NeuquenNewsEl viernes 26 de junio, en el astillero TKMS Estaleiro Brasil Sul de Itajaí (Santa Catarina), la Marina de Brasil bautizó la fragata "Cunha Moreira" (F202), la tercera de cuatro unidades del Programa Fragatas Clase Tamandaré. El acto contó con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, junto a autoridades civiles, militares y representantes de la industria de defensa.
No fue un acto protocolar más. "Esto, para mí, no es un navío. No es un montón de hierro con productos tecnológicos de primera línea. Esto es el comienzo de un país que va a asumir, de hecho, el derecho de ser soberano", dijo Lula. La frase sintetiza una doctrina que Brasil viene aplicando con persistencia republicana: la defensa como política de Estado y la industria naval militar como palanca de desarrollo tecnológico, empleo calificado y autonomía estratégica.
El Programa Fragatas Clase Tamandaré (PFCT) prevé una inversión total estimada en R$ 13.900 millones hasta 2030, de los cuales R$ 10.500 millones provienen del Nuevo PAC y se proyecta que genere alrededor de 23 mil empleos: 2 mil directos, 6 mil indirectos y 15 mil inducidos. Es uno de los principales programas de modernización de la flota brasileña en décadas, conducido por la Marina junto a la SPE Águas Azuis, integrada por TKMS (Alemania), Embraer y Atech, bajo el gerenciamiento de EMGEPRON.
Las fragatas tienen 107,2 metros de eslora, 15,95 metros de manga, desplazamiento de 3.500 toneladas, 25 nudos de velocidad máxima, 5.500 millas náuticas de autonomía y dotación de 143 tripulantes. Están equipadas con el sistema de defensa antiaérea Sea Ceptor, misiles antibuque MANSUP de desarrollo brasileño, cañón Leonardo de 76 mm, cañones Rheinmetall de 30 mm, tubos lanzatorpedos, radares multifunción, sonar y un sistema moderno de gestión de combate, además de capacidad para operar helicópteros embarcados. Su misión: proteger la denominada Amazonia Azul, un espacio marítimo bajo jurisdicción brasileña de más de 5,7 millones de kilómetros cuadrados que concentra reservas energéticas offshore, rutas comerciales y caladeros pesqueros.
Un detalle clave: la "Cunha Moreira" fue construida íntegramente en Brasil, con mano de obra nacional y transferencia de tecnología desde Alemania. La primera unidad de la clase ya fue incorporada a la Marina en abril de este año; la segunda, "Jerônimo de Albuquerque", inicia próximamente sus pruebas de mar; y la cuarta, "Mariz e Barros", está en construcción en el mismo astillero.
Mientras Brasil invierte para construir, Argentina avanza en sentido opuesto. El 4 de mayo de este año, mediante el DNU 314/2026, el gobierno de Javier Milei oficializó el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA). El decreto, firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Defensa Carlos Presti y el ministro de Economía Luis Caputo, establece un nuevo esquema de financiamiento para las Fuerzas Armadas que contempla la asignación de fondos provenientes de la venta y concesión de inmuebles estatales, así como de los procesos de privatización de empresas públicas contempladas en la Ley Bases (27.742).
En la práctica, el reequipamiento militar argentino queda atado a la velocidad con la que el Estado logre desprenderse de su patrimonio. El esquema dispone que el 10% de los ingresos generados por la venta de empresas públicas, concesiones y licitaciones se destinará al Ministerio de Defensa, mientras que el 70% de lo recaudado por la venta o concesión de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas también irá a esa cartera.
El plan ARMA llega después del desmantelamiento progresivo del FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa), creado por la Ley 27.565 en 2020. El presupuesto 2026 derogó el inciso clave de la norma que establecía la asignación progresiva de hasta el 0,8% de los ingresos corrientes para el fondo, eliminando así la principal fuente de financiamiento estable y creciente para la modernización de las Fuerzas Armadas.
Según el mismo análisis, el presupuesto total de Defensa apenas supera el 0,27% del PBI argentino. Como referencia inversa: el solo programa Tamandaré moviliza fondos comparables a fracciones enteras del presupuesto militar argentino anual.
Entre las empresas listadas para privatización en la Ley Bases figura Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), integrada con el astillero Almirante Storni en el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR). Al ser una Sociedad Anónima, su venta total o parcial inyectaría divisas directas al plan de adecuación militar, eliminando a la vez un déficit operativo que el Gobierno busca cerrar este 2026.
El dato incómodo para esa narrativa: Tandanor venía con balances superavitarios. Especialistas de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval señalaron oportunamente que la empresa tuvo resultados positivos de manera sostenida entre 2020 y 2023, y que opera el Syncrolift más grande de la región — una plataforma de elevación con capacidad para 15.000 toneladas, ventaja competitiva única en Sudamérica para reparación de grandes buques.
A pocos kilómetros, el Astillero Río Santiago (ARS) — donde se construyeron en los años '80 y '90 las corbetas MEKO 140 clase Espora — se encuentra desde hace tiempo en una situación de actividad mínima, sin contratos de envergadura, y con sectores del Estado nacional debatiendo su destino.
Hay un detalle simbólico que duele leer desde la geopolítica regional: las fragatas Tamandaré brasileñas están basadas en el diseño alemán MEKO A-100, evolución del mismo concepto modular que dio origen, hace cuarenta años, a las corbetas MEKO 140 argentinas, construidas bajo licencia en Río Santiago.
Ambos países partieron del mismo punto y de la misma escuela alemana. En Argentina, dos corbetas Meko 140 — el ARA "Rosales" (P-42) y el ARA "Parker" (P-44) — serán reclasificadas como patrulleros oceánicos en Tandanor, lo que implica entre otras cosas el retiro de los lanzadores de misiles MM38 Exocet y la incorporación de lanchas semirrígidas para interceptación. Es decir: degradación de capacidad militar para destinarlas a funciones de patrullaje.
En paralelo, la Armada Argentina opera hoy cuatro patrulleros oceánicos clase Gowind (OPV 90) construidos en Francia, no en astilleros nacionales, y un sistema de vigilancia marítima que se complementará con dos aeronaves Textron B-360ER MPA provistas por Estados Unidos en el marco de la Sección 333 del Departamento de Defensa norteamericano, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales y de la embajada estadounidense. Brasil construye fragatas y forma soldadores, ingenieros y técnicos. Argentina compra plataformas terminadas afuera y financia parte de esas compras vendiendo su propio patrimonio.
La capacidad de patrullar la Zona Económica Exclusiva, de proteger las plataformas offshore en la Cuenca Argentina y de garantizar las rutas comerciales que saldrán desde los puertos patagónicos hacia Asia y Europa no es una abstracción militar.
Brasil, que opera plataformas offshore en el presal y exporta petróleo desde su propia costa, lo entendió hace tiempo: la soberanía sobre el recurso se ejerce también desde la cubierta de un buque construido en casa. Argentina, que aspira a convertirse en exportador energético global a la salida de esta década, atraviesa el camino opuesto: desmantela el instrumento financiero que sostenía a su industria naval militar, lista para venta a sus dos astilleros principales y compra capacidades de vigilancia llave en mano.
Las palabras de Lula en Itajaí — "invertir en la industria naval de defensa es invertir en soberanía" — no son retórica. Son la síntesis de una política pública sostenida en R$ 13.900 millones, en 23.000 empleos, en transferencia tecnológica y en una decisión estratégica de largo plazo.
La pregunta que queda abierta de este lado del Iguazú es si Argentina puede seguir prometiendo "ser potencia energética" sin un correlato de industria de defensa propia capaz de proteger esa misma proyección.
