El Gobierno financia ejercicios militares de EE. UU. mientras condena a las FFAA a la miseria salarial

El Gobierno nacional publicó el Decreto 697/2025 —clasificado como decreto de necesidad y urgencia— que autoriza la participación de tropas de los Estados Unidos en el ejercicio conjunto “Tridente”, a realizarse entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, así como en zonas marítimas, terrestres e instructivas. En el mismo decreto se autoriza la salida de medios y personal argentinos para el ejercicio “Solidaridad” en Chile, entre el 5 y el 11 de octubre.

El monto asignado para afrontar los gastos (estadía, logística y soporte) asciende a 60.211.157 pesos, una cifra que llama la atención en medio de denuncias crecientes por deficiencias presupuestarias dentro de las Fuerzas Armadas.

Decisión unilateral y cuestiones de legalidad

El decreto señala que el proyecto de ley correspondiente para aprobar ejercicios combinados con tropas extranjeras —que ya había sido remitido al Congreso— aún no fue tratado por la Cámara de Diputados. A pesar de esto, el Ejecutivo aplicó directamente la medida bajo facultades excepcionales contempladas en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución.
La norma establece que el gasto será absorbido con partidas específicas del ministerio de Defensa y que se informará a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso en un plazo de diez días hábiles.

Contraste con la crisis interna de las fuerzas

La publicación alerta que, mientras el Estado desembolsa recursos para ejercitar tropas extranjeras, las Fuerzas Armadas argentinas atraviesan un deterioro profundo:

• Se denuncian salarios insuficientes, recortes presupuestarios sistemáticos y falta de insumos médicos.
• Se habla de la mayor deserción de tropa profesional registrada recientemente, ligada directamente a condiciones laborales precarias.
• Las fuentes críticas interpretan la medida como un acto simbólico de subordinación estratégica, afirmando que se prioriza el gasto para terceros sobre la defensa de soberanía nacional.

Contexto regional y militarización británica

La publicación que motivó esta nota denuncia que, en paralelo, el Reino Unido avanza con labores logísticas en la Base Mount Pleasant (Islas Malvinas), incluyendo rotaciones de tropas y ejercicios aéreos con los Eurofighter Typhoon. En ese escenario, la política de defensa del gobierno argentino parecería volverse tímida frente a la intensificación británica en el Atlántico Sur.
Se afirma que la falta de inversión interna y la dependencia externa constituyen un “vacío estratégico” que afecta la capacidad de actuación propia frente a amenazas regionales.

Críticas desde distintos frentes

Organismos civiles y voces militares cuestionan la decisión por varios motivos:

1. Soberanía militar comprometida: ceder parte del territorio nacional para ejercicios de fuerzas extranjeras sin respaldo parlamentario debilita la autonomía estratégica.
2. Énfasis en alianzas exteriores: mientras las propias unidades luchan por subsistir, el Estado prioriza formar alianzas directas con potencias foráneas, incluso aquellas con presencia militar en el Atlántico Sur.
3. Desplazamiento de prioridades: el gasto público, en un contexto macroeconómico crítico, aparece desalineado de las necesidades internas del sistema de defensa.

¿Una señal de subordinación estratégica?

La nota reflexiona que esta decisión no solo tiene consecuencias operativas, sino simbólicas: financiar ejercicios con EE. UU. puede interpretarse como una declaración explícita de alineamiento hacia Washington, en desmedro del fortalecimiento propio. En zonas estratégicas como Ushuaia o cerca del marco marítimo antártico, el gesto adquiere aún más peso.

Así, se plantea una interrogante severa: ¿por qué no priorizar la dignificación del personal nacional antes que financiar maniobras extranjeras dentro del país?

La compra de los F-16: un acuerdo histórico, condicionado y controvertido

En abril de 2024, el Gobierno argentino formalizó la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Fighting Falcon a través de un acuerdo con Estados Unidos y Dinamarca, en una operación valuada en aproximadamente 338 millones de dólares.

Los F-16 —producidos originalmente por Lockheed Martin— provienen del inventario danés y fueron reacondicionados bajo supervisión del Departamento de Defensa de EE. UU., que además autorizó la transferencia de tecnología, el entrenamiento de pilotos y la provisión de armamento complementario limitado.

El paquete incluye:

• 24 aeronaves F-16AM/BM Block 15 modernizadas. Los aviones datan de hace unos 40 años aproximadamente.
• Equipos de simulación, entrenamiento y logística.
• Contrato de mantenimiento y soporte técnico firmado con empresas estadounidenses por un período inicial de 10 años.
• Capacitación de pilotos y técnicos argentinos en bases de la OTAN.

La negociación fue presentada por el Gobierno argentino como una “modernización estratégica” de su sistema de defensa aérea, pero desde el inicio fue acompañada de cuestionamientos políticos y técnicos. Entre ellos, el hecho de que el contrato se inscriba en el programa de Ventas Militares Extranjeras (FMS) de Estados Unidos, que impone cláusulas restrictivas de uso y exige autorización previa de Washington para cualquier despliegue fuera del territorio nacional.

Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron que los primeros aviones llegarán al país durante el primer semestre de 2026, con un proceso de integración operativa que se extenderá al menos 18 meses, incluyendo la adecuación de bases aéreas y la actualización de sistemas de radar.

Restricciones de uso de los F-16 argentinos

1 - Cláusula que prohíbe su uso contra el Reino Unido
En los medios de defensa argentina se informa que el acuerdo de compra de los F-16 contiene una cláusula de “uso final” impuesta por el Departamento de Estado de EE. UU. que prohíbe explícitamente emplear estos aviones contra el Reino Unido o cualquier aliado norteamericano. Esta restricción es parte del régimen estándar de las Ventas Militares Extranjeras (FMS).
Esto es especialmente relevante en el contexto de la disputa por las Islas Malvinas, pues limita la capacidad de Argentina de utilizar estos aviones frente al ocupante británico.

2 - Limitaciones operativas derivadas de componentes británicos
Analistas han señalado que, como ocurre con otras compras de armamento estadounidense, la inclusión de sistemas o partes de origen británico puede generar vetos o limitaciones impuestas por el Reino Unido. En el caso argentino, algunos observadores sostienen que las restricciones de uso del F-16 están ligadas a esa clase de componentes y acuerdos de defensa anglo-estadounidenses.

3 - Restricciones generales en ventas militares extranjeras (FMS)
En acuerdos gubernamentales con EE. UU., es habitual que el equipamiento suministrado venga con condiciones de uso impuestas para proteger los intereses estratégicos norteamericanos y de sus aliados. Esto significa que, aunque Argentina adquiera los aviones, su uso puede estar limitado en escenarios que involucren acciones contra aliados de EE. UU. o implicaciones geopolíticas sensibles.

4 - Dependencia en mantenimiento, repuestos y soporte tecnológico
Más allá de las restricciones explícitas de uso, el hecho de que Argentina dependa de EE. UU. para suministro de repuestos, mantenimiento y soporte técnico puede actuar como una restricción indirecta. Si EE. UU. retira el apoyo técnico o bloquea repuestos por incumplimientos del acuerdo, los aviones podrían quedar inoperables para ciertos escenarios.

5 - Contrato de sostenimiento y actualización firmado por EE. UU.
En septiembre de 2025, se adjudicó un contrato por parte del gobierno estadounidense para el “sostenimiento y actualización” de los F-16AM/BM destinados a Argentina. Esto refuerza la idea de que el soporte técnico fundamental seguirá bajo jurisdicción estadounidense, lo que limita la autonomía operativa del país respecto de estos aviones.

Fuente: Agenda Malvinas

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