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La Policía de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a más de 75.000 personas sin historial penal durante los primeros nueve meses del gobierno de Donald Trump, según reveló este domingo NBC News, en base a información oficial obtenida a través de una demanda judicial.
Los datos provienen del llamado “Deportation Data Project”, una iniciativa de la Universidad de California en Berkeley, que logró acceder a registros internos del ICE sobre arrestos, detenciones y deportaciones entre el 20 de enero y el 15 de octubre de 2025.
De acuerdo con ese informe, esos 75.000 migrantes sin antecedentes representan más de un tercio del total de 220.000 personas detenidas durante las operaciones migratorias desplegadas por la administración Trump, medidas que desde el discurso oficial fueron presentadas como dirigidas exclusivamente a los “criminales más violentos”.
Redadas masivas y cifras aún mayores
El informe aclara que las cifras no incluyen las detenciones realizadas por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que llevó adelante redadas en grandes ciudades como Los Ángeles. Esto sugiere que la cantidad real de migrantes sin antecedentes detenidos podría ser aún mayor.
Otro dato relevante es que, en el caso de las personas con antecedentes, el propio ICE no diferencia en sus registros entre infracciones menores y delitos graves, lo que impide evaluar cuántas detenciones corresponden realmente a hechos de alta peligrosidad.
Perfil de los detenidos
Según el relevamiento del Deportation Data Project:
El informe vuelve a poner en debate el impacto real de las políticas migratorias impulsadas por Trump, que bajo la narrativa de la “seguridad” han terminado alcanzando de forma masiva a trabajadores, familias y personas sin antecedentes, muchas de ellas insertas desde hace años en la vida económica de Estados Unidos.
El contraste entre discurso y realidad
Mientras Washington sostiene un relato centrado en el combate contra el crimen, los datos oficiales muestran otra realidad: decenas de miles de personas sin historial delictivo privadas de su libertad, en operativos que impactan de lleno en comunidades migrantes ya golpeadas por la precariedad laboral, la falta de derechos y el miedo constante a la deportación.
El caso vuelve a exponer una contradicción estructural del poder: se invoca la defensa de la ley, pero se aplica una política de persecución masiva que no distingue entre delincuentes y ciudadanos comunes.
Fuentes: NBC News, Deportation Data Project – Universidad de California, Berkeley
