Senadores peronistas de Neuquén y Río Negro presentaron un amparo para detener la privatización de cuatro hidroeléctricas

Los senadores nacionales Oscar Parrilli y Silvia Sapag, y los senadores Martín Doñate y Silvina García Larraburu, todos ellos representantes de la provincia de Neuquén, presentaron ante la justicia federal una medida cautelar para frenar la licitación pública para vender el paquete accionario de cuatro concesiones hidroeléctricas.

Se trata de las generadoras Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra Del Águila, todas ellas pertenecientes al complejo hidroeléctrico Comahue, todas ellas incluidas en el llamado a licitación pública PLIEG-2025-91224663-APN-SE#MEC, dispuesta por el Ministerio de Economía de la Nación, para la venta del 100% del paquete accionario de las empresas.

Los senadores patagónicos denuncia que la privatización del complejo hidroeléctrico no solo representa la enajenación de los bienes públicos, sino que el proceso de licitación no cumple el requisito que ordena que la tasación previa a su concesión debe estar elaborada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, y que el mismo debe cumplir con las leyes vigentes y el reglamento interno. 

Además, señala que el modelo de privatización elegido por el Gobierno Nacional "excluye a las provincias dueñas de los recursos naturales y repite los errores históricos de la Ley 24.065, que solo benefició a empresas privadas en detrimento del Estado y la población". 

El nuevo pliego, precisan los diputados y senadores, agrava esa situación ya que no obliga a reinvertir en el mejoramiento del sistema hidroeléctrico "a empresas que han tenido ganancias extraordinarias, que no solo no reinvirtieron sino que se fugaron masivamente al exterior".

Los diputados y senadores de Neuquén y Río Negro proponen como salida posible que concesione el 50 por ciento del capital a los privados y que el otro 50% vaya a las provincias, que son las propietarias del recurso hídrico. En ese sentido, demandan que cualquier pliego de licitación debería comprender la obligación de invertir el 50% de las utilidades de las compañías en otros proyectos hidroeléctricos en Neuquén y Río Negro.