Fentanilo contaminado: la justicia secuestro el celular de la titular de la Anmat y allanaron organismos públicos

El escándalo por el fentanilo contaminado sumó este lunes un nuevo capítulo. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó el secuestro del teléfono celular de la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Nélida Agustina Bisio, en el marco de la causa que investiga las responsabilidades de los organismos de control en la fabricación y distribución de la droga adulterada que provocó más de cien muertes.

La medida incluyó operativos simultáneos en sedes centrales de la Anmat, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y en domicilios de exfuncionarios y directores de esas dependencias. En total, fueron siete los procedimientos ordenados bajo la modalidad de «órdenes de presentación con allanamiento en subsidio», lo que habilitaba el ingreso forzoso en caso de negativa, informó el medio La Nación.

Además de la casa de Bisio, en Olivos, la Justicia registró el domicilio de Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Iname desplazada por el Gobierno el mes pasado, y los de tres directores del organismo: Ana Laura Canil (Fiscalización y Gestión de Riesgo), Mariela Baldut (Poscomercialización y Acciones Regulatorias) y Maximiliano Carlos Lalin (Inspectorado).

Según el juzgado, el objetivo fue preservar «elementos de prueba de carácter documental» y dispositivos electrónicos para analizar la eventual responsabilidad de la autoridad sanitaria en la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El rol del Ministerio de Salud
 
A pesar del golpe judicial, el ministro de Salud, Mario Lugones, volvió a respaldar públicamente a Bisio. «La decisión fue apartar a quien conducía el Iname porque había evidencia de que ocultó información, pero se están esperando resultados de la Justicia o del sumario interno para tomar más decisiones en Anmat», respondieron a LA NACIÓN fuentes cercanas al ministro.

El propio Lugones estuvo anoche en el centro de la escena política, al acompañar a Javier Milei en el búnker libertario tras la derrota electoral en Buenos Aires. El Presidente lo mencionó explícitamente en su discurso: «Vamos a continuar con el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones», ratificando su lugar en el gabinete pese a los cuestionamientos por este caso y por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Ya hay diez directivos detenidos y la Justicia avanza sobre las responsabilidades estatales
 
La fiscal federal Laura Roteta fue quien impulsó la causa el 20 de agosto pasado. Su hipótesis es que la deficiente tarea de los organismos de control podría configurar «negligencia, connivencia o complicidad» con los laboratorios que produjeron el fentanilo adulterado.

 
El mes pasado, ya fueron detenidos Ariel García Furfaro y otros nueve directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. A Furfaro se le imputó un delito que prevé hasta 25 años de prisión.

El dictamen de Roteta contó con el aval del fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que advirtió sobre el «ineficiente control estatal» sobre los laboratorios implicados.

La Anmat detectó fallas graves en 2024 pero no clausuró el laboratorio hasta meses después
 
De acuerdo con la investigación, la Anmat inspeccionó Laboratorios Ramallo entre noviembre y diciembre de 2024 y detectó «deficiencias críticas y mayores» en todas las áreas clave de la planta. Seis días después de esa auditoría se fabricó el fentanilo contaminado.

Pese a las irregularidades —que incluían fallas en procesos de validación, control de calidad, documentación y depósitos— el organismo no clausuró la planta ni ordenó el retiro preventivo de los lotes. Recién en febrero de este año notificó restricciones y en mayo dispuso la inhibición de toda actividad de HLB Pharma y Ramallo.

Hoy, la fiscalía y la PIA analizan el material secuestrado en los operativos. El período investigado se remonta a 2018 y busca determinar hasta qué punto la inacción estatal permitió la producción y circulación del fentanilo contaminado.