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El Gobierno puso en marcha este lunes una insólita operación mediática para instalar que en 2016, en la AFIP, el kirchnerismo tejió una red para proteger a 50 empresas vinculadas a dirigentes y empresarios supuestamente relacionados con el peronismo. Como es obvio, en 2016 ni el kirchnerismo ni el peronismo tenían el menor poder en la AFIP ya que gobernaba Mauricio Macri. Lo ocurrido fue todo lo contrario: el macrismo elaboró una lista de 50 empresas que debían ser perseguidas y, en lo posible, aniquiladas.
En ese momento encabezadas por Mercedes Marcó del Pont se presentaron a la justicia para señalar que en el macrismo se había armado una sistemática persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y numerosos empresarios para llevar adelante un “hostigamiento fiscal”.
En esa denuncia se reveló que el macrismo puso a trabajar equipos especiales a los que les pusieron el siniestro nombre de “grupos de tareas”, que entraban de forma irregular al sistema para armar carpetas contra esos dirigentes y empresas. Todo se hizo pasando por encima de las leyes y normas que rigen la actuación de la AFIP: por ejemplo, se vulneró la neutralidad obligatoria del órgano recaudador, no se notificaba a los contribuyentes investigados, se hicieron cálculos falsos, se ingresó irregularmente al sistema, se violó el secreto fiscal.
En la operación iniciada ayer por el gobierno de Javier Milei se menciona que la AFIP protegía a las empresas de Lázaro Báez, otras constructoras que concretaron obras públicas, los hermanos Ciccone, dueños de la conocida imprenta; Cristina, Florencia y Máximo Kirchner, los hoteles de esa familia en las sociedades Hotesur y Los Sauces; Oil Combustibles, Electroingeniería y hasta Alejandro Vandenbroele que declaró contra el ex vicepresidente Amado Boudou. Según lo que hizo trascender la Casa Rosada, la red de protección dentro de la AFIP se armó en 2016.
La realidad fue toda la contraria. En 2020 se realizaron dos auditorías respecto de la actuación de la AFIP durante el macrismo. Como se sabe, Macri asumió en 2015 y dejó el poder en 2019, de manera que manejaba la agencia de recaudación en 2016 -cuando se armo la supuesta red de protección- y en todos esos años estuvieron a la cabeza Alberto Abad y Leandro Cuccioli, de extrema confianza del PRO. O sea, ni el kirchnerismo ni el peronismo pudieron haber armado nada en 2016. Y quien sí armó fue ese team Macri, pero no para proteger sino para perseguir a ese listado de empresas, dirigentes y empresarios.
La denuncia de Marcó Del Pont es una prueba categórica. Se hizo en base a las auditorías y fue demoledora:
Los funcionarios de la AFIP durante el macrismo no actuaron con el deber ético de la neutralidad. Se lesionó el mandato de actuar de buena fe y la norma de trato igualitario a todos los contribuyentes.
Cuando se iniciaron las determinaciones sobre la cuestión fiscal de la familia Kirchner ni siquiera se la notificó. Se le enviaron oficios a domicilios que no tenía, cuando pudieron hasta haberle enviado notificaciones al Senado. Lo evitaron para actuar clandestinamente.
La ley establece que el órgano recaudador busca que el contribuyente pueda ejercer su defensa. “Al no notificar, incumplieron con el debido proceso”, determinó la Auditoría.
Se armaron equipos específicos, con funcionarios que estuvieran alineados con el macrismo, para trabajar en la persecución. El objetivo fue perseguir a determinados grupos y contribuyentes, algo que va totalmente en contra de la igualdad y la neutralidad que debe guardar la AFIP. A esos equipos los llamaron grupos de tareas, como se denominaba durante la dictadura a las patotas de represores que salían a cazar a militantes opositores al régimen militar instalado en 1976.
Se estableció que hubo miles de ingresos en la base de datos de la AFIP, con maniobras irregulares y violación del secreto fiscal.
A esta denuncia de la AFIP deben sumarse los elementos que fueron surgiendo con el correr del tiempo: la mesa judicial, que funcionó en la Casa Rosada, usó a la AFIP como instrumento de persecución, así como lo hizo con la SIDE (entonces se denominaba AFI, Agencia Federal de Inteligencia) y la trama de la justicia federal, con sede en Comodoro Py, que de inmediato armaba causas y expedientes.
Es evidente, entonces, que el listado de empresas que ahora dice haber descubierto ARCA, el nuevo nombre de la AFIP, fue para perseguir y no para proteger. De hecho, la ofensiva contra buena parte de los empresarios nombrados llevó a varios a la detención en el penal de Ezeiza. Y cuando se menciona que "la protección continuó" durante el gobierno de Alberto Fernández, la historia se derrumba por sí misma: las empresas, hostigadas durante el macrismo, prácticamente no funcionaban y la gran mayoría estaba intervenida por la justicia.
