NeuquenNews
La reciente liberación de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, tras recibir un indulto otorgado por Donald Trump, reabrió un debate de fondo que trasciende lo judicial y se inscribe de lleno en la geopolítica hemisférica. Hernández había sido condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico, acusado de aceptar sobornos de carteles de la droga y de facilitar el tránsito de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense. Sin embargo, fue liberado por una decisión política que desactivó una sentencia firme de la propia Justicia norteamericana.
Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022, tras consolidar su poder desde la presidencia del Congreso Nacional. Su reelección fue cuestionada por amplios sectores sociales y organismos internacionales, en un país marcado por altos niveles de pobreza, violencia estructural y dependencia económica. Tras dejar el poder, fue extraditado a Estados Unidos, donde se convirtió en el primer expresidente hondureño condenado por narcotráfico en una corte federal estadounidense.
El indulto de Trump, lejos de ser un gesto aislado, debe leerse en el marco de una política exterior que combina retórica dura, selectividad judicial y presión militar. En los últimos años, el expresidente estadounidense ha promovido —y vuelto a verbalizar— amenazas de intervención directa en México, argumentando la necesidad de combatir a los carteles; ha endurecido su discurso hacia Colombia, país históricamente alineado con Washington pero señalado por el fracaso del modelo antidrogas; y ha sostenido una política de hostigamiento permanente hacia Venezuela, donde el narcotráfico aparece como uno de los justificantes discursivos para sanciones y eventuales acciones de fuerza.
La contradicción es evidente: mientras se amenaza con el uso de la fuerza contra Estados soberanos en nombre de la lucha contra las drogas, se libera a un exjefe de Estado condenado precisamente por haber sido parte estructural de ese negocio ilícito. El mensaje implícito es claro y profundamente inquietante para la región: no se persigue el narcotráfico en sí, sino a quienes no encajan en el esquema de alianzas estratégicas de Washington.
Tras conocerse la liberación de Hernández, la Fiscalía de Honduras activó nuevas órdenes de captura por delitos como lavado de activos y corrupción, evidenciando el contraste entre la búsqueda de justicia local y la decisión política tomada desde Estados Unidos. Para amplios sectores latinoamericanos, el caso refuerza una percepción histórica: la “guerra contra el narcotráfico” ha funcionado más como instrumento de disciplinamiento geopolítico que como una política eficaz para reducir el tráfico, la violencia o la corrupción.
El indulto a Juan Orlando Hernández no solo reescribe la historia judicial de un expresidente centroamericano. También desnuda una lógica de poder donde la legalidad es flexible, la justicia es selectiva y la soberanía latinoamericana sigue siendo un concepto negociable frente a los intereses estratégicos de Estados Unidos. En ese marco, las amenazas de intervención dejan de ser una anomalía para convertirse en parte de una doctrina no declarada, donde el narcotráfico es la excusa y el control político el verdadero objetivo.
