísticas sobre el manejo de fondos de campaña. Nuevamente: no se trata de afirmar una condena individual, sino de marcar que su llegada no trae precisamente una hoja en blanco.

El plano patrimonial tampoco está libre de ruido. Investigaciones periodísticas vincularon a la familia Santilli con sociedades offshore y paraísos fiscales, a partir de datos relacionados con filtraciones internacionales como Pandora Papers. La existencia de sociedades offshore no constituye delito por sí misma, pero resulta políticamente significativa cuando quien aparece rodeado de esos señalamientos integra un gobierno que hizo de la transparencia, la ficha limpia y la superioridad moral una bandera permanente.

Ahí está el núcleo del problema: Milei no sólo cambia nombres. Cambia la cara de una contradicción.

Adorni encarnaba el ascenso libertario: el comunicador que pasó de explicar el ajuste a ocupar uno de los cargos más altos del Estado. Su caída expuso la distancia entre el discurso anticasta y las prácticas concretas del poder. Santilli encarna otra cosa: la vieja política profesional, la rosca, el Estado como territorio conocido, la supervivencia dentro de estructuras partidarias, alianzas cambiantes y expedientes incómodos.

Uno se va por nuevo rico. El otro llega como viejo pirata del asfalto, en sentido simbólico: no como acusación penal, sino como postal de una política que conoce cada curva del poder, cada peaje institucional, cada retorno posible del camino estatal.

El Gobierno intenta mostrar conducción. Pero lo que queda a la vista es otra cosa: la transparencia se invoca más de lo que se practica; la honorabilidad se declama con más fuerza cuando escasea; la “nueva política” termina recurriendo a los viejos manuales de la gobernabilidad.

Santilli puede darle a Milei más oficio parlamentario, más diálogo con gobernadores y más músculo político. Pero no le aporta honestidad simbólica. Al contrario: su llegada confirma que, cuando el relato libertario se queda sin respuestas, busca auxilio en los mismos engranajes que decía venir a desmontar.

El recambio, entonces, no purifica. Apenas reordena.

Sale Adorni, pero no sale la contradicción. Entra Santilli, pero no entra la transparencia. Lo que queda es una foto incómoda para el oficialismo: un gobierno que cuanto más habla de honestidad, más necesita explicar a quiénes elige para administrar el poder.