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Ocho allanamientos en Plottier, Neuquén y Cipolletti por una investigación de presunta defraudación contra la administración pública

El MPF realizó operativos en la Municipalidad de Plottier y en el domicilio del intendente Luis Bertolini. La denuncia apunta a una exención de tasas al barrio privado Los Canales y a posibles irregularidades en contrataciones de obra pública.
REGIONALES06/02/2026NeuquenNewsNeuquenNews
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Luis Bertolini Intendente de Plottier

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, a través de la fiscalía de Delitos Económicos, llevó adelante ocho allanamientos en Plottier, Neuquén y Cipolletti en el marco de una investigación por presunta defraudación contra la administración pública, entre otros delitos.

Los procedimientos se realizaron esta mañana (6 de febrero de 2026) con personal de la Policía provincial y fueron autorizados por la jueza de garantías Carina Álvarez. Según la información difundida por el MPF y replicada por medios regionales, cinco operativos se desplegaron en Plottier —incluyendo la sede del municipio y la casa del intendente Luis Bertolini—, dos en la ciudad de Neuquén y uno en Cipolletti.

La investigación está a cargo de la fiscalía de Delitos Económicos, integrada por los fiscales Juan Manuel Narváez y Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, y se inició a partir de una denuncia presentada a mediados de enero.

De acuerdo con la denuncia, se señalan dos hechos bajo análisis. Por un lado, el decreto 646/25, mediante el cual el Ejecutivo municipal habría eximido del pago de tasas municipales a vecinos y vecinas del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025. Por el otro, se menciona un posible manejo irregular en la contratación de una empresa privada para la realización de obras públicas, cuyos socios tendrían vínculos con autoridades municipales.

El objetivo de los allanamientos es secuestrar documentación e información en soporte físico y digital vinculada a esos ejes, para avanzar con medidas de análisis y contraste de la evidencia.

Los presuntos delitos investigados son administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatible con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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