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La implementación del Programa Integral de Tránsito Inteligente en Neuquén, que incluye el sistema de cámaras de fotomultas y fiscalización electrónica, ha encendido un fuerte debate. La diputada provincial Brenda Buchiniz, del bloque Cumplir - LLA, se ha posicionado como una voz crítica, expresando serias dudas sobre la legalidad, la finalidad real y el respeto a las garantías constitucionales del sistema. "En Neuquén las fotomultas son una caja recaudadora disfrazada de seguridad vial", sentenció la legisladora tras una reunión con el presidente del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, Marcelo Inaudi.
Buchiniz manifestó su preocupación por el avasallamiento de principios fundamentales. "Celebramos toda medida orientada a disminuir la siniestralidad vial, pero no podemos dejar de exigir que se respeten principios constitucionales como el derecho de defensa y la garantía contra el abuso de poder del Estado", sostuvo. Desde su espacio político, se ha presentado un pedido de informes al Concejo Deliberante de la capital neuquina. Este requerimiento busca precisiones sobre la reglamentación de la Ordenanza N° 14.433, que adhiere al sistema de scoring nacional, los mecanismos de defensa ante sanciones automáticas, la legalidad del uso de imágenes captadas dentro del vehículo y la preocupante posibilidad de una doble penalización por la misma falta (a través del scoring y la multa económica).
La diputada neuquina no cuestiona la importancia de la prevención, sino los métodos. "No cuestionamos la necesidad de prevenir siniestros viales, sino el uso desmedido de sistemas automáticos que violan garantías básicas y se convierten en mecanismos de recaudación", afirmó. En este sentido, criticó que se utilicen tecnologías para multar sin proponer soluciones de fondo para agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial de manera integral.
Según datos aportados por Marcelo Inaudi durante la reunión con Buchiniz, desde la implementación del sistema de control en Neuquén se habría reducido un 15% la siniestralidad vial, a pesar de un aumento del 8% en el parque automotor. Inaudi defendió la instalación de pórticos, cámaras y tótems como medidas preventivas, aunque no desestimó la necesidad de revisar y mejorar los procesos de aplicación. Sin embargo, el funcionario no pudo detallar qué medidas de concientización se planeaban para los conductores infractores, más allá de la exigencia del pago de la multa.
Comparación nacional e internacional
Ciudades como Barcelona o Berlín, que aplican sistemas automáticos de control, establecen por ley la obligación de notificación fehaciente, acceso digital al descargo, y destinación obligatoria de lo recaudado a educación y prevención. Además, en muchas jurisdicciones europeas, el control del sistema no está tercerizado a empresas privadas.
El eco nacional: Un sistema bajo sospecha
Las críticas de Buchiniz resuenan con un debate más amplio a nivel nacional, donde los sistemas de fotomultas han sido puestos en tela de juicio por su posible carácter meramente recaudatorio y por irregularidades en su aplicación.
En Buenos Aires, por ejemplo, se procesan alrededor de 450.000 fotomultas por mes, y la recaudación se distribuye en un 40% para el municipio, un 40% para el prestador privado del servicio y un 20% para la provincia.
Se han señalado prácticas como la ubicación poco visible de las cámaras, señalización deficiente o reducciones de velocidad sin advertencia adecuada, que parecen inducir a la infracción. La diputada nacional Patricia Vásquez ha llegado a presentar un proyecto para declarar la emergencia vial y reformar la Ley Nacional de Tránsito, buscando unificar criterios y terminar con lo que denominó el "curro" de las fotomultas implementadas sin garantías mínimas. Vásquez afirmó que "muchas municipalidades actúan como antiguamente lo hacía la Policía Caminera: como entes recaudadores que no garantizan notificación ni derecho a descargo".
Un escándalo de corrupción ha sacudido los cimientos del sistema en la provincia de Buenos Aires, involucrando a CECAITRA (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), principal operadora de fotomultas. Investigaciones judiciales apuntan a que cámaras instaladas por la empresa carecían de habilitación legal, poniendo en duda la validez de miles de infracciones.
Como precedente, el Juzgado de Faltas de La Plata anuló múltiples sanciones en el caso Cañuelas por irregularidades en la señalización y notificación. El abogado José Luis Itoiz ha señalado que "en principio, las multas no deben pagarse hasta que no se resuelva judicialmente su validez", y remarcó la importancia de la correcta señalización para la validez de una infracción.
Las investigaciones por corrupción han llegado a involucrar al ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio, imputado por un esquema que incluiría la instalación de cámaras sin autorización legal, emisión de infracciones inválidas y recaudación ilícita mediante sobornos.
Una política pública seria, no un negocio
Frente a este panorama, la diputada Buchiniz insiste en la necesidad de un cambio de enfoque. "La seguridad vial debe ser una política pública seria, no un negocio para los amigos del poder". Apoya iniciativas como la reducción del plazo de prescripción de las multas y la nulidad automática de fotomultas que no cuenten con la señalización adecuada. Además, planteó que los fondos recaudados deben tener un destino claro y beneficioso para la comunidad: "educación vial, mejoras en infraestructura y asistencia a víctimas, y no a alimentar circuitos corruptos".
En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, la legisladora neuquina extendió una invitación: "Aprovecho esta Semana de la Seguridad Vial para invitar a repensar las políticas de movilidad con responsabilidad y justicia. La seguridad no puede ser excusa para el abuso del Estado ni para convertir las multas en una herramienta de recaudación encubierta". El debate en Neuquén está abierto, y las respuestas que se den definirán si las fotomultas se consolidan como una herramienta efectiva para la seguridad o como un sistema cuestionado por su afán recaudatorio y sus posibles vicios legales.
