Ante una nueva apuesta de los Macri por conseguir la intervención de un tribunal amigo frente a la investigación sobre maniobras de vaciamiento y otras irregularidades reveladas que complican el concurso de acreedores del Correo Argentino, la fiscala Gabriela Boquín denunció a la empresa por "intento de fórum shopping".
Por Irina Hauser - El posible aliado buscado en este caso es el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), que preside Inés Weinberg de Roca, la jueza a la que Mauricio Macri quiso poner al frente de la Procuración General tras las presiones para que dejara ese lugar Alejandra Gils Carbó. Es la corte porteña, y como su nombre lo indica es ajena a la competencia de fuero comercial nacional, pero de manera asombrosa viene torciendo parte de su jurisprudencia para abrir la puerta a este tipo de pedidos e incluso a cobijar todo el expediente concursal, que lleva veinte años de trámite.
"No puedo dejar de advertir el intento de la concursada (Correo) de derivar el trámite de las presentes actuaciones a una jurisdicción que no tiene competencia material ni territorial", sostuvo Boquín en su último dictamen, al que accedió Página/12. En una de las últimas presentaciones la empresa buscaba impedir el avance de medidas de prueba que podrían comprometerla en distintas formas de fraude en el concurso de acreedores, que está a cargo del juzgado comercial de Marta Cirulli.
Ahí mismo anticipó que se guarda la posibilitad de recurrir al TSJ. "La reserva efectuada constituye un intento de sustraer la causa de sus jueces naturales. Carece de base legal, resulta temeraria y configura un claro caso de forum shopping", señaló la fiscala. Se suele llamar "fórum shopping" a la elección de un tribunal que por distintas razones se supone más ventajoso.
La jueza Cirulli había ordenado la ampliación de un peritaje sobre operaciones detectadas por Boquín que darían cuenta de vaciamiento y movimientos de dinero del Correo Argentino --una empresa, por cierto, inactiva-- a favor de sus controlantes, Socma y Sideco, y también había dispuesto el envío de exhortos dirigidos a Austria y Alemania para poder establecer la relación de la empresa con un banco austríaco, el Mainl Bank, que está acusado de lavado y perdió su licencia.
Aun así esa entidad es el principal acreedor privado del Correo desde que compró una parte de la deuda entre 2005 y 2006, para lo cual habría intervenido en ese convenio una sociedad off shore llamada Mervet vinculada también a los Macri. La manipulación de las mayorías para conseguir conformidades y evitar la quiebra es otro de los puntos investigados.
En ese contexto, frente a la advertencia del Correo de forzar el traslado de la causa a los tribunales porteños, Boquín recordó que las competencias del TSJ están relacionadas con cuestiones del ámbito porteño: conflictos de poderes, de la Ciudad de Buenos Aires, cuestiones de la Auditoría General local, la discusión sobre la validez de leyes, decretos y normas de la Ciudad, y todos los pleitos donde ésta sea parte.
También explicó que existe una ley (la ley 2588 de garantía de los intereses del Estado) que dice que la justicia nacional ordinaria en la ciudad mantiene su dependencia del Poder Judicial de la Nación, y que puede haber convenios donde se transfieran competencias a los tribunales porteños. Sin embargo, aclara: "a la fecha no se verifica la existencia de un convenio ni ley del Congreso de la Nación que haya habilitado la transferencia de competencia alguna de los tribunales nacionales a la ciudad". Por esto, le pide a la jueza que rechace incluso tomar nota del pedido del Correo.
No es la primera vez que esta cuestión se plantea en el expediente, entre los múltiples escollos que buscó sembrar el Grupo Macri a lo largo de los años. Desde que Boquín denunció en 2017 que la empresa intentó un acuerdo con el gobierno de Macri, de los dos lados del mostrador, para licuar su deuda en un 98,87 por ciento, la ofensiva fue feroz.
Parte se basó en escritos y planteos dilatorios, otro tanto en montar una demanda contra el Estado reclamándole indemnizaciones en paralelo a la discusión por su deuda millonaria. También hubo denuncias penales contra la fiscala, el actual procurador del Tesoro Carlos Zannini, que pidió la quiebra del Correo, y el titular de la Inspección General de Justicia Ricardo Nissen, que denunció balances falsos.
Pero además de todo esto, ya Socma como accionista, con anterioridad, había radicado una recusación contra Boquín ante el Tribunal Superior de Ciudad que todavía no fue resuelta. ¿Qué tiene que ver esa corte con la fiscala ante la Cámara comercial nacional? Nada, pero la apuesta allí es fuerte y lxs supremxs porteñxs ofrecen guiños fuertes.
El TSJ, además de estar presidido por Winberg de Roca, tuvo como sus dos últimas incorporaciones, a propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, a Santiago Otamendi, que fue secretario de justicia de la gestión de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia con el macrismo, y a Mónica Vivian de Langhe. Desde mucho antes integran el tribunal Luis Lozano y Alicia Ruiz.
A los miembros de este tribunal los eligen la Legislatura porteña y el Poder Ejecutivo porteño. A los jueces del fuero comercial nacional --que intervienen en casos como el del Correo-- los elige el Consejo de la Magistratura nacional, el Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado.
Al recurrir al tribunal que evidentemente le inspira confianza, el Correo invocó antecedentes del propio TSJ y uno en particular del año pasado que hizo mucho ruido en tribunales. En una causa civil, el periodista Gabriel Levinas había sido condenado en primera instancia a indemnizar a los sucesores de León Ferrari, lo que fue confirmado por la Cámara.
En lugar de ir a la Corte Suprema de la Nación, Levinas fue al TSJ con un recurso de queja y la sorpresa fue que este tribunal admitió ese recurso. Firmaron Weinberg de Roca, Otamendi, De Langhe y Lozano. Ruiz votó en disidencia. Después de aquel antecedente, empezaron otros planteos similares, incluso en casos conocidos como el del policía Luis Chocobar, acusado de asesinar a Pablo Kukoc por la espalda después que intentara asaltar a un turista estadounidense y le causara heridas con un cuchillo. La defensa de Chocobar fue al TSJ, que le corrió vista a Juan Mahiques, fiscal general de la Ciudad, y ratificó su competencia para un caso así. Igual el juicio ya se estaba haciendo en la justicia nacional.
En el caso de Levinas, cuando se discutía la competencia, el TSJ dedicó algunas párrafos a anticipar --al parecer-- su postura de que los procesos concursales podrían tramitar en territorio porteño. Fue extraño en medio de un fallo sobre una cuestión civil, pero dejó escrita su interpretación de que los concursos de acreedores pueden tramitar en los "juzgados provinciales".
