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El Gobierno avanza con el plan para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25 que refromó la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y habilitó los cambios en la Ley de Inteligencia. El DNU ingresó en ambas cámaras para ser tratado en el Congreso de la Nación.
La iniciativa, que contó con la firma del presidente Javier Milei y el resto del Gabinete, entró hoy por mesa de entrada en el Senado, mientras que ayer lo hizo en Diputados. De esta manera, en teoría, habrá un plazo de diez días para que la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo lo trate. Sin embargo, como no está conformada, recién el 29 de enero las dos Cámaras podrán debatir la validez del DNU en el recinto.
La ley marca que para hacer caer un DNU ambas Cámaras deben rechazarlo por mayoría simple, como ocurrió el año pasado con el decreto que aumentaba los fondos de la SIDE. Es decir, el Gobierno puede concentrarse solo en una de las Cámaras para blindar la reforma de Milei, tal como hizo con el DNU 70/2023 de reforma del Estado, que fue rechazado en el Senado pero nunca llegó al recinto en Diputados por falta de votos opositores.
En ese sentido, la medida que aprobó el Poder Ejecutivo busca reordenar la estructura de todas las áreas, creando agencias, dejando sin funcionar otras y unificando tareas para mejorar el intercambio de datos. Así, se redefinen las competencias institucionales, limita la Agencia de Seguridad Nacional únicamente a tareas de contrainteligencia y se eliminan organismos superpuestos como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, el decreto no modifica la conducción actual de la Secretaría de Inteligencia de Estado. La SIDE continuará encabezada por Cristian Auguadra como titular del organismo, con Diego Kravetz como segundo. Auguadra desarrolló su carrera en la estructura de inteligencia y llegó a la conducción tras desempeñarse en el área de Asuntos Internos, donde fue sucedido por Diego Enrique Valdiviezo.
“Permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”, señalaron las autoridades en el texto. A su vez, destacaron que los cambios responden “a los más altos estándares democráticos y republicanos”, señalaron en un comunicado.
Desde distintos sectores de la oposición política plantearon dudas y cuestionamientos a la reforma y anticiparon que la Comisión Bicameral de Inteligencia elaborará un pedido de informes a la Casa Rosada. Más allá de las críticas, al ser un DNU, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para sostener su plena vigencia.
Entre los puntos más cuestionados por la oposición se destaca la habilitación para que el personal de Inteligencia ejecute aprehensiones de personas, bajo supuestos expresamente delimitados. Además, apuntan a que una reforma tan sensible haya sido realizada por decreto y plantearon que no existió un contexto de “necesidad y urgencia”, por lo que reclaman que el DNU sea tratado inmediatamente en el Congreso.
En ese contexto, diputados de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron notas ante el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su par del Senado, Victoria Villarruel, para que conforme dos comisiones clave: la bicameral de Inteligencia y la bicameral de Trámite Legislativo.
La primera tiene 14 miembros, siete por cada Cámara, y se encarga de monitorear las actividades de los organismos de inteligencia. La segunda, con 16 miembros, se encarga de determinar si los decretos presidenciales son válidos.
Ante la consulta de Infobae, fuentes del oficialismo dieron a entender que parte de la estrategia será no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios para estirar su debate hasta marzo. Por lo tanto, la oposición no tendrá más alternativa que esperar a que se venzan los plazos mínimos estipulados en la ley que regula los DNU.
La oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.
Al igual que con la discusión del Presupuesto, la posición de los gobernadoresy del radicalismo terminará de inclinar la balanza. Estos últimos, hasta el momento, guardaron un silencio absoluto sobre el tema. Mientras que desde el PRO se pronunciaron a favor de la medida a través de un comunicado.
