NeuquenNews
A partir del 12 de mayo, los pasajeros podrán abonar sus viajes en transporte público utilizando códigos QR. La medida, impulsada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), establece los requisitos que deberán cumplir las billeteras digitales y procesadores de pago para ofrecer esta alternativa.
La regulación llega después de varios meses de discusiones sobre la apertura del mercado de pagos en el transporte. Hasta ahora, las nuevas tecnologías incorporadas se centraban en las tarjetas contactless, que comenzaron a implementarse a finales del año pasado en el subte de Buenos Aires y el tranvía de Mendoza. Luego, en enero, se sumó la línea 44 de colectivos.
El pago mediante código QR fue una de las opciones impulsadas por Mercado Pago, que argumentaba que muchos celulares no cuentan con tecnología NFC, necesaria para los pagos sin contacto con tarjeta. Frente a este escenario, proponía el QR como una alternativa más accesible para quienes no pueden vincular su tarjeta al celular.
Finalmente, la Comunicación “A” 8206 del BCRA definió los estándares que deberán seguir las empresas para implementar el sistema. A diferencia del uso del QR en comercios, donde el código es generado por el local y escaneado por el cliente, en el caso del transporte será el pasajero quien deberá generar el código desde su teléfono y luego presentarlo ante el lector de la unidad. Además, la transacción podrá realizarse sin necesidad de conexión a internet al momento del escaneo.
Según lo establecido en la normativa, solo se podrá pagar con QR mediante débito desde cuentas bancarias (CBU) o cuentas de pago (CVU). Además, únicamente las billeteras digitales registradas como interoperables en el BCRA podrán ofrecer este servicio.
Los sistemas de transporte a nivel nacional, provincial o municipal que quieran habilitar esta forma de pago deberán cumplir con los lineamientos definidos por el Banco Central. Asimismo, la normativa obliga a las billeteras digitales y a los administradores de los lectores de QR a integrarse entre sí en un plazo máximo de 30 días hábiles.
