NeuquenNewsUn recorrido por los datos académicos más recientes, las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y la anatomía del lobby pro-israelí en Washington revela cómo el racismo del siglo XXI se articula desde el poder estatal, se financia con lobbies transnacionales y se legitima con retóricas religiosas y civilizatorias. De Mar-a-Lago a Tel Aviv, la arquitectura de la exclusión tiene nombre y apellido.
El racismo no es una anomalía del pasado. Es un fenómeno en expansión, documentado con precisión científica y respaldado por datos que desafían cualquier narrativa de progreso lineal. El World Justice Project, en su índice global del Estado de Derecho, determinó que el 70% de los países del mundo han visto empeorar la discriminación entre 2021 y 2022, y que desde 2015, la discriminación ha aumentado en tres cuartas partes de los países estudiados.
La UNESCO, por su parte, analizó más de 600.000 artículos publicados entre 2021 y 2024, y sus datos son contundentes: el espectro del daño va desde el abuso verbal —34% de los casos— hasta los ataques físicos —18%— y la discriminación sistémica —25%—, lo que subraya la urgencia de abordar la discriminación en todos los niveles.
La OCDE, en su informe global de experiencias de discriminación de octubre de 2025, señala que las tasas de discriminación autoinformadas son más altas entre quienes pertenecen a minorías étnicas, raciales, religiosas o sexuales, con más de la mitad de los encuestados en Europa afirmando haber sufrido discriminación en el año previo, frente a un 20% de los no pertenecientes a minorías.
Estos datos no surgen en el vacío. Tienen un contexto político preciso: el avance coordinado de movimientos de extrema derecha que han convertido la xenofobia, el racismo y el miedo al "otro" en su combustible electoral.
En Europa, la derecha radical está representada actualmente en los gobiernos de países como Polonia, Hungría, Suiza, Finlandia, Turquía, Italia y los Países Bajos. En América, los gobiernos de Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina y Trump en Estados Unidos emergieron bajo la misma corriente ideológica.
Los resultados electorales confirman la tendencia. En las elecciones de 2024, el partido Reform del Reino Unido obtuvo el 14,3% de los votos, el Rassemblement National de Francia alcanzó el 33,1% en la primera vuelta de las elecciones legislativas, y el Partido de la Libertad de Austria obtuvo el 28,8%. En febrero de 2025, la AfD alemana consiguió el 20,8% del voto total y 152 escaños en el Bundestag.
Esta no es una tendencia espontánea. Investigadores del Center for the Study of Organized Hate documentan que la ideología del nacionalismo cristiano blanco —dominante en el movimiento MAGA de Estados Unidos— no se ha limitado al territorio norteamericano, sino que se ha difundido y permeado por toda la derecha global, donde movimientos paralelos han adoptado las mismas narrativas de cambio demográfico y amenaza cultural. La teoría del "Gran Reemplazo", importada de la extrema derecha francesa e instalada hoy en el corazón del discurso conservador anglosajón y europeo, es uno de los ejemplos más claros de esta internacionalización del odio.
Donald Trump no inventó el racismo sistémico estadounidense, pero su administración lo institucionalizó de forma inédita. Un estudio publicado en 2025 en la revista académica Frontiers in Public Health concluye que aunque Trump no inventó el sistema migratorio de Estados Unidos, su administración lo "weaponizó" —lo convirtió en arma— de manera única entre las administraciones presidenciales recientes.
Los efectos fueron inmediatos y medibles. Tras la victoria electoral de Trump en 2024, hubo una oleada significativa de odio en línea contra los asiáticos en Estados Unidos, con amenazas violentas que aumentaron un 59% entre noviembre y diciembre de 2024, y el número de insultos racistas anti-asiáticos registró el nivel más alto desde que comenzó el seguimiento.
La política educativa completó el cuadro. A partir de enero de 2025, leyes que restringen la enseñanza sobre el racismo habían sido introducidas en 44 estados, y 18 estados las habían sancionado. Se trata de la supresión institucional de la memoria y el análisis crítico sobre la raza: no se puede combatir lo que no se puede nombrar.
El dato que resume la alianza entre el establishment político y el negacionismo racial: en uno de sus primeros actos al regresar al poder, Trump indultó a los 1.500 individuos que habían sido acusados en relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
El sionismo, entendido como movimiento político nacional-étnico surgido en el siglo XIX, tiene hoy su expresión más controvertida en las políticas del Estado de Israel hacia la población palestina. Esta crítica no proviene de los márgenes: emana de los organismos jurídicos más respetados del mundo.
El hito más significativo ocurrió el 19 de julio de 2024. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitió una opinión consultiva histórica. La conclusión fue clara: la ocupación y la anexión israelí de los territorios palestinos son ilegales, y las leyes y políticas discriminatorias de Israel contra los palestinos violan la prohibición de segregación racial y apartheid. Lo de Palestina es, sin eufemismos, un genocidio, una operación de limpieza étnica que se está ampliando a países como El Líbano, Cisjordania, Yemen y seguramente continuará ante la ausencia de consecuencias.
La organización de derechos humanos Amnesty International fue aún más directa al describir el mecanismo: la prolongada ocupación ilegal de Israel y décadas de apartheid han requerido un apoyo en profundidad a través de relaciones económicas y comerciales, y los estados y empresas de todo el mundo están habilitando o beneficiándose de las prolongadas violaciones del derecho internacional de Israel.
La base legal de este sistema tiene nombre y fecha. En 2018, el Knesset israelí aprobó la Ley de Estado-Nación del Pueblo Judío. Según el Centro Legal Adalah para los derechos de las minorías árabes en Israel, esta ley —que tiene características distintivas del apartheid— garantiza el carácter étnico-religioso de Israel como exclusivamente judío y consolida los privilegios de los ciudadanos judíos, mientras simultáneamente ancla la discriminación contra los ciudadanos palestinos y legitima la exclusión, el racismo y la desigualdad sistémica.
La norma codificó en ley básica lo que ya existía en la práctica. Dentro de Israel existen ciudadanos divididos en categorías "nacionales" de "judío", que les otorga un conjunto de derechos y privilegios superiores, o "árabe", con derechos y privilegios comparativamente restringidos. Esta separación fue reiterada cuando Israel aprobó la Ley de Estado-Nación en 2018, esencialmente codificando décadas de discriminación.
Lo llamativo es que 24 estados y tres organizaciones internacionales, en las audiencias ante la CIJ, afirmaron que las políticas y prácticas de Israel constituyen un sistema de discriminación racial institucionalizada e incumplen la prohibición del apartheid bajo el derecho internacional.
Human Rights Watch fue igualmente contundente: en un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia encontró múltiples y graves violaciones del derecho internacional por parte de Israel hacia los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo, por primera vez, hallar a Israel responsable de apartheid.
La política exterior de Estados Unidos hacia Israel no se explica únicamente por alineamientos estratégicos: existe un poderoso aparato de lobby que la moldea activamente. El American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) es su expresión más influyente.
AIPAC es uno de los grupos de lobby más influyentes de Estados Unidos. En 2021, formó su propio comité de acción política y anunció planes para un Super PAC, que puede gastar dinero en nombre de los candidatos.
El análisis académico sobre su funcionamiento es extenso. Investigadores de la Universidad de Oregon documentan que la oposición política a Israel suele ser limitada debido a la impopularidad y el costo político que enfrentan quienes critican a Israel y la relación con AIPAC.
La Bruin Political Review de UCLA publicó en 2025 una investigación donde concluye que AIPAC y sus comités afiliados han demostrado cómo los grupos de lobby étnicos pueden influir de manera desproporcionada en la política estadounidense, y que su creciente influencia electoral está redefiniendo los límites del discurso político aceptable en torno a Israel.
Significativamente, este lobby no es exclusivamente judío. Los grupos evangélicos cristianos que hacen lobby en nombre de Israel son tan numerosos que resulta imposible listarlos, y según la autora Michelle Goldberg, los evangélicos tienen una influencia sustancial sobre la política de Medio Oriente de EE.UU., incluso mayor que la de AIPAC en ciertos aspectos. El sionismo cristiano —que espera el retorno de los judíos a Palestina como requisito del Apocalipsis— es hoy uno de los pilares más potentes del apoyo incondicional a Israel desde Washington, una combinación singular de mesianismo religioso e interés geopolítico.
Lo que emerge de este panorama es una estructura de poder interconectada. La derecha radical en Europa y América alimenta el racismo cotidiano contra migrantes y minorías. El gobierno de Trump desmanteló las políticas de diversidad e inclusión y normalizó el lenguaje de la supremacía blanca. Y el Estado de Israel, respaldado por el lobby de Washington, aplica sobre los palestinos un sistema que la propia CIJ califica de discriminación racial sistémica y apartheid.
La derecha radical se caracteriza por el autoritarismo, el racismo, la misoginia, la homofobia, la retórica divisiva y la propensión a la violencia, y a menudo emplea argumentos negacionistas contra la evidencia científica. En ese ecosistema, la islamofobia funciona como bisagra: vincula el discurso antimigrante europeo con la narrativa de seguridad israelí, y ambos con el trumpismo norteamericano.
El neo-nazismo y las narrativas de extrema derecha no especificadas impulsaron la mayoría de los incidentes de violencia registrados en agosto de 2025, con la supremacía blanca y el antisemitismo como elementos centrales del ecosistema de extrema derecha. De particular preocupación es la creciente influencia del Nacionalismo Cristiano Blanco, que enmarca a las naciones occidentales como patrias cristianas asediadas.
La paradoja es llamativa: el mismo movimiento político que usa el antisemitismo como acusación para silenciar la crítica a Israel es, históricamente, el que más ha producido antisemitismo real en el mundo. El uso instrumental de esa acusación —calificar de antisemita toda crítica a las políticas del gobierno israelí— es hoy una de las herramientas más eficaces para bloquear el debate democrático.
El racismo del siglo XXI no usa siempre capucha ni uniforme. Se presenta como política migratoria, como legislación de "seguridad nacional", como ley de estado-nación, como orden ejecutiva. Se financia con lobbies, se legitima con retóricas de civilización amenazada, y se ampara en mandatos religiosos —ya sea el "Gran Reemplazo" cristiano o la promesa bíblica de la Tierra— para justificar la exclusión, la expulsión y la muerte.
Desde 2015, la discriminación ha aumentado en tres cuartas partes de los países estudiados por el World Justice Project. No es un accidente. Es el resultado de decisiones políticas, alianzas económicas y estructuras de poder que trascienden fronteras.
Nombrarlas con precisión —sin demonizar pueblos ni religiones, pero sin eufemismos sobre los sistemas de poder que producen injusticia— es el primer acto de resistencia periodística y ciudadana.
Toda esta arquitectura de odio —el racismo de Estado, la xenofobia electoral, el apartheid legal, el lobby que dobla voluntades en el Congreso— no es el objetivo en sí mismo. Es el método. El destino final es otro, y tiene una lógica fría y precisa: la concentración del poder económico y del control sobre la vida y el destino de las personas en manos de una minoría cada vez más pequeña y cada vez más blindada.
No es una teoría conspirativa. Es aritmética política documentada. El economista francés Thomas Piketty demostró con décadas de datos que el capital tiende naturalmente a concentrarse en pocas manos cuando no existen contrapesos institucionales que lo redistribuyan. Y esos contrapesos —sindicatos, Estado de bienestar, regulación financiera, prensa libre, educación pública crítica— son exactamente lo que los movimientos de extrema derecha desmantelan en cuanto acceden al poder. No es coincidencia: es programa.
La lógica es antigua y eficaz. Un pueblo que debate quién tiene la culpa de su miseria —si el migrante, el musulmán, el judío, el negro, el comunista, el "globalista"— es un pueblo que no mira hacia arriba. Que no pregunta quién posee los medios de producción, quién fija el precio de la energía, quién decide qué guerras se financian y cuáles se ignoran, quién cobra los intereses de la deuda soberana de los países del Sur Global. El racismo, en ese sentido, es el ruido que impide escuchar la pregunta correcta.
Elon Musk, el hombre más rico del planeta, financia movimientos de extrema derecha en Europa y Estados Unidos al mismo tiempo que gestiona infraestructura satelital de uso militar, redes sociales con alcance global y contratos con el gobierno federal norteamericano. Benjamin Netanyahu govierna un Estado que la CIJ califica de apartheid mientras recibe miles de millones en ayuda militar estadounidense y blinda esa relación con un aparato de lobby que silencia la disidencia legislativa. Los fondos de inversión más grandes del mundo —BlackRock, Vanguard, State Street— son accionistas simultáneos de las industrias de armas, medios de comunicación, energía y tecnología que hacen posible esta maquinaria.
No son actores separados que coinciden. Son nodos de una red donde el poder económico y el poder político se retroalimentan, y donde la división social es el lubricante que mantiene el sistema en movimiento. Cuando los pobres de Alabama odian a los migrantes mexicanos, cuando los trabajadores franceses votan al Rassemblement National, cuando los ciudadanos israelíes aprueban bombardear Gaza, cuando los argentinos aplauden el desguace del Estado: en todos esos momentos, alguien en la cima de la pirámide respira aliviado. El conflicto horizontal —entre iguales que se perciben como enemigos— es el mejor seguro de vida del poder vertical.
La filósofa política Hannah Arendt advirtió que el totalitarismo no necesita convencer a todos: solo necesita que nadie confíe en nadie. El racismo cumple exactamente esa función. Rompe la solidaridad de clase, de barrio, de especie. Convierte al vecino en amenaza y al oligarca en protector. Y mientras la atención pública está capturada por el pánico al "otro", se firman los tratados de libre comercio que destruyen salarios, se privatizan los servicios públicos que sostienen a los más vulnerables, se aprueban las leyes que blindan la riqueza heredada y se desfinancian los sistemas de salud, educación y vivienda que podrían nivelar el tablero.
El racismo no es una pasión primitiva que sobrevive a pesar de la modernidad. Es una herramienta moderna, sofisticada y rentable. Y mientras no se nombre ese vínculo entre odio y acumulación, entre discriminación y concentración, entre división y dominación, cualquier lucha antirracista seguirá siendo, en el mejor de los casos, incompleta.
Fuentes: World Justice Project Rule of Law Index; UNESCO Global Outlook on Racism and Discrimination (2024); OCDE Global Experiences of Discrimination (2025); American Journal of Public Health (2025); Amnesty International; Human Rights Watch; Corte Internacional de Justicia, opinión consultiva del 19 de julio de 2024; Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel; Bruin Political Review (UCLA); Frontiers in Public Health; Center for the Study of Organized Hate.
