La pobreza en Argentina: 25 Años de ciclos de crisis y recuperación

En los últimos 25 años Argentina ha experimentado fuertes altibajos económicos que impactaron profundamente en la pobreza. A continuación se analiza la evolución de la pobreza monetaria y la indigencia desde 2000 hasta 2025, distinguiendo períodos presidenciales y vinculando los principales indicadores socioeconómicos: tasas de pobreza e indigencia, desempleo, salario real, inflación/costo de vida, crecimiento económico (PBI) y el efecto de políticas económicas y sociales.

Los datos provienen de fuentes oficiales (INDEC) y estimaciones de organismos y expertos (Cedlas-UNLP, CEPAL, etc.), asegurando una base objetiva​. Se presentan tablas comparativas para visualizar la evolución de estos indicadores por gestión de gobierno.

En este informe, analizamos cómo evolucionaron la pobreza, la indigencia y el desempleo en cada administración, contrastando sus políticas y sus efectos en la calidad de vida de los argentinos. ¿Por qué la pobreza bajó drásticamente entre 2003 y 2011? ¿Qué factores revirtieron esa tendencia desde 2012 en adelante? ¿Cómo impactó la pandemia en los niveles de indigencia? ¿Qué tan efectivas fueron las políticas de subsidios, transferencias sociales y paritarias salariales?

A través de tablas comparativas y datos oficiales, este informe explica las claves detrás de los avances y retrocesos en la lucha contra la pobreza en Argentina y proyecta los desafíos futuros para lograr una estabilidad social y económica duradera.

Fernando de la Rúa (1999–2001)
El gobierno de la Alianza, encabezado por Fernando de la Rúa, enfrentó una economía en recesión desde 1998 y fuertemente condicionada por la convertibilidad (1 peso = 1 dólar). Al asumir en 1999, la pobreza rondaba el 30-40% de la población (según distintas estimaciones) y el desempleo era alto (13,8% en 1999) . La continuidad de políticas de ajuste fiscal y restricción monetaria para sostener el tipo de cambio fijo agravó la recesión. El PBI cayó alrededor de -4% anual en 2000–2001, y la desocupación trepó a casi 18% a fines de 2001 .

Con la histórica crisis financiera y social de diciembre de 2001 (corralito bancario y default de la deuda), los indicadores sociales se deterioraron bruscamente. Para octubre de 2001 –poco antes de la renuncia de De la Rúa– la pobreza alcanzaba el 46% de la población, aumentando casi 20 puntos en dos años. La indigencia (personas que no cubren una canasta alimentaria básica) también subió fuertemente.

 La hiperinflación evitada durante la convertibilidad resurgió tras el colapso: si bien en 2000–2001 la inflación fue casi nula, la devaluación post-convertibilidad desató una espiral de precios. En síntesis, el bienio 2000–2001 cerró con más pobreza, alto desempleo (cerca del 18%) y un grave deterioro del salario real por la recesión y la expectativa de devaluación. Las políticas económicas (ajuste fiscal con el “Déficit Cero” y mantenimiento a ultranza del 1 a 1) resultaron insostenibles y su colapso disparó la pobreza.

Crisis de 2001 y Presidencia de Eduardo Duhalde (2002–2003)
Tras la caída de De la Rúa, Eduardo Duhalde asumió en enero de 2002 en medio de la peor crisis económica en décadas. Su gestión rompió la convertibilidad, devaluando el peso, lo que disparó la inflación al 41% en 2002 y encareció fuertemente el costo de vida. El PBI se contrajo cerca de -10,9% en 2002, profundizando la caída acumulada desde 1998. Consecuentemente, la pobreza alcanzó un máximo histórico: en 2002 más del 65% de los argentinos estaban bajo la línea de pobreza y aproximadamente una cuarta parte de la población cayó en indigencia extrema sin cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Este pico (65,6% en 2002) es el más alto registrado desde que el INDEC releva pobreza (1988). 

El desempleo abierto tocó su récord moderno, superando el 20% a fines de 2002. Ante la emergencia, Duhalde implementó políticas sociales de contención: lanzó el Plan Jefes y Jefas de Hogar, un programa de ayuda económica a desocupados con hijos, y aumentó las transferencias alimentarias de emergencia. Estas medidas paliativas frenaron parcialmente la indigencia, pero no evitaron el salto inicial de pobreza tras la devaluación. Hacia 2003 la situación comenzaba a estabilizarse: la inflación bajó (hubo incluso una leve deflación en 2003) y la economía tocó piso para luego iniciar una recuperación. Duhalde entregó el mando en mayo de 2003 con la pobreza aún en un altísimo 62% de la población, aunque mostrando una ligera mejora respecto al pico de 2002, y con la indigencia rondando el 27%. La breve gestión Duhalde fue crítica para redefinir el modelo económico (fin del tipo de cambio fijo) y sentar las bases de la recuperación productiva, pero a costa de un fuerte deterioro social inicial producto de la inflación de posdevaluación y la caída salarial real.

Néstor Kirchner (2003–2007)
Néstor Kirchner asumió en mayo de 2003 con la misión de reconstruir una economía devastada. Encontró pobreza en torno al 60% y desempleo de 15–16%. Su gobierno coincidió con un ciclo internacional favorable (altos precios de commodities agrícolas) y aplicó políticas expansivas de demanda, lográndose un crecimiento económico acelerado –promedio superior al 8% anual entre 2003 y 2007, considerado “tasas chinas”. Este vigoroso crecimiento, junto con una política activa de recomposición de ingresos (aumento del salario mínimo, paritarias salariales libres, y dos aumentos masivos de jubilaciones por moratoria), tuvo un efecto directo en la reducción de la pobreza. La tasa de pobreza bajó drásticamente más de 20 puntos en cuatro años: de 62% en 2003 a alrededor de 37% en 2007. Hacia fines de 2007, antes de dejar Kirchner el poder, la pobreza medida en aglomerados urbanos era de 37% (Cedlas/INDEC) y la indigencia se había reducido también significativamente.

Expertos atribuyen esta rápida caída principalmente a la recuperación del empleo y del salario real en la poscrisis. El desempleo descendió al 8–9% en 2007 (desde más de 15% en 2003), gracias a la creación de millones de puestos de trabajo impulsada por la expansión económica. De hecho, ya en 2006 el salario real promedio de los trabajadores registrados había superado el nivel de fines de 2001, revirtiendo la pérdida de poder adquisitivo de la crisis (La evolución de la relación salarial durante la post convertibilidad ). La inflación durante este período se mantuvo en rangos moderados pero crecientes: tras la calma de 2003 (inflación ~3.7%), se aceleró hacia valores de dos dígitos bajos (entre 10% y 12% anual oficialmente) hacia 2005–2007. Kirchner utilizó el tipo de cambio competitivo (peso devaluado) y superávits gemelos (fiscal y externo) para sostener el crecimiento, a la par de ampliar el gasto social.

En 2005, muchos beneficiarios del Plan Jefes pasaron a Planes Familias u otros programas laborales, y en 2006 se implementó una moratoria previsional que otorgó pensiones a adultos mayores sin aportes, reduciendo la pobreza en la tercera edad. En resumen, el kirchnerismo inicial logró la mayor reducción de pobreza de la era democrática reciente, apoyado en alto crecimiento, baja relativa de inflación y políticas redistributivas (empleo, salarios y transferencias). Hacia 2007 la pobreza aún afectaba a más de 1 de cada 3 argentinos, pero estaba muy por debajo del pico poscrisis.

Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015)

La presidencia de Cristina F. de Kirchner abarcó dos mandatos consecutivos, con dinámicas diferenciadas.

Primer mandato (2007–2011): CFK asumió en diciembre de 2007 con la pobreza en torno al 37%  y un desempleo heredado de 8%, (estimación Cedlas). Durante los primeros años continuó la tendencia positiva, aunque a menor ritmo. En 2008–2009 se combinaron shocks externos (crisis financiera global 2008/09) y locales (crisis del campo por las retenciones móviles) que frenaron la economía. El PBI cayó ligeramente en 2009 (-6% aproximadamente) pero rebotó +10% en 2010, manteniendo en el cuatrienio un crecimiento promedio saludable. Para sostener la demanda interna ante la crisis, en 2009 el gobierno lanzó la Asignación Universal por Hijo (AUH) –una transferencia mensual a familias vulnerables con hijos– que se convirtió en una política social emblemática. Este ingreso garantizado ayudó a contener la indigencia y la pobreza infantil. De hecho, la pobreza continuó disminuyendo: según estimaciones no oficiales (dado que el INDEC fue intervenido en 2007 y sus cifras comenzaron a ser cuestionadas), la tasa de pobreza bajó de ~37% a 28% entre 2007 y 2011.   

La indigencia habría caído en igual período a niveles cercanos al 5–6% de la población. El desempleo siguió descendiendo lentamente (rondó el 7% hacia 2011, mínimo histórico en décadas). Sin embargo, la inflación se aceleró: tras algunos años alrededor del 10% anual (dato oficial), volvió con fuerza a partir de 2007, estimándose que la inflación real superó el 20% anual hacia 2010. Este alza de precios moderó la mejora de ingresos reales, aunque el poder adquisitivo se sostuvo en parte gracias a paritarias y aumentos de salarios mínimos. En suma, el primer gobierno de CFK consolidó la reducción de la pobreza lograda por Néstor Kirchner, apoyado por la continuidad de la expansión económica post-2009 y la ampliación de la protección social (AUH, moratorias jubilatorias adicionales, etc.).

Segundo mandato (2011–2015): A partir de 2012 la situación se volvió más desafiante.

El ciclo de auge de commodities finalizó y surgieron tensiones macroeconómicas internas. Para fines de 2011 la pobreza había llegado a su mínimo en mucho tiempo (c. 25% según algunas estimaciones privadas) gracias al boom de 2010–2011, pero desde 2012 el PBI prácticamente se estancó (creció poco y con altibajos). Entre 2012 y 2015 hubo años de leve crecimiento y contracción: por ejemplo, 2014 atravesó otra recesión (-2.5% PBI) y devaluación. Con menos crecimiento, la generación de empleo privado se frenó. El desempleo abierto oficial bajó hasta 5.9% en 2015 -dato más bajo desde 1987– pero este número es engañoso, ya que el INDEC dejó de ser confiable en esta etapa. De hecho, el instituto dejó de publicar cifras de pobreza e indigencia después de 2013. Estimaciones alternativas (Cedlas, UCA) indican que la pobreza aumentó levemente en el segundo mandato de CFK, pasando de ~28% en 2011 a alrededor de 30% en 2015. Es decir, durante todo su gobierno (2007–2015) la pobreza habría bajado en términos netos (de 37% a ~30%) pero con una reversa parcial en los últimos años debido a la alta inflación y estancamiento económico. La indigencia se mantuvo relativamente contenida (en torno al 5–6%) gracias a la amplia red de contención social (AUH, planes alimentarios, etc.), aunque repuntó ligeramente con la crisis de 2014.

La inflación, que no tuvo freno durante estos años, erosiona el salario real: oficialmente osciló entre 10–25%, pero mediciones privadas mostraban entre 25–38% anual (2014 fue especialmente inflacionaria). Esto provocó caídas del poder adquisitivo, sobre todo en 2014–2015. El gobierno aplicó controles de cambio y de precios (“cepo” cambiario desde 2011, programa Precios Cuidados desde 2014) y continuó con altos subsidios a tarifas de servicios públicos para intentar contener el costo de vida, lo cual mantuvo bajas artificialmente algunas tarifas domésticas. Estas medidas, si bien atenuaron el impacto del costo de ciertos servicios en los hogares, generaron distorsiones y presión fiscal. En paralelo, CFK expandió programas como Progresar (becas para jóvenes) y créditos hipotecarios ProCreAr, y mantuvo aumentos de jubilaciones y AUH semi-anclados a inflación. A pesar de esos esfuerzos, desde 2013 la tendencia de reducción de pobreza se frenó: la vuelta de una inflación alta y la caída de los precios de exportación socavaron las mejoras sociales.

Para finales de 2015, Argentina tenía una pobreza estimada cerca del 30% y un país con mejoras importantes respecto de 2003, pero con deudas pendientes en materia de pobreza estructural. (Cabe destacar que en este período las estadísticas oficiales fueron polémicas: INDEC no publicó datos de pobreza entre 2013 y 2015, y los de desempleo estaban “maquillados” según especialistas. Los valores aquí citados provienen de estimaciones corregidas.)

Mauricio Macri (2015–2019)

Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015 (alianza Cambiemos) tras 12 años de gobiernos kirchneristas. Recibió un país con pobreza en torno al 30% (no se publicó dato oficial para fines de 2015 por la transición estadística) y una inflación alta y reprimida (aprox. 25% anual). También heredó un mercado laboral con desempleo oficialmente bajo (5.9% según último dato 2015, aunque real cercano a 8–9%) y un elevado gasto en subsidios económicos. Su gestión implementó un giro pro-mercado con reformas económicas: levantó el cepo cambiario y unificó el tipo de cambio, recortó subsidios a luz, gas y transporte (lo que subió tarifas), y buscó reducir el déficit fiscal gradualmente. Estas medidas tuvieron efectos contradictorios en los indicadores sociales. En un primer momento, la devaluación de 2016 y la quita de subsidios dispararon la inflación al 40% ese año, encareciendo el costo de vida.

El salario real sufrió una caída inicial en 2016, y la pobreza subió respecto a 2015. El INDEC, ya normalizado, publicó nuevamente cifras: para el segundo trimestre de 2016 la pobreza era 32,2% (aunque ese dato corresponde a un solo trimestre; el Cedlas calculó 31,4% en el semestre móvil). A medida que avanzó 2016, la recesión moderada de ese año (PBI -2,1%) dio paso a una recuperación en 2017 (PBI +2,8%). En 2017 la inflación bajó a ~25% y los salarios le ganaron marginalmente a los precios. Esto permitió una mejora social transitoria: el desempleo bajó al 7,2% a fines de 2017, y la pobreza descendió a su nivel más bajo en mucho tiempo, 25,7% en el segundo semestre de 2017.

Ese 25% de pobreza marcó un mínimo histórico en el siglo XXI para Argentina. Sin embargo, estos logros fueron efímeros. A partir de 2018 la economía enfrentó graves turbulencias: una fuerte devaluación del peso y crisis de deuda a mediados de 2018 dispararon la inflación al 47,6% en 2018 ). El poder adquisitivo se contrajo (los salarios reales cayeron ~12% entre 2017 y 2019) y la pobreza revirtió su curso. En 2018 el PBI volvió a caer (-2.6%) y en 2019 continuó la recesión (-2.1%), combinándose con inflación aún mayor (53,8% en 2019, la más alta desde 1991 hasta ese momento). A fines de 2019, el INDEC registró una pobreza de 35,5% de personas y 8,0% de indigencia (2º semestre 2019) los niveles más altos desde 2008 para fin de año. Es decir, durante la gestión Macri la pobreza subió en términos netos (de ~30% a 35,5%), revirtiendo parte de la baja previa. El desempleo también aumentó: de 7% en 2015 a alrededor de 10% en 2019 (el INDEC reportó 9,8% al segundo trimestre 2019, valor no visto en una década). Las causas fueron la recesión y los despidos en sectores como la construcción e industria, especialmente durante la crisis financiera de 2018.

Macri intentó compensar el deterioro social con medidas focalizadas: amplió la AUH a monotributistas sociales, lanzó la Pensión Universal para el Adulto Mayor, reforzó planes alimentarios y en 2019 eliminó el IVA en alimentos básicos temporalmente tras una devaluación. Aun así, estas políticas sociales y de empleo (como el Plan Empalme o capacitaciones) resultaron insuficientes frente al impacto de la inflación y el ajuste. En suma, la era Macri terminó con más pobreza y desempleo que al inicio. Las mejoras de 2017 se desvanecieron al encadenarse la crisis cambiaria y un acuerdo con el FMI que implicó austeridad en 2019. La indigencia, aunque contenida por la AUH y comedores comunitarios, volvió a subir hacia ~8%. Quedó en evidencia la vulnerabilidad de las conquistas sociales ante shocks macroeconómicos: la deuda, la devaluación y la inflación de 2018–19 “pegaron de lleno” en la pobreza encadenando luego con la pandemia.

Alberto Fernández (2019–2023)
Alberto Fernández asumió la presidencia en diciembre de 2019 (Frente de Todos) con el desafío de frenar la inflación y reactivar la economía, en un contexto de crisis heredada. El punto de partida ya era delicado: pobreza en 35,5% e indigencia 8% (II semestre 2019), y una deuda pública elevada. En sus primeros meses se impulsaron medidas para aliviar a los sectores vulnerables (tarjeta Alimentar, aumentos de emergencia a jubilados, control de precios básicos) y se estableció un control cambiario estricto para contener la fuga de capitales. Sin embargo, a comienzos de 2020 estalló la pandemia de COVID-19, un choque extraordinario que golpeó a todo el mundo y particularmente a Argentina tras dos años de recesión.

La actividad económica se hundió casi -10% en 2020 (la peor caída desde 2002) y el desempleo saltó transitoriamente al 13,1% en el segundo trimestre de 2020  (en plena cuarentena), aunque luego bajó al 11% hacia fines de ese año. El gobierno lanzó un masivo paquete de contención social: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) –un bono para 9 millones de personas sin ingresos formales–, subsidios a empresas para pagar salarios (ATP), prohibición de despidos y refuerzo de ayudas alimentarias. Estas políticas amortiguaron parcialmente el impacto social de la pandemia. Aun así, la pobreza trepó al 42% en 2020, nivel no visto desde 2006. En el primer semestre de 2020 llegó a 40,9% y la indigencia a 10,5% en el segundo semestre 2020 subió a 42,0% de pobreza y 10,5% de indigencia. El aislamiento estricto destruyó millones de empleos precarios –la tasa de empleo cayó a un mínimo histórico– y agravó la situación de los informales, aunque las transferencias públicas evitaron un desborde mayor de la indigencia.

A partir de 2021, con la reapertura gradual, la economía rebotó un +10,3% y recuperó buena parte del terreno perdido. El empleo también se recuperó rápidamente, bajando el desempleo a 8% hacia fines de 2021. La pobreza reflejó esta mejora: cayó a 37,3% en el segundo semestre 2021 (vs 42% un año antes), e indigencia a 8,2%. No obstante, seguía por encima del nivel prepandemia (35,5% en 2019).

Hacia 2022 emergieron nuevos desafíos: una combinación de emisión monetaria para financiar el déficit, la guerra en Ucrania que encareció alimentos y energía, y la todavía alta brecha cambiaria, empujaron la inflación de 2022 al 94,8% anual (la más alta desde 1991). El crecimiento se moderó a +5% en 2022, y los salarios reales volvieron a resentirse con la aceleración inflacionaria. De hecho, a septiembre de 2022 el salario real promedio en Argentina estaba 14% por debajo del de enero 2017, reflejando años de erosión del poder adquisitivo. Con ingresos rezagados, la pobreza volvió a subir a alrededor de 39-40% en 2022 (el INDEC reportó 39,2% personas pobres al segundo semestre 2022, indigencia ~8%).

El gobierno de Fernández implementó controles de precios (programa Precios Cuidados y acuerdos sectoriales), aumentos trimestrales del salario mínimo y bonos compensatorios a trabajadores informales y jubilados para contrarrestar la inflación, pero el efecto fue limitado. En 2023 la situación se tornó crítica: una severa sequía histórica desplomó las exportaciones agrícolas, deprimiendo el PBI (estimado en -2,5% en 2023) y mermando el ingreso de divisas. Sumado a la incertidumbre electoral y desequilibrios fiscales, la inflación se desbordó en la segunda mitad del año.

Para diciembre 2023 la inflación interanual alcanzó 211,4% –nivel de fin de año no visto desde 1990, con los alimentos subiendo todavía más (+251% interanual). Esta espiral inflacionaria pulverizó los salarios (la remuneración promedio aumentó 153% en 2023 vs 211% de inflación) y elevó nuevamente la pobreza. Al segundo semestre de 2023, la pobreza oficial subió a 41,7% de la población e indigencia a 11,9%, revirtiendo avances de la pospandemia. Es el registro más alto de pobreza desde 2006. En el promedio del periodo Alberto Fernández (2019-2023), la pobreza aumentó unos 6 puntos porcentuales (de 35% a ~41%), reflejando primero el choque pandémico y luego la aceleración inflacionaria de 2022-23. Pese a los importantes esfuerzos en protección social –como la continuidad de la AUH, IFE, bonos, ampliación de la tarjeta Alimentar y planes de empleo como Potenciar Trabajo–, la alta inflación y la recesión por la deuda y la sequía anularon gran parte de sus efectos. Hacia fines de 2023 Argentina enfrentaba cifras de pobreza muy elevadas, con más de 18 millones de personas bajo la línea de pobreza, evidenciando el deterioro por la crisis económica acumulada.

Javier Milei (2023–2025)
En diciembre de 2023 asumió un nuevo gobierno (Presidencia de Javier Milei) con un programa económico de shock liberalizador para frenar la inflación crónica. Los primeros meses de 2024 fueron de transición traumática: se eliminaron controles cambiarios, provocando una maxidevaluación del peso, y se redujeron drásticamente subsidios a tarifas, lo que llevó a aumentos bruscos en servicios. Esto generó un salto inicial de la inflación a fines de 2023 (25% solo en diciembre) y comienzos de 2024. Como resultado inmediato, la pobreza aumentó aún más en el primer trimestre de 2024: según estimaciones independientes (Observatorio Social UCA), la pobreza alcanzó 55,5% en el primer trimestre de 2024 y la indigencia 17,5%, dejando desactualizados los últimos datos oficiales. Es un nivel de pobreza cercano a los peores momentos del “corralito” 2002.

El desempleo también reaccionó al shock cambiario: tras haber marcado 5,7% en el cuarto trimestre 2023 (mínimo desde 2003), subió a 7,7% en el primer trimestre 2024 por la contracción económica inicial (1,63 millones de desocupados). Frente a este panorama alarmante, el nuevo gobierno priorizó una política monetaria y fiscal draconiana para estabilizar la macroeconomía.

El Banco Central subió tasas de interés fuertemente y se buscaron recortes del gasto para eliminar el déficit, a la vez que se implementaron algunas medidas de alivio social focalizado (por ejemplo, un esquema transitorio de bonos compensatorios y mantenimiento de la AUH, pero con mayor focalización y eliminación de intermediarios en la distribución de ayuda).

Hacia mediados de 2024 comenzaron a verse señales mixtas: la inflación, aunque altísima en el acumulado, mostró una tendencia marcada a la desaceleración. Del pico trimestral inicial, el costo de vida mensual bajó a un dígito hacia mediados de año y continuó reduciéndose. En el tercer trimestre de 2024 la pobreza proyectada bajó a 38,9% -una caída muy significativa desde el pico de principios de año– e indigencia a 8,6% , según estimaciones oficiales del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales basadas en la mejora de ingresos. Este descenso se atribuye a dos factores: la abrupta baja de la inflación (que permitió cierta recuperación del poder adquisitivo en la segunda mitad de 2024) y la ampliación de transferencias directas a sectores vulnerables por parte del Estado.

En efecto, la inflación anual 2024 cerró en torno al 118% (casi la mitad de la de 2023), y en enero de 2025 el IPC mensual fue apenas 2,2% (la más baja desde 2020), indicando que la hiperinflación se logró domar en el corto plazo. La estabilización cambiaria y monetaria del segundo semestre de 2024 permitió que los salarios le volvieran a ganar a los precios después de mucho tiempo, recuperando parte del terreno perdido (por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo acumuló un aumento de 340% en 11 meses de gestión, +107% en términos reales según datos oficiales. No obstante, la contracara fue una fuerte contracción de la demanda interna durante el ajuste, que mantuvo el PBI estancado en 2024 (tras la caída de 2023).

En perspectiva a 2025, Argentina logra finalmente bajar la inflación a niveles de dos dígitos bajos, condición fundamental para bajar la pobreza de manera sostenida. Sin embargo, aún persiste un largo camino: incluso con ~39% de pobreza a fines de 2024, el nivel sigue siendo más alto que en 2019 (pre-pandemia). La experiencia muestra que sin crecimiento económico sostenido y estabilidad de precios, las mejoras sociales son frágiles. Las políticas recientes –orientadas a estabilizar la moneda y reordenar el gasto– deberían complementarse con políticas de desarrollo productivo y protección social inteligente para lograr reducciones duraderas de pobreza. Los próximos años serán cruciales para ver si Argentina puede retornar a niveles de pobreza más manejables (por ejemplo, bajar del 30%), algo que no ocurre desde 2013.

Comparación de Indicadores por Períodos Presidenciales
A continuación se resumen en tablas los indicadores clave (pobreza, indigencia, desempleo, salario real, inflación y crecimiento) al inicio y fin de cada gobierno desde 2000, evidenciando el impacto de las políticas de cada gestión:

Pobreza e Indigencia por gobierno (2000–2025):

* Duhalde asumió en 2002 con la pobreza ya en 46% (tras crisis 2001) y la llevó al pico de 66% en 2002; hacia 2003 bajó levemente a ~62%.
** Datos 2024 proyectados por CNCPS/INDEC; su gobierno lleva poco tiempo, se muestra última estimación disponible.

Como se observa, la pobreza bajó sustancialmente entre 2003 y 2011, en coincidencia con los gobiernos de Néstor y el primer mandato de Cristina Kirchner, pasando de niveles superiores al 50% (tras la crisis) a valores cercanos al 25-30%. En cambio, en los períodos posteriores la pobreza volvió a ascender: aumentó en la segunda presidencia de CFK (2011–2015), subió aún más durante Macri (terminó 2019 en 35,5% y trepó bruscamente con la pandemia bajo Alberto Fernández (2020) hasta el 42%, manteniéndose en torno al 40% en 2023. Solo hacia finales de 2021 hubo una leve mejoría post-COVID, y a finales de 2024 se observa otra baja (de 55% a 39%) al compás de la estabilización macroeconómica. La indigencia mostró trayectoria similar: bajó a menos de 10% para 2007 y se sostuvo en un dígito hasta 2017; luego subió a ~8% en 2019, y alcanzó ~12% en 2023 antes de retroceder a ~8% proyectado en 2024.

Desempleo y Salario Real por gobierno:

*Salario real: tendencia del poder adquisitivo promedio de los salarios (públicos y privados) en cada periodo.

En cuanto al desempleo, tras la explosión de 2001-2002 (>20%), mostró una clara mejora con la recuperación 2003-2007 (bajó al 8%). Durante el período 2008-2015 logró sostenerse en un dígito (aunque las cifras oficiales de 5-7% en 2014-2015 son discutidas). Bajo Macri, el desempleo volvió a los dos dígitos por las recesiones de 2016 y 2018-19. Paradójicamente, en 2020, pese al derrumbe económico, el desempleo medido subió solo moderadamente (al ~11-13%) porque mucha gente salió de la fuerza laboral durante la cuarentena estricta; luego descendió rápidamente con la reactivación, alcanzando 5,7% a fines de 2023 –el menor en décadas– debido al auge de empleos informales y estatales. Sin embargo, este “piso” histórico se rompió con la crisis de 2024, volviendo el desempleo cerca del 8%.

El salario real (ajustado por inflación) refleja la capacidad de compra de los ingresos laborales. En los últimos 25 años, tuvo grandes oscilaciones: colapsó en 2002 con la devaluación (perdiendo alrededor de un tercio de su poder adquisitivo), se recuperó con fuerza entre 2003-2007 (para 2006 ya superaba el nivel de 2001), y luego entró en una meseta/involución a medida que la inflación cobró protagonismo. Entre 2007 y 2015, el salario real primero subió levemente (merced a los ajustes por paritarias y la baja de desempleo), pero desde 2012 comenzó a erosionarse por la inflación persistente. Hubo un repunte puntual en 2015 por ajustes salariales pre-electorales. Con Macri, el salario real tuvo una evolución en “V”: cayó ~6-10% en 2016, recuperó algo en 2017, y luego sufrió una caída abrupta en 2018-2019 (acumulando aproximadamente -17% durante todo el mandato). De hecho, el ingreso promedio en dólares (al tipo de cambio libre) pasó de un pico de US$1832 en 2017 a solo US$450 a fines de 2019, ilustrando la pérdida de valor.

En el período 2020-2023, los salarios reales enfrentaron primero la baja por pandemia (aunque con una reducción relativamente acotada gracias a acuerdos y compensaciones), luego una recuperación en 2021, para finalmente volver a caer fuertemente con la inflación récord de 2022-2023. A septiembre de 2022, el salario real promedio estaba 14% por debajo del nivel de enero 2017 y similar al de 2020, borrando la mejora de la pospandemia. Hacia 2023, con inflación ya en tres dígitos, el poder adquisitivo alcanzó uno de sus peores registros de las últimas décadas (equiparable a inicios de los 2000). Solo tras fines de 2024 se insinúa una recuperación real de los salarios, de la mano de la desaceleración inflacionaria. En síntesis, los únicos períodos de mejora sostenida del salario real fueron 2003-2007 y 2010-2011, mientras que los demás se caracterizaron por estancamiento o caídas, acordes al ciclo inflacionario de cada época. Esto demuestra la estrecha relación entre inflación y pobreza: cuando los ingresos reales crecen (o al menos se preservan), la pobreza tiende a bajar –como ocurrió 2003-2007–, y cuando la inflación licúa el poder de compra, la pobreza rebota (2018-2019, 2022-2023).

Inflación y Crecimiento (PBI) por gobierno:

Esta comparación evidencia claras diferencias entre gobiernos. Los mejores resultados en reducción de pobreza coincidieron con alta expansión económica y moderación inflacionaria: el quinquenio 2003-2007, con crecimiento anual >8% y inflación en torno a 10-12%, permitió grandes mejoras sociales. También 2010-2011 fue un bienio de crecimiento (+9% en 2010) que ayudó a bajar la pobreza a mínimos de ~25%. Por el contrario, períodos de estanflación o crisis revirtieron esas ganancias: 2014 (recesión + devaluación) frenó la tendencia favorable; 2016-2019, con crecimiento nulo e inflación alta, elevó la pobreza de ~30% a 35%; y especialmente 2018-2019 (crisis cambiaria) y 2020 (pandemia) produjeron saltos notorios en pobreza.

La inflación emerge como factor central: Argentina convivió con inflaciones de dos dígitos gran parte del siglo XXI, pero cuando se descontroló a fines de 2019 en adelante, la pobreza volvió a niveles críticos (40%+). La razón es clara: la inflación sostenida erosiona el salario real y aumenta el costo de la canasta básica por encima de los ingresos familiares, empujando más gente bajo la línea de pobreza. Así, entre 2017 (inflación 25%, pobreza 25%) y 2019 (inflación 54%, pobreza 35%) hubo una marcada correlación. Lo mismo sucedió en 2022-23, cuando la aceleración inflacionaria pulverizó la leve recuperación post-2020 y llevó la pobreza otra vez por encima de 40%.

También se destaca el papel de las políticas públicas: la implementación de amplias políticas sociales y laborales (transferencias, subsidios, regulaciones salariales) fue clave para amortiguar los efectos sociales de las crisis. Por ejemplo, la AUH desde 2009 contribuyó a reducir la pobreza infantil y la indigencia en los ’10; los subsidios a tarifas de 2003-2015 sostuvieron artificialmente el poder de compra de muchos hogares (aunque a costo fiscal); los planes de empleo y alimentarios (Jefes, Potenciar Trabajo, comedores) evitaron un mal mayor en 2002, 2018 o 2020. Sin estos programas, la pobreza hubiese sido aún más alta. No obstante, dichas políticas mitigan pero no resuelven la pobreza estructural si no van acompañadas de crecimiento genuino y estabilidad. De hecho, Argentina mantiene un “núcleo duro” de pobreza crónica superior al 20% que persiste aun en bonanzas, asociada a problemas estructurales (desempleo juvenil, informalidad, baja educación) que requieren reformas de fondo.

En conclusión, el periodo 2000-2025 en Argentina mostró avances y retrocesos cíclicos en materia de pobreza, muy ligados al vaivén económico y a las políticas de cada gobierno. Los gobiernos kirchneristas lograron reducciones importantes apoyados en crecimiento con inclusión (más empleo formal, salarios en alza, amplia protección social), mientras que las gestiones posteriores lidiaron con shock externos e internos que revirtieron parcialmente esos logros. La experiencia reciente reafirma que el crecimiento económico sostenido con baja inflación es condición indispensable para una reducción duradera de la pobreza –el “derrame” del crecimiento 2003-2007 así lo demostró–, pero también que el Estado debe asegurar una red de contención en crisis (2002, 2009, 2018, 2020) para proteger a los más vulnerables.

Cada gobierno aplicó recetas distintas, con resultados acordes a sus contextos: desde la austeridad fallida de la Alianza, la devaluación dolorosa pero luego expansiva de Duhalde, la recuperación inclusiva de Kirchner, la redistribución con desequilibrios de CFK, la apertura endeudada de Macri, hasta el intervencionismo de emergencia de Fernández y el shock liberal de Milei. La pobreza en 2025 sigue siendo el gran desafío nacional: ronda el 40% de la población, un nivel elevado que demanda combinar la estabilidad macroeconómica recientemente reencontrada con políticas de desarrollo que generen empleo de calidad e inclusión. Solo con crecimiento robusto y sostenido en los próximos años –y aprendiendo de las experiencias pasadas– Argentina podrá quebrar la persistencia de la pobreza y llevarla otra vez a niveles inferiores al 25%, meta que no se alcanza desde hace más de una década.

Fuentes: INDEC (Encuesta Permanente de Hogares, informes de pobreza, distribución del ingreso, IPC)​chequeado.com
​es.wikipedia.org
; Banco Mundial; CEPAL; Chequeado (verificaciones de datos de pobreza y desempleo)​chequeado.com
​chequeado.com
; Cedlas-UNLP (Serie histórica de pobreza reestimada)​chequeado.com
​chequeado.com
; Observatorio de la Deuda Social UCA; Ministerio de Economía (datos PBI); informes y proyecciones oficiales (CNCPS)​argentina.gob.ar
; análisis de expertos como Arakaki (CEPED)​chequeado.com
 y Coremberg (UBA)​chequeado.com
, entre otros. Todas las cifras están respaldadas en fuentes oficiales o académicas para asegurar su veracidad y comparabilidad.