
Entre el silencio del Estado y la encerrona judicial: un nuevo femicidio expone las fallas de un sistema que no protege
NeuquenNews
Es estremecedor lo que ocurrió con Jessica Scarione. Su femicidio no solo representa una tragedia personal, sino que también expone con crudeza las fallas estructurales que persisten en la protección de mujeres en situación de violencia.
Jessica tenía 36 años, era madre de cuatro hijos, vivía en condiciones de vulnerabilidad en la Colonia Rural Nueva Esperanza y estudiaba en el Centro de Formación Profesional Nº 3 Maestro Luis Ángel Abdon. A pesar de haber denunciado a su expareja, Luis Alberto Espinoza, y contar con medidas de protección, fue asesinada de dos disparos en su vivienda el viernes 12 de septiembre. Espinoza continúa prófugo.
Lo que duele aún más es que Jessica había intentado salir del círculo de violencia: ingresó a un refugio, se le ofreció un botón antipánico, pero terminó regresando con Espinoza, confiando en sus promesas de cambio. Su historia refleja cómo la pobreza, la falta de oportunidades y el abandono institucional pueden entrelazarse con la violencia machista, dejando a las víctimas sin salidas reales.
La Colonia Rural Nueva Esperanza, donde ocurrió el crimen, es un territorio marcado por desigualdades profundas. Allí se proyecta la instalación de una planta de asfalto que ha sido rechazada por la comunidad por los riesgos ambientales que implicaría para la salud de quienes habitan la meseta. Al mismo tiempo, se organizan reclamos por más escuelas, más servicios, más presencia estatal. Es un lugar donde la lucha por el derecho a vivir dignamente se da en múltiples frentes.
Desde el Centro de Formación Profesional donde Jessica estudiaba, se expresó el dolor colectivo: “Una estudiante, mujer, madre que ha vivido innumerables condiciones de inequidad, violencia machista que vulneraron su salud mental, física y psíquica. El femicidio es la expresión más extrema, brutal e irreversible de las desigualdades que afectan los derechos de las mujeres”.
Este caso no puede ser solo una noticia más. Es un llamado urgente a revisar cómo se implementan las políticas de protección, cómo se acompaña a las víctimas, y cómo se transforma un sistema que sigue fallando.


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