En una mañana cargada de tensión, este domingo, la Policía de Neuquén llevó adelante un operativo de desalojo forzoso en la esquina de las calles Roca y Rioja, donde integrantes de cuatro comunidades mapuches se encontraban encadenados desde el martes 15 de julio, reclamando el otorgamiento de sus personerías jurídicas. Este reconocimiento institucional, aseguran, les ha sido negado a pesar de cumplir con todos los requisitos legales.
ACTUALIDAD20/07/2025
NeuquenNewsLas comunidades Lof Newen Kura, Lof Fvta Xayen, Lof Kelv Kurá y Lof Ragilew Cárdenas han denunciado una década de dilaciones administrativas y promesas incumplidas. Incluso, a pesar de los compromisos por escrito del exgobernador Omar Gutiérrez y del actual mandatario Rolando Figueroa —quien, a través de su ministro Tobares, suscribió un acta en los territorios el 18 de septiembre de 2024—, el reconocimiento legal no se ha concretado hasta la fecha.
Para visibilizar esta situación, decidieron encadenar sus cuerpos a la entrada de la Casa de Gobierno. Acusaron a las autoridades provinciales de desplegar “autoritarismo” y denunciar “falta de voluntad política”. Según su comunicado: “No usar la ley para reprimir, sino… para llevar justicia a una sociedad desigual”.
Jorge Tobares, un ministro incapaz, culpable de la violencia institucional
El rol del ministro de Gobierno, Jorge Tobares, quedó en evidencia como uno de los grandes fracasos de esta gestión. Fue él quien, apenas unos meses atrás, firmó en territorio mapuche un acta compromiso que hoy parece letra muerta. Lejos de ser un interlocutor válido o confiable, su figura se ha ido desdibujando a fuerza de promesas incumplidas, silencios cómplices y decisiones que delegan en la represión lo que no se sabe o no se quiere resolver con política. Su falta de gestión y sensibilidad en este conflicto no solo deteriora la ya débil relación del Ejecutivo con las comunidades originarias, sino que lo muestra sin la entidad necesaria para ocupar un cargo que exige capacidad de diálogo, conducción y respeto institucional.
Operativo y detenciones: Cifras contrastadas
El desalojo fue ordenado por el fiscal Pablo Vignaroli, a partir de una denuncia penal por “perjuicio a la paz social” presentada el sábado 19 de julio por el Gobierno provincial. Tras una notificación matutina, se estableció un plazo de dos horas para que se retiraran voluntariamente. Al no cumplirse, se desplegó un operativo con aproximadamente 120 efectivos de la Policía Metropolitana, motorizada y bomberos, rodeando la zona en un perímetro de 200 metros.
El saldo oficial del operativo indica 17 detenidos —11 varones y 6 mujeres—, incluidos menores que fueron trasladados con personal femenino a sus domicilios. El Gobierno aseguró que no hubo heridos, salvo un policía mordido durante el operativo. En contraste, versiones de la Confederación Mapuche y medios locales, como LM Neuquén y Diario Río Negro, hablan de hasta 22 personas detenidas, incluidas mujeres y niños, algunos de los cuales podrían haber sido hospitalizados.
Choque institucional y tensión política por Vaca Muerta
El Ejecutivo provincial denunció que las comunidades no habrían completado los requisitos formales exigidos para acceder a la personería jurídica. A su vez, cuestionó la intervención de referentes de organizaciones políticas, ceramistas e incluso ATEN Capital en el acampe.
Por su parte, las comunidades sostienen que el conflicto está motivado por intereses vinculados a Vaca Muerta, la extracción de petróleo y gas, y el temor de que su reconocimiento jurídico genere mayores derechos territoriales y complique futuros proyectos extractivos en la zona. La región de Neuquén es clave para la producción de hidrocarburos en Argentina, y el control territorial es un punto central en el conflicto.
Voces desde el reclamo: La Confederación Mapuche
En su comunicado, la Confederación Mapuche cuestionó duramente al gobernador Figueroa por optar por “los palos” en lugar del diálogo institucional:
“Rolando Ceferino Figueroa entiende que si no se acata su autoritarismo lo hará entender a los palos…”
Para estas comunidades, el conflicto no es solo un trámite legal: es una cruzada contra la exclusión y el despojo territorial; exigen que el Estado cumpla con su deuda histórica y reconozca sus derechos ancestrales sobre la tierra.
¿Y ahora…? El futuro incierto
Si bien los dirigentes a estas horas comenzaban a ser liberados, queda abierto el interrogante sobre qué paso sigue, tanto legal como político. Mientras las comunidades aguardan su liberación y la resolución judicial, continúa la expectativa por la reacción de la sociedad neuquina y de actores institucionales, como la Defensoría del Pueblo y los organismos de derechos humanos. Se espera que en los próximos días haya novedades sobre la situación legal de los detenidos y posibles mesas de diálogo para abordar este conflicto de larga data.
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