NeuquenNewsATE Río Negro volvió a poner en discusión la situación del sistema público de salud al advertir que el recorte y la limitación de horas extras en hospitales puede resentir servicios esenciales en distintos puntos de la provincia. El reclamo apunta contra la aplicación de topes para trabajadores encuadrados en la Ley 1844 y contra la demora en el pago de excedentes ya trabajados, en un contexto que el propio gremio vincula con falta de personal y mayor presión sobre la atención pública.
La controversia no es nueva. En enero, una resolución de la Función Pública de Río Negro fijó topes para el pago de horas extras en hospitales y dejó abierta una fuerte discusión porque varios sectores entendieron que quedaban parcial o totalmente excluidos del reconocimiento de ese adicional. Según informó Diario Río Negro, la resolución 52 estableció límites para distintas funciones y generó inquietud entre áreas administrativas, de apoyo y otros sectores hospitalarios que ya venían cubriendo déficit de personal con prolongación de jornadas.
ATE había advertido ya en ese momento que la medida implicaba un “grave ajuste” en hospitales, especialmente por la escasez de recursos humanos en áreas sensibles. El sindicato sostuvo que la reducción o el desconocimiento de horas extraordinarias afecta tareas claves para el funcionamiento cotidiano de los nosocomios, desde servicios de apoyo hasta oficinas administrativas indispensables para sostener la operatoria sanitaria.
En los últimos días, el conflicto sumó otro capítulo con el reclamo por los excedentes de horas extras de febrero que no fueron liquidados junto con los salarios de marzo. De acuerdo con ATE Río Negro, se trata de horas ya realizadas por el personal y autorizadas en cada hospital en función de necesidades concretas. El gremio cuestionó que se castigue a trabajadores que cubrieron faltantes reales del sistema mientras el Gobierno argumentó que no todos los excedentes estaban debidamente justificados.
El Gobierno provincial, por su parte, empezó a mostrar una posición de corrección parcial, aunque sin desmontar el esquema general. Según declaraciones publicadas el 3 de abril, el gobernador Alberto Weretilneck afirmó que la política de fijar límites a las horas extras “no se va a rever”, pero admitió que podrían analizarse excepciones cuando la falta de personal afecte servicios hospitalarios. En esa línea, se señaló que la flexibilización sería evaluada caso por caso.
Ese punto expone el núcleo del problema: el Estado intenta ordenar y limitar el gasto en extras, pero termina reconociendo que el sistema funciona, en muchos casos, gracias a ese mismo mecanismo. Si para sostener servicios básicos hay que habilitar excepciones permanentes, la discusión deja de ser meramente administrativa y pasa a revelar un déficit estructural de personal. La contradicción es evidente: se quiere ajustar una herramienta que, según el propio debate oficial, viene cubriendo vacíos que la planta regular no logra absorber. Esta última observación es una inferencia basada en las advertencias gremiales y en la admisión oficial de que podrían habilitarse excepciones por falta de personal.
Además, la tensión se produce en un momento especialmente sensible para la salud pública. El sindicato sostiene que la demanda crece por el aumento poblacional y por las dificultades de acceso al sistema privado, mientras en hospitales persisten faltantes de personal y servicios sostenidos al límite. En ese marco, el pago diferido prometido para el 15 de abril puede descomprimir parcialmente el malestar salarial, pero no resuelve el fondo del conflicto: la fragilidad operativa de hospitales que dependen cada vez más de jornadas extendidas para seguir funcionando.
