El Ministerio de Economía aprobó nuevas modificaciones al pliego del concurso internacional para vender las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La resolución refuerza la marcha del plan iniciado con la fragmentación de Enarsa.
NACIONALES15/10/2025
Neuquén Noticias
En el marco del proceso de privatización del sector energético impulsado por Javier Milei, el Ministerio de Economía aprobó una nueva circular modificatoria para avanzar con la venta total del paquete accionario de cuatro complejos hidroeléctricos estratégicos: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1569/2025.
La Circular Modificatoria N° 4, que entro en vigencia de forma inmediata, introduce cambios en el Pliego de Bases y Condiciones del concurso N° 504/2-0001-CPU25, lanzado en agosto. Ahora, los nuevos adjudicatarios asumirán la explotación por un período de 30 años. Tendrán la posibilidad de prorrogar ese lapso con la obligación de pagar un canon anual al Estado y cumplir compromisos de mantenimiento y seguridad ambiental.
Con la aprobación de la circular, el Ministerio de Economía dio luz verde a la etapa final del concurso. Las empresas precalificadas deberán presentar sus ofertas técnicas y económicas dentro de los nuevos plazos establecidos. Luego se realizará la evaluación de propuestas y la adjudicación de las acciones a los nuevos operadores. El Gobierno pretende culminar el proceso antes de fin de año, de modo que las nuevas concesiones entren en vigor en el primer trimestre de 2026.
En rigor, se trata de un nuevo paso en la secuencia de movimientos iniciados en 2024 por la gestión actual, cuando la Secretaría de Energía dispuso que Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) crearan cuatro sociedades anónimas para administrar, de manera transitoria, los complejos hidroeléctricos del Comahue: Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.
Estas nuevas sociedades quedaron conformadas con una participación del 98 por ciento de Enarsa y un 2 por ciento de Nasa, bajo la premisa de recibir las concesiones de generación eléctrica cuando vencieran los contratos con las empresas privadas que operaban las centrales desde los años noventa.
En agosto de 2024, el Decreto 718 formalizó esas concesiones y estableció que se activarían una vez concluido el proceso de selección de nuevos operadores. Luego, en abril de 2025, el Decreto 286 autorizó la privatización total de Enarsa, mediante la separación de sus activos por unidad de negocio. Finalmente, el Decreto 590/2025, dictado en agosto, transfirió las acciones de las nuevas sociedades a la Secretaría de Energía y autorizó su venta mediante un Concurso Público Nacional e Internacional sin un precio mínimo establecido.
Las represas en venta
Los complejos hidroeléctricos que el Gobierno busca vender --Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila-- se encuentran en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, en las provincias de Río Negro y Neuquén. Juntas, estas centrales aportan alrededor del 20 por ciento de la generación hidráulica del país y constituyen un pilar del sistema interconectado nacional.
Dichas centrales hidroeléctricas fueron construidas durante las décadas del 70 y 80, y habían sido concesionadas a privados durante los años 90. Al vencer esas concesiones entre 2023 y 2024, las centrales volvieron al Estado nacional, que debía decidir su futuro. La gestión de Milei optó por un camino opuesto al que reclamaban los gobiernos provinciales y sindicatos del sector energético, que pedían que las represas quedaran bajo control público federal o provincial.
Críticas y advertencias
Distintos sectores cuestionaron el proceso por su falta de transparencia y gran velocidad. En agosto pasado, el exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo, cuestionó por la 750: “Si uno mira los pliegos, están dolarizando ese ingreso que van a recibir las empresas. Por otro lado, ajustan ese ingreso por la inflación norteamericana”.
Ese mecanismo de dolarización, explicó, encierra un riesgo profundo: cuando las condiciones macroeconómicas se tornen aún más adversas, los contratos podrían volverse inviables. “Va a terminar en un litigio en sede extranjera porque son condiciones que Argentina no va a poder cumplir. ¿Cómo se hace en caso de una devaluación?”, dijo.
“Uno en este punto se pregunta qué proyecto de país están pensando en el marco de una disputa tan agresiva sobre la renta energética. Es una privatización con consecuencias estructurales y un beneficio muy coyuntural, con un proyecto económico que cada vez hace más agua”, finalizó.
El tema también generó tensiones con los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro, que habían reclamado participar en la definición del futuro de las represas.
El gobernador neuquino Rolando Figueroa expresó públicamente que la reversión de las concesiones “debía ser una oportunidad para construir un nuevo esquema federal de administración de los recursos hídricos”, pero lamentó que el Gobierno nacional “haya decidido avanzar unilateralmente”.
Desde Río Negro, funcionarios del área de energía señalaron que la reprivatización “afecta los intereses provinciales” porque las represas están emplazadas en territorio local y regulan caudales de los ríos que abastecen a comunidades y sistemas de riego.
Un modelo menemista
La legislación utilizada para este proceso --la Ley 23.696 de 1989-- fue la misma que habilitó las privatizaciones masivas durante la presidencia de Carlos Menem.
Esa norma permite al Poder Ejecutivo vender o concesionar activos estatales bajo el argumento de mejorar su eficiencia, y es la base sobre la que se apoya el actual programa de transformación de empresas públicas.
En 2024, con la sanción de la Ley 27.742, Enarsa fue incluida formalmente entre las empresas “sujetas a privatización”. A partir de entonces, el Gobierno diseñó una estrategia de fragmentación de la compañía, separando sus negocios de gas, petróleo, energía térmica e hidroeléctrica. Cada unidad fue transformada en una sociedad independiente, con el objetivo de vender sus acciones por separado.
Lo que está en juego
La venta de las represas del Comahue tiene implicancias que van más allá del plano económico. Estas centrales no sólo aportan energía al sistema nacional, sino que controlan los principales embalses del país y regulan el caudal de los ríos Limay y Neuquén, fundamentales para el abastecimiento de agua, la agricultura y el turismo regional.
Si bien el Gobierno sostiene que las concesiones incluirán cláusulas ambientales y de seguridad, hasta el momento no se publicaron los estudios técnicos que garanticen ese cumplimiento
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