NeuquenNewsHay pocas políticas exteriores en la historia moderna que combinen con tanta claridad la hipocresía, la crueldad sistémica y el fracaso estratégico como el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Durante más de seis décadas, Washington ha aplicado sobre la isla una presión económica, diplomática y encubierta de una magnitud sin precedentes en tiempos de paz, utilizando como principal herramienta de castigo no al gobierno que dice combatir, sino al pueblo cubano de a pie.
Llamarlo "embargo" —como prefiere la diplomacia norteamericana— es una concesión semántica que conviene rechazar desde el inicio. Un embargo es una medida comercial. Lo que Estados Unidos aplica sobre Cuba desde 1962 es un bloqueo total: una guerra económica de largo aliento diseñada para asfixiar a una nación soberana hasta que su población, por hambre y desesperación, haga el trabajo que Washington no se anima a hacer abiertamente.
El bloqueo no comenzó con la Revolución cubana como ideología: comenzó como respuesta a la soberanía. Cuando el gobierno de Fidel Castro nacionaliza las propiedades estadounidenses en la isla —muchas de ellas vinculadas a empresas que operaban en condiciones que hoy cualquier tribunal internacional catalogaría como explotación colonial— Washington responde con furia desproporcionada. Lo que siguió no fue diplomacia. Fue guerra encubierta.
La CIA organizó la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, una operación que terminó en derrota militar y vergüenza internacional para la administración Kennedy. Luego vino la Operación Mongoose, un programa sistemático de sabotaje, terrorismo económico y decenas de planes de asesinato contra Fidel Castro, documentados en los propios archivos desclasificados del gobierno estadounidense. Bombas en instalaciones industriales, envenenamiento de cosechas, ataques a barcos pesqueros: métodos que, aplicados por cualquier otro actor, serían denominados sin dudar terrorismo de Estado.
La Ley Helms-Burton de 1996 profundizó el cerco al penalizar a empresas de terceros países que hicieran negocios con Cuba, en una aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense que viola abiertamente el derecho internacional. En otras palabras: Washington no solo bloqueó a Cuba, sino que amenazó al mundo entero con represalias si osaba comerciar con la isla.
Conviene detenerse aquí y ser brutalmente claros sobre lo que significa este bloqueo en términos humanos.
En la vida cotidiana, las consecuencias de este esquema de presión sostenida se traducen en un deterioro palpable de las condiciones básicas de existencia. La población cubana enfrenta cortes de energía prolongados que afectan la conservación de alimentos, el acceso al agua y el funcionamiento de hospitales; escasez recurrente de productos esenciales como harina, aceite, medicamentos e insumos médicos; y una inflación informal que erosiona cualquier ingreso fijo. A esto se suma la imposibilidad de acceder a tecnologías, repuestos o financiamiento internacional, lo que paraliza sectores productivos y limita la generación de empleo.
El resultado es una economía de subsistencia, donde amplios sectores dependen de remesas o redes informales, mientras aumenta la migración como única salida viable para miles de personas que no encuentran perspectivas dentro del país.
La Asamblea General de Naciones Unidas ha votado año tras año —con mayorías aplastantes que rondan los 180 países contra apenas dos o tres— exigiendo el fin del bloqueo. En 2023, 187 naciones se pronunciaron contra el cerco. Solo Estados Unidos e Israel votaron a favor de mantenerlo. La comunidad internacional no podría ser más clara: lo que Washington hace sobre Cuba es condenado como ilegal e inhumano por prácticamente todo el planeta. Y sin embargo, el bloqueo continúa.
Frente a la presión estadounidense, hubo —y hay— países que eligieron la dignidad internacional sobre la conveniencia geopolítica. Vale la pena nombrarlos.
La Unión Soviética y luego Rusia fueron el sostén histórico de Cuba durante décadas, y Moscú ha mantenido vínculos económicos y diplomáticos con La Habana independientemente de las presiones de Washington. Cuando la URSS se desintegró y Cuba vivió el durísimo "Período Especial", fue el aislamiento estadounidense —y no la solidaridad internacional— el que agravó la crisis.
China ha profundizado en los últimos años su relación con Cuba de manera decidida, convirtiéndose en uno de sus principales socios comerciales. Pekín no solo ignora las amenazas de sanciones secundarias de Washington, sino que ha invertido activamente en la isla, en sectores que van desde las telecomunicaciones hasta la producción de níquel.
Venezuela protagonizó uno de los gestos de solidaridad más concretos de la historia reciente: el acuerdo Petrocaribe permitió a Cuba acceder a petróleo venezolano en condiciones preferenciales, aliviando de manera significativa la crisis energética cubana durante años. La respuesta de Washington fue intensificar también las sanciones sobre Venezuela.
México ha mantenido históricamente una política de no alineamiento respecto a Cuba que desafió durante décadas la presión norteamericana. Fue el único país latinoamericano que no rompió relaciones con La Habana tras la Revolución. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llevó esa tradición más lejos, con visitas de alto nivel y declaraciones públicas de solidaridad que irritaron visiblemente a Washington.
España y varios países de la Unión Europea han mantenido relaciones comerciales y diplomáticas con Cuba a pesar de las presiones, aunque con una postura más ambigua que oscila entre el pragmatismo económico y la presión estadounidense. En particular, España ha sido históricamente el puente entre Cuba y Europa, manteniendo vínculos culturales, migratorios y comerciales que ningún gobierno de Madrid ha querido sacrificar del todo en el altar de la política exterior norteamericana.
Canadá es quizás el caso más llamativo dentro de los aliados tradicionales de Washington: nunca rompió relaciones con Cuba, nunca aplicó sanciones secundarias y ha mantenido flujos turísticos y comerciales con la isla de manera ininterrumpida, para incomodidad permanente de sus vecinos del sur.
Bolivia, durante los gobiernos de Evo Morales, profundizó la cooperación con Cuba en materia de salud, educación y formación técnica. El programa cubano de alfabetización "Yo sí puedo" fue adoptado con resultados notables en el país andino, en una demostración práctica de que la cooperación Sur-Sur es posible cuando hay voluntad política.
En África, países como Angola, Mozambique y Etiopía mantienen lazos históricos con Cuba nacidos de la cooperación militar y médica que La Habana brindó durante los procesos de descolonización. Cuba envió tropas y médicos a Angola en los años setenta para defender al gobierno del MPLA frente a la intervención sudafricana y estadounidense: una deuda histórica que muchos países africanos no olvidan.
Uno de los aspectos más incómodos para el relato estadounidense es la cooperación médica cubana. Mientras Washington vende armas y aplica sanciones, Cuba ha enviado decenas de miles de médicos a más de 60 países, incluyendo zonas que el sistema capitalista global considera "no rentables": áreas rurales del Haití devastado, comunidades en Sierra Leona durante el ébola, poblaciones en Bolivia y Venezuela sin acceso previo a la salud.
Durante la pandemia de COVID-19, Cuba desarrolló sus propias vacunas —Abdala y Soberana— con recursos mínimos y bajo bloqueo, y las distribuyó a precio de costo o gratuitamente a países que no podían acceder a las vacunas de Pfizer o Moderna. Fue un ejercicio de soberanía científica que ninguna sanción pudo impedir.
Esta capacidad cubana es, para Washington, políticamente intolerable: demuestra que es posible construir un sistema de bienestar colectivo fuera de los parámetros del mercado global, y que ese sistema puede ser exportado como modelo. La respuesta de Estados Unidos no fue mejorar su propia cooperación internacional. Fue intentar sabotear los programas médicos cubanos en el exterior, presionando a países como Brasil, Ecuador y Bolivia para que expulsaran a los médicos cubanos de sus territorios.
Después de 63 años, el balance es inapelable: el bloqueo ha fracasado en su objetivo declarado. El gobierno cubano no ha caído. La Revolución no ha sido derrotada. El Partido Comunista sigue en el poder. Lo único que el bloqueo ha conseguido con certeza matemática es empobrecer a la población cubana, alimentar las migraciones y darle al gobierno de La Habana un argumento legítimo —y permanente— para explicar las dificultades económicas de la isla.
Esto no equivale a una defensa acrítica del sistema político cubano. Las restricciones a la libertad de prensa, la limitación al pluralismo político y las condiciones de los presos de conciencia en la isla son cuestiones serias que merecen debate honesto. Pero ese debate es imposible cuando la conversación está permanentemente distorsionada por el hecho de que el principal promotor de "la democracia en Cuba" es el mismo país que financió golpes de Estado en toda América Latina, que apoyó a Pinochet, a Videla y a Somoza, y que mantiene su propia prisión extrajudicial en suelo cubano —Guantánamo— donde los derechos más elementales han sido sistemáticamente violados durante décadas.
La legitimidad moral de Washington para hablar de derechos humanos en Cuba es, en el mejor de los casos, cuestionable.
Hay palabras que la diplomacia internacional evita por incómodas pero que la historia eventualmente impone. Lo que Estados Unidos ha hecho sobre Cuba durante más de seis décadas —el bloqueo económico, las operaciones encubiertas, el terrorismo de Estado, la presión sobre terceros países para aislar a la isla— constituye una agresión sistemática contra un pueblo que no tiene la culpa de su gobierno, de la misma manera que el pueblo estadounidense no tiene la culpa del suyo.
El castigo colectivo de una población civil como método de presión política es condenado por el derecho internacional humanitario cuando lo aplican otros actores. Cuando lo aplica Washington, se llama "política de sanciones" y se presenta como defensa de la democracia.
La diferencia no está en la naturaleza del acto. Está en el poder de quien lo comete y en la capacidad de ese poder para definir el relato.
Los países que desafiaron esa presión —México, Canadá, China, Venezuela, Rusia, España, los países africanos que no olvidaron la solidaridad cubana— hicieron algo más que un gesto diplomático. Afirmaron un principio que el orden internacional debería garantizar pero raramente cumple: que ninguna nación, por poderosa que sea, tiene el derecho de decidir el hambre de otro pueblo.
Ese principio, hoy más vigente que nunca en un mundo donde las sanciones se han convertido en el arma predilecta de las grandes potencias, merece ser defendido sin ambigüedades.
