Amnistía advierte crisis global de derechos humanos por el “efecto Trump”

La campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el reconocimiento de derechos, está dando alas a tendencias nocivas y agravado el daño causado por otros dirigentes mundiales durante 2024, afirmó la organización humanitaria amnistía Internacional (AI), al presentar este martes 29 su informe anual.

Agnès Callamard, secretaria general de AI, dijo que “transcurridos 100 días de su segundo mandato, el presidente Trump solo ha mostrado un total desprecio hacia los derechos humanos universales”.

“Su ataque sin cuartel a los conceptos mismos de multilateralismo, asilo, justicia racial y de género, salud global y acción climática necesaria para salvar vidas, está agravando el considerable daño que ya han sufrido esos principios e instituciones”, expresó.

Esa política ha animado aún más a otros dirigentes y movimientos, contrarios al reconocimiento de derechos, “a unirse a su embestida”, dijo Callamard.

“Pero seamos claros: este mal es mucho más profundo que las acciones del presidente Trump”, agregó Callamard, pues “desde hace años, hemos presenciado la insidiosa propagación de prácticas autoritarias, fomentadas por aspirantes y dirigentes en ejercicio que actúan deliberadamente como motores de destrucción”.

“Su ataque sin cuartel a los conceptos mismos de multilateralismo, asilo, justicia racial y de género, salud global y acción climática necesaria para salvar vidas está agravando el considerable daño que ya han sufrido esos principios e instituciones”:  Agnès Callamard.

El “efecto Trump”, dice el informe 2024-2025 de AI, con el que evalúa la situación en 150 países, ha agravado el daño causado por otros dirigentes, “echando por tierra decenios de minucioso trabajo para construir y promover los derechos humanos universales para todas las personas”.

De ese modo “se acelera el hundimiento de la humanidad en una nueva era caracterizada por la mezcla de prácticas autoritarias y codicia empresarial.

Los sucesos de los últimos 12 meses, “especialmente el genocidio de la población palestina en Gaza, retransmitido en directo pero ignorado”, han puesto de manifiesto “lo infernal que puede ser el mundo para tantas personas cuando los Estados más poderosos dejan de lado el derecho internacional”, expuso el informe de AI.

La situación de los derechos humanos en el mundo documenta la represión cruel y generalizada de la disidencia, la catastrófica escalada de los conflictos armados, y los insuficientes esfuerzos por abordar el colapso climático.

Asimismo, un creciente retroceso mundial de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, las mujeres, las niñas y las personas LGBTI, indica el informe, y advierte de que a menos que se logre dar un drástico giro a la situación mundial, todos estos aspectos se deteriorarán aún más en un turbulento 2025.

La proliferación de leyes, políticas y prácticas autoritarias dirigidas contra la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que AI documentó en 2024 se considera un elemento fundamental del retroceso global de los derechos humanos.

El informe señala que gobiernos de todo el mundo trataron de eludir la rendición de cuentas, afianzar su poder e infundir miedo prohibiendo medios de comunicación, disolviendo o suspendiendo ONG y partidos políticos, encarcelando por cargos infundados de “terrorismo” o “extremismo” a quienes los criticaban.

También con la criminalización de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas por el clima, personas que se manifestaban en solidaridad con Gaza y otras voces discrepantes.

Las fuerzas de seguridad de varios países utilizaron detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y, a menudo, fuerza excesiva -en ocasiones letal- para reprimir la desobediencia civil.

Entre ejemplo, muestra que las autoridades de Bangladés dieron orden de “disparar sin previo aviso” contra protestas estudiantiles y causaron casi un millar de muertes.

Las fuerzas de seguridad de Mozambique, tras las controvertidas elecciones generales de octubre, desataron la peor represión de protestas que se había visto en años, y que se saldó con al menos 277 muertes.

También en Venezuela se reprimieron las protestas que siguieron a la elección presidencial de julio, con saldo de al menos 25 muertos y más de 2000 detenidos.

Turquía impuso prohibiciones generales de las protestas “y sigue utilizando fuerza ilícita e indiscriminada contra personas que se manifiestan pacíficamente”.

Pero, en cambio, en países como Corea del Sur el poder de la ciudadanía prevaleció cuando el presidente Yoon Suk Yeol suspendió ciertos derechos humanos y declaró la ley marcial, solo para ser después destituido de su cargo y ver cómo esas medidas eran anuladas tras las protestas públicas masivas.

En cuanto a conflictos armados abiertos, AI documentó que “el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza, y el sistema israelí de apartheid (segregación racial) y ocupación ilícita de Cisjordania, se hizo cada vez más violento”.

Mientras tanto, Rusia “mató en 2024 a más civiles ucranianos que en el año anterior, y siguió atacando infraestructuras civiles y sometiendo a las personas detenidas a tortura y desaparición forzada”.

Las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán infligieron una violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas, en lo que constituyen crímenes de guerra y posiblemente de lesa humanidad, mientras que el número de personas internamente desplazadas por los dos años de guerra civil ascendió a 11 millones.

Un capítulo del informe se enfoca sobre los recortes masivos del gobierno de Trump a la ayuda humanitaria exterior, han agravado situaciones como el cierre de hospitales y servicios de salud refugiados en Tailandia, Siria o Yemen.

Otros capítulos dedicaron análisis y críticas al panorama sombrío para numerosas mujeres, niñas y personas Lgbti, con ataques cada vez más intensos contra la igualdad e identidad de género; a la inacción frente al calentamiento global y a la persistencia de la pobreza superable.

Pese a todo “la gente se resiste y se resistirá a los ataques contra los derechos humanos, los gobiernos pueden administrar justicia internacional y deben seguir haciendo. El aumento de las prácticas autoritarias y la pulverización del derecho internacional no son inevitables”, concluye el informe de Amnistía.