El gobierno de Javier Milei derogó el DNU que protegía los territorios indígenas, abriendo la puerta a nuevos desalojos y generando alarmas entre las comunidades mapuches de Neuquén. Con la excusa de la "seguridad jurídica" y el desarrollo económico, esta decisión reaviva el conflicto histórico entre los derechos territoriales de los pueblos originarios y los intereses de las petroleras y grandes terratenientes.
ACTUALIDAD10/12/2024
Neuquén Noticias
El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que pone fin a la emergencia territorial indígena establecida por la Ley 21.160, ha generado un fuerte rechazo en sectores de la sociedad y, en particular, entre las comunidades mapuches de Neuquén, que ya ven con alarma las implicancias de esta decisión. La medida, que desactiva una serie de prórrogas que durante 18 años suspendieron los desalojos en territorios reclamados por pueblos originarios, representa un golpe directo a los derechos de las comunidades mapuches, particularmente aquellas ubicadas en zonas clave como Vaca Muerta.
A través del DNU 1083/2024, el gobierno de Milei ha decidido dar por finalizada la emergencia territorial, un mecanismo que había sido crucial para frenar los desalojos y avanzar en la regularización de tierras indígenas.
Desde su sanción en 2006, la Ley 26.160 había permitido frenar las presiones que las comunidades originarias sufrían por parte de terratenientes y empresas, particularmente en un contexto de expansión de la actividad petrolera y gasífera, que ha puesto en riesgo los territorios ancestrales. En Neuquén, por ejemplo, existen múltiples relevamientos territoriales inconclusos, como los que involucran a comunidades como los Kaxipayiñ, Wircaew, Campo Maripe y Fvta Xayen, las cuales están en permanente conflicto con las empresas extractivas que operan en la región.
El gobierno de Milei, al derogar el DNU 805/2021, argumenta que la medida responde a la necesidad de "garantizar la seguridad jurídica" y de liberar las tierras para su uso productivo, especialmente en un contexto económico donde las inversiones en sectores como la minería y el petróleo son vistas como esenciales. La justificación oficial destaca la supuesta "inseguridad jurídica" que generaban las sucesivas prórrogas de la Ley 26.160 y menciona que el sistema se había visto "abused" por un aumento en la inscripción de comunidades sin cumplir los requisitos legales establecidos. Además, el gobierno argumenta que la situación había derivado en 254 conflictos judicializados, muchos de ellos vinculados a supuestas "usurpaciones" y hechos de violencia, como los incendios intencionales en bosques del sur.
Sin embargo, lo que el gobierno omite es que la derogación de esta ley, lejos de ser un "avance" hacia la estabilidad jurídica, constituye un retroceso en los derechos territoriales de los pueblos originarios. La Confederación Mapuche de Neuquén, por ejemplo, ha reaccionado con preocupación ante lo que considera un "acto de regresión" en los derechos de las comunidades. En este contexto, la medida no solo pone en riesgo la integridad de los territorios indígenas, sino que podría abrir la puerta a una nueva ola de desalojos forzosos y de despojo de tierras que históricamente han sido objeto de disputa entre las comunidades originarias, los terratenientes y las empresas extractivas.
En las próximas semanas, se espera que esta decisión tenga consecuencias sociales y políticas graves. La postura del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aún es incierta, pero lo cierto es que la derogación del DNU 805/2021 pondrá a prueba la capacidad del Estado provincial para defender los derechos territoriales de las comunidades mapuches frente a los intereses privados y económicos que buscan apoderarse de esas tierras.
Más allá de las celebraciones del sector productivo y de los propietarios de tierras, que ven en esta medida una oportunidad para "regularizar" la situación y dar paso a nuevos proyectos, lo cierto es que la derogación de la emergencia territorial no resuelve los conflictos de fondo. La cuestión territorial sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre los derechos de los pueblos originarios y los intereses económicos de los sectores más poderosos del país. Esta medida, en lugar de ofrecer una solución real, agrava aún más un problema histórico que parece no encontrar respuesta en la política nacional.
El gobierno de Milei, al tomar esta decisión, parece haber elegido una vez más el desarrollo económico a costa de los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, el precio de esta elección podría ser alto, ya que el despojo de tierras y la creciente conflictividad social podrían tener un impacto negativo no solo en la estabilidad política y social del país, sino también en su imagen internacional en materia de derechos humanos. Las próximas semanas serán cruciales para medir las repercusiones de esta medida, y las comunidades mapuches de Neuquén, en particular, seguirán resistiendo esta política, que consideran una amenaza a su supervivencia cultural y territorial.
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