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Un nuevo informe del INDEC volvió a colocar en escena una de las preguntas más inquietantes de la economía argentina contemporánea: ¿a quién representa hoy la estadística oficial? Según el organismo, en abril de 2025, una familia tipo —dos adultos y dos niños— necesitó $1.110.063 para no ser considerada pobre, y $502.291 para no caer en la indigencia. ¿En serio?
La cifra, al menos en el papel, refleja una baja inflación en las canastas básicas: 0,9% para la total (que mide pobreza) y 1,3% para la alimentaria (que mide indigencia), ambas por debajo del 2,8% de inflación general reportado para el mes. Un dato que suena técnico, preciso, casi tranquilizador. Pero al mismo tiempo, genera un ruido ensordecedor en la cabeza de cualquier ciudadano de a pie que va al supermercado, carga la SUBE o paga el alquiler.
La pobreza medida con fórmulas
La canasta básica alimentaria (CBA) se calcula según los requerimientos nutricionales mínimos de un "adulto equivalente", basados en patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. Es decir: no se mide lo que la gente compra, sino lo que debería comprar para subsistir, según una fórmula.
Eso explica en parte por qué el número resulta tan lejano para quienes viven con más de un millón al mes y no logran cubrir ni lo indispensable. El problema es que ese "adulto equivalente" no alquila, no paga cuotas escolares, no toma medicamentos ni se enferma, y parece caminar a todas partes.
Los alimentos, dice el INDEC, subieron apenas por encima del promedio: 2,9%, impulsados por carne, leche, pan y huevos. ¿Pero cuánto aumentaron realmente en las góndolas? Basta un recorrido mínimo por cualquier almacén o mayorista para notar que el ticket se duplica con facilidad semana a semana, sin que la inflación oficial lo refleje con la misma intensidad.
¿Hay un sinceramiento pendiente?
El contraste entre las cifras del INDEC y la experiencia social cotidiana no es nuevo, pero se volvió cada vez más difícil de justificar. Mientras en la Casa Rosada celebran la desaceleración inflacionaria como un logro de política macro, millones de personas siguen sintiendo que llegan peor a fin de mes. Y lo más preocupante: lo naturalizan.
Es evidente que parte del éxito de los programas de ajuste radica en alinear las estadísticas con el relato oficial, pero cuando las cifras pierden conexión con lo que vive la gente, la estadística se vuelve propaganda. La confianza en el INDEC se reconstruyó con esfuerzo tras años de manipulación, pero hoy vuelve a estar bajo escrutinio.
¿Administrar la pobreza o medirla?
Si con más de un millón de pesos mensuales una familia apenas deja de ser pobre, ¿cuánto gana una familia de clase media baja? ¿Cuántas hay por debajo de ese umbral? ¿Y cuántas ya ni siquiera alcanzan los 500 mil para comer? Las respuestas deberían alarmar, no tranquilizar.
Porque detrás de cada número hay un plato menos, una cuenta sin pagar, un chico que no va a la escuela por falta de ropa, o una abuela que recorta sus pastillas. Y si los números no reflejan eso, entonces la estadística dejó de ser una herramienta de diagnóstico para convertirse en una estrategia de control narrativo.
Entonces, la pregunta final no es solo cuánto cuesta no ser pobre, sino qué estamos dispuestos a creer cuando nos dicen que la pobreza está contenida.
