NeuquenNewsLuego del fallo en la Justicia estadounidense que le dio la razón a la Argentina y estableció que la reeestatización de YPF fue 100% legal, el fondo buitre Burfod, un holding cuyo negocio es la especulación en este tipo de litigios, se prepara para llevar el caso al CIADI, otro tribunal para este tipo de controversias. Desde la Procuración del Tesoro, cabeza de los abogados del Estado argentino, confirmaron a El Destape que el fondo buitre los notificó de esta maniobra.
El fondo buitre Burford inició esta jugada con un pedido a la jueza Loretta Preska para que revea una decisión previa en la que estableció que toda la información revelada en su tribunal sólo se podía utilizar para ese juicio en Estados Unidos. Es evidente que si pide eso es que planea usarla en otra demanda y todas las fichas apuntan al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, más conocido por sus siglas CIADI.
En paralelo desde Burford insistirán en apelar el fallo en su contra y que la Corte Suprema de Estados Unidos intervenga. El máximo tribunal estadounidense toma muy pocos casos al año. Podría intervenir en este ya que es uno de los más grandes de la historia, pero nada indica sea para revertir el fallo en favor de Burford tras la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dijo, de forma taxativa, que la decisión impulsada por CFK y Axel Kicillof fue legal. Todos los caminos apuntan a que apuesten por el CIADI.
El CIADI funciona bajo la órbita del Banco Mundial y es donde tramitan muchos juicios de empresas contra países. La Argentina tiene el triste récord de ser el país con más juicios en contra en el CIADI, producto de los tratados de protección de inversiones leoninos firmados por Carlos Menem durante su gobierno.
En principio Burford tiene pocos argumentos para ganar en el CIADI. Pero como su negocio es financiero, la especulación jurídica, eso no es óbice para que lo intenten. Por lo pronto, si generan expectativa de un nuevo litigio puede que levanten un poco el valor de sus acciones, que se desmoronaron tras el fallo adverso en la Justicia estadounidense. Y, por otro lado, reaviva la negociación paralela que llevaba con el gobierno de Javier Milei, ya que con la excusa de una nueva demanda pueden intentar arreglar por fuera como lo hicieron, de forma trunca, mientras el juicio estaba en Nueva York. La mecánica es siempre la misma: amenaza de juicio, arreglo supuestamente por menos.
Burford tiene, obviamente, el fallo en contra de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Tiene, además, una contradicción argumental. En el pleito en Estados Unidos basó su posición en que era un tema contractual, que el Estado argentino no cumplió con el estatuto de YPF que obligaba a hacer una Oferta Pública de Acciones (OPA) a un precio sideral a quien comprara el 51% de la empresa. Como fue una expropiación y no una compra esa OPA no se realizó. Y la justicia estadounidense reconoció que la expropiación es parte de la legislación argentina, se hizo cumpliendo la ley argentina y por eso no había nada más que discutir. Si van al CIADI en lugar de discutir el estatuto de YPF tendrían que plantear lo contrario, que era un tema de soberanía y protección de inversiones, lo contrario a lo que dijeron durante 10 años.
Por otro lado, Burford debería explicar por qué va al CIADI 15 años después de la expropiación de YPF.
Un punto clave es que el tratado designa como inversores a “las personas jurídicas, incluidas compañías, sociedades mercantiles y otras organizaciones que se encuentren constituidas según el derecho de esa Parte y tengan su sede en el territorio de esa misma Parte”. Burford está constituido en Guernsey, una isla en el mar británico que opera como una guarida fiscal. Y la familia Eskenazi, que le vendió parte del juicio a Burford, armó un entramado de sociedades que incluye España y otros países pero es una familia argentina, no un inversor extranjero.
Sebastián Soler, ex procurador del Tesoro que tuvo a su cargo la coordinación de la defensa del país en el caso YPF y en todos los juicios internacionales durante el gobierno anterior, advirtió en su cuenta de X: “Otra más del rubro ‘Menem lo hizo’: Para intentar resucitar en el CIADI su demanda fracasada en Nueva York, Burford se basará probablemente en el tratado bilateral de inversión que el gobierno de Menem firmó con España en 1991, un año antes de que su gobierno privatizara YPF”
Ese acuerdo de protección recíproca (SIC) de inversiones con España fue suscripto por Menem el 3 de octubre de 1991. Ningún gobierno posterior desarmó ese andamiaje que encadena al país a juicios en el extranjero, sea en tribunales de Estados Unidos u organismos como el CIADI.
¿Por qué ningún gobierno los modificó? Algunos lo explican porque tiene mucho costo político y el beneficio llegaba terminado el mandato. El tratado establece que si un país lo da de baja seguirá “aplicándose por un período de diez años a las inversiones efectuadas antes de su denuncia”. O sea, dos gobiernos y medio más, ningún presidente verá en su mandato el fruto de romper este engranaje de sometimiento. Pero eso no debería ser excusa para mantenerlo.
Casi un año después de la firma de ese acuerdo, el 24 de septiembre de 1992, el Congreso aprobó la ley 24.145 que declaró a YPF sujeta a la privatización. Algunos nombres de los que votaron esa ley aún circulan, como los entonces senadores Eduardo Menem y Juan Carlos Romero y los entonces diputados Juan Carlos Maqueda, Oscar Parrilli, Carlos Ruckauf, Felipe Solá y Miguel Ángel Toma, entre otros. El proyecto venía del Ejecutivo con las firmas de José Luis Manzano, Domingo Cavallo, León Arslanian y Guido Di Tella. Todo se detalla en el libro “A quién no votar” de Carlos Lafforgue, que dejó registro de quienes aprobaron “las leyes más oprobiosas”.
Recién se revirtió 20 años después, en 2012, cuando el mismo Congreso vota la reestatización de YPF. Fue legal, pese a la trampa que dejó Menem en el estatuto al privatizarla. Ahora el fondo buitre va por otro camino que también les balizó Menem: el CIADI.
