Se mantiene la restricción para ingresar nuevos internos en las cárceles porque persiste la superpoblación

La situación del sistema carcelario de la provincia de Neuquén sigue en crisis y no experimentó mejoras desde el 2022. Así quedó expuesto en la audiencia que se desarrolló esta semana en la Ciudad Judicial, en la que el Ministerio Fiscal pidió ampliar el cupo de la Unidad 11, pero recibió el rechazo del Ministerio de la Defensa y de la jueza de Ejecución penal. El jefe de esa penitenciaría dijo que hay 33 detenidos más que lo que establece su capacidad.

El miércoles 30, la Defensora de Ejecución Luciana Petraglia y el Defensor de Circunscripción Raúl Caferra sostuvieron que la capacidad de alojamiento de internos en la Unidad 11 continúa desbordada y persiste la situación de sobrepoblación, como en noviembre de 2022 cuando se dispuso el cupo en el marco del habeas corpus presentado por la Defensa Pública. Además explicaron que no se amplió la capacidad de la cárcel.

La audiencia fue pedida por la fiscalía -con la adhesión de la fiscalía de Estado- para que se amplíe el cupo. La Defensa Pública se opuso y la jueza Raquel Gass rechazó el pedido y mantuvo el cupo actual.

El jefe de la Unidad 11 reconoció que hay espacio para alojar a 233 personas, pero indicó que en este momento hay 266. Caferra explicó que hay pabellones que duplicaron su capacidad “con un mecanismo tan burdo como agregar literas: donde debería haber dos, hay cuatro, más una persona durmiendo en el piso”.

"El cupo parece ser un chicle, agregamos literas y vamos a subir el cupo a 300; esta no es la manera. El problema acá es que no se amplió la capacidad de la Unidad 11”, afirmó Raúl Caferra.

El Defensor de Circunscripción indicó que en el acuerdo que firmaron todas las partes se asumieron compromisos de corto, mediano y largo plazo. “Dentro del corto plazo se comprometieron a finalizar el pabellón 8 -el único que se cumplió- análisis de los procedimientos para ingresar a las casas de preegreso, eso no pasó, y, sobre todo, la reubicación de las personas alojadas en comisarías, pero para eso debía ampliarse la capacidad de la U11, para que pasen condenados. Eso no ocurrió”. Y añadió: “No hicieron nada para que este cupo se aumente”.

Por su parte, la Defensora de Ejecución, Luciana Petraglia, subrayó: “Nosotros hicimos un acuerdo que implicaba el desalojo de las comisarías que están en peores condiciones, siempre y cuando se generen nuevas plazas, y resguardando la integridad física y la vida de las personas y acá se murieron dos personas: una en el pabellón 6 por el incumplimiento de dar colchones ignífugos, y la otra en un conflicto entre dos pabellones que fueron juntados para generar plazas ficticias para venir a esta audiencia a decir ´tenemos 40 lugares´”.

“En realidad lo que deberíamos estar discutiendo es si de 2022 a esta parte hubo algún aumento de plazas conforme los estándares del Comité (contra la Tortura): Ni una, en dos años y seis meses”, dijo Luciana Petraglia.

La jueza explicó que no es función del Poder Judicial cogestionar, sino controlar. “Esta decisión de depositar gente en las comisarías excede lo que fue una decisión judicial -de fijar un cupo carcelario-”, aclaró. “La solución la deben aportar los funcionarios del Ejecutivo”, agregó y compartió lo planteado por la Defensa: "Desde 2022 a la fecha, no se creó genuinamente una sola plaza penitenciaria”.

Finalmente, resolvió mantener el cupo actual. “Al día de hoy no estoy en condiciones de dejar de lado la medida cautelar que está vigente”. No obstante, dispuso que –previo a la realización de una nueva audiencia- si se completan las obras previstas en la U11 se pueda ampliar el cupo en 15 personas a medidas de mayo y otras 15 a fin de ese mes.

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