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La promesa de austeridad y fin de los privilegios que caracterizó el discurso libertario de Javier Milei parece convivir sin demasiados sobresaltos con la continuidad —e incluso expansión— de viejas prácticas de poder. En este caso, el foco está en los contratos estatales que benefician de forma directa al entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La empresa Tech Security, que hasta diciembre de 2023 estuvo a nombre del propio Martín Menem y luego fue transferida a sus hermanos Eduardo Adrián y Fernando Nicolás, fue preseleccionada en una licitación para prestar servicios de vigilancia y seguridad en distintas sedes del Banco Nación. El contrato asciende a $3.933 millones de pesos por 24 meses de servicio, con posibilidad de renovación por otros dos años. Entre los espacios a custodiar se incluyen la Casa Central del Nación, el Centro de Procesamiento Paralelo, el Edificio Maipú, el edificio de Funcionarios y el sector del Aeroparque Jorge Newbery.
La cifra adjudicada a Tech Security contrasta notoriamente con la que recibiría la otra firma preseleccionada, Briefing Security, que percibiría un monto de poco más de $237 millones. La diferencia entre ambas adjudicaciones despierta interrogantes sobre los criterios de selección y los vínculos familiares detrás de la decisión.
Pero este no es un caso aislado. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, otras compañías relacionadas al clan Menem han sido beneficiadas con millonarios contratos estatales. Una de ellas es GPS Group (Global Protection Service), vinculada al empresario Nicolás “El Turco” Hazaff, íntimamente relacionado con Fernando Nicolás Menem. GPS Group ha facturado cerca de $3.000 millones en contratos con el Estado, muchos de ellos en áreas antes cubiertas por Tech Security, como la seguridad del Teatro Cervantes o las instalaciones del ENARGAS en Ezeiza.
Otro caso es el de La Bizantina S.G. S.A., empresa de limpieza también vinculada a Hazaff y, por extensión, al entorno Menem. Esta firma obtuvo al menos $1.300 millones en contratos con organismos estatales, incluyendo uno llamativamente adjudicado por la propia Cámara de Diputados, conducida por Martín Menem, por 694,7 millones de pesos en septiembre de 2024.
Una política del “mérito” con apellido
El caso plantea una tensión evidente entre el discurso meritocrático y anticasta promovido por el oficialismo y los hechos concretos que muestran a familiares directos de una de las figuras más importantes del gobierno obteniendo licitaciones millonarias. No se trata de acusaciones abstractas, sino de contratos públicos concretos, adjudicaciones millonarias y vínculos empresariales difíciles de desligar del poder político.
El poder económico familiar que el clan Menem ha consolidado durante la gestión libertaria contradice el relato de lucha contra los privilegios y reinstala preguntas conocidas: ¿se gobierna para terminar con la casta, o para formar una nueva?
