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La controversia surge a raíz de la orden de Trump de desplegar al menos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles para contener protestas masivas contra las redadas migratorias. «Incitar y provocar la violencia, crear caos masivo, militarizar ciudades, arrestar a opositores. Estos son los actos de un dictador, no de un presidente», señaló Newsom en su cuenta de la red social X, refiriéndose al despliegue.
Unos 300 soldados de la Guardia Nacional, una fuerza militar de reserva rara vez utilizada en disturbios civiles sin solicitud estatal, comenzaron a llegar a Los Ángeles desde la madrugada del domingo, tras dos días de intensas protestas
Las manifestaciones estallaron en Los Ángeles y Nueva York en rechazo a la detención de migrantes indocumentados durante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El sábado 7 de junio, ICE amplió su cerco contra migrantes en Paramount, al sureste de Los Ángeles, lo que exacerbó las tensiones y las protestas que continuaron hasta la noche, incluyendo un automóvil incendiado en Compton.
El gobernador Newsom calificó el despliegue de tropas como «ilegal» y una «grave violación de la soberanía del Estado». En sus redes sociales, exigió a Trump: «Anule la orden. Devuelvan el control a California», argumentando que la intervención federal estaba «exacerbando las tensiones mientras se sacan recursos de donde realmente se necesitan». Newsom también anunció que planea llevar a la Administración Trump a los tribunales este lunes, calificando la activación de la Guardia Nacional sin su solicitud como un acto «legal y moralmente inconstitucional».
Este despliegue marca un hito histórico: es la primera vez desde 1965 que un presidente activa la Guardia Nacional sin la solicitud expresa del gobernador de un estado, según Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch. Roth acusó a Trump de «crear un espectáculo para poder continuar con sus redadas migratorias». Mientras tanto, Trump, a bordo del Air Force One, afirmó que «si los funcionarios se interponen en el camino de la ley y el orden, sí, enfrentarán cargos». La Casa Blanca justificó la medida aduciendo que «turbas violentas han atacado a oficiales del ICE y agentes federales de las fuerzas del orden».
La situación trascendió las fronteras, provocando rechazo en México. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con los migrantes, declarando que «Los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida […] ¡No son criminales!», en respuesta a las descripciones de Trump sobre los inmigrantes. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también se unió a las críticas, calificando el despliegue de la Guardia Nacional como «innecesario» y una mera «postura» de la administración Trump.
