Nuevo round para la Ley Bases, la Patagonia otra vez en la mira del Gobierno

La presencia patagónica en el Senado le dejó un sabor amargo al gobierno después de la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal. Los representantes de las seis provincias del sur argentino ahora son foco de las críticas del Gobierno, especialmente sobre los legisladores que no apoyaron la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, una de las claves tributarias de los dos primeros proyectos que la administración del presidente Javier Milei envió al Congreso hace casi un semestre.

"Vamos a ver qué hacen ahora, porque pueden quedarse sin el pan y sin la torta", sentencian en la Casa Rosada después del escenario que dejó la sesión que concluyó el jueves por la madrugada. La vicepresidenta Victoria Villarruel tuvo que desempatar tres veces, primero para la aprobación en general, que llegó con 37 con su voto, porque ante hubo un empate de 36 en contra y 36 a favor.

Fueron dos votaciones donde volvió a quedar en evidencia la patagonia porque los santacruceños José Luis Carambia y Natalia Gadano se ausentaron, en un giro de la decisión inicial que conmovió la previa de la sesión cuando habían anunciado que no darían cuórum. También sostuvieron que el paso por el Senado era "una trampa", porque los cambios que estaban por aprobarse iban a ser desconocidos cuando vuelvan a Diputados, y por mayoría simple.

Parte de esos vaticinios, teñidos del desencanto de ambas partes en las negociaciones patagónicas, comenzaron a corporizarse cuando habían pasado 24 horas de las aprobaciones de las versiones posibles de la Ley Bases y del Paquete Fiscal.

El senado aprobó la Ley Bases, pero con modificaciones.

Las modificaciones fueron más de 40 e incluyeron dos reveses para los objetivos tributarios de la administración Milei. Se cayeron las concesiones que el Gobierno hizo en la última semana con los gobernadores sureños. Francos ofertó poner a la Patagonia como zona desfavorable y aceptó subir el mínimo imponible de Ganancias.

Milei gobierna sin una ley de presupuesto para este año, sino con la prórroga de partidas del último que aprobó el Congreso para el cuarto año de la presidencia de Alberto Fernández. Todo depende de reasignaciones y actualizaciones licuadas por la inflación. Con las provincias han pasado seis meses de partidas discrecionales suspendidas y una reducción drástica en la distribución de recursos, salvo los coparticipables. En esa tensión, la recaudación de Ganancias es clave y los cambios le iban a permitir resolver una ecuación fiscal muy frágil. Es un impuesto coparticipable, el 60% va a las provincias y las modificaciones que había aceptado el Gobierno buscaban sumar el respaldo patagónico. Quedó a medio camino con una votación negativa de 41 respaldos y 31 rechazos.

También hubo cambios que se cayeron para el impuesto a los bienes personales. El texto buscaba aumentar de 27 a 100 millones de pesos el piso para pagar ese impuesto dirigido a los posean propiedades en Argentina y el exterior. El dictamen que había alcanzado la mayoría permitía que pudieran ser beneficiados los adherentes al blanqueo.

El porteño Martín Lousteau pidió que quedaran afuera y el oficialismo no quiso ceder. El resultado: una derrota de 37 rechazos y 35 apoyos, definido por la negativa de Lousteau y de los santacruceños Carambia y Gadano, junto a la rionegrina Mónica Silva, poseedora de una banca que ocupó su jefe político, el gobernador Alberto Weretilneck. Cuando vieron la derrota recularon y echaron mano al dictamen de Lousteau, pero su dictamen por la minoría también fue rechazado. La doble derrota marcó otra llaga en la relación del gobierno con los patagónicos, en este caso, con los dos santacruceños que a veces responden al gobernador Claudio Vidal.

La Ley Bases en Diputados

Francos quiere revertir todo eso en Diputados. No sólo es un objetivo de la negociación que ahora comenzó en la Cámara Baja, sino el objetivo de mínima de una ambición mucho más amplia para que los aliados esquivos del oficialismo puedan desquitarse y ratificar todo lo que puedan de la versión original que aprobaron por 144 apoyos el 30 de abril, luego de una maratónica sesión.

La versión que aprobó el Senado incluye otros cambios que no cayeron bien en los vecinos que esta vez juegan como cámara de origen: se anuló la derogación de la moratoria que rige desde el gobierno de Fernandez, se sumaron cambios en el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y se acotó el listado de empresas para privatizar. Quedaron afuera Radio y Televisión Argentina (RTA), el Correo y Aerolíneas Argentinas, especialmente a partir de la presión de los senadores patagónicos.

La cámara de origen podrá aprobar las modificaciones que vienen del Senado o ratificar las suyas por simple mayoría, salvo que los cambios hayan reunido dos tercios

El capítulo del blanqueo tuvo cambios, como la imposibilidad de registrar criptomonedas en el exterior y la prohibición de que los funcionarios puedan acceder a los beneficios de la amnistía fiscal. En Diputados habían aprobado que fuera por cinco años el plazo para salir de esa prohibición. El Senado lo amplió a 10 años, junto a otros cambios que resultaron aprobados por la inusual unamimidad de la cámara. Todos los artículos del blanqueo fueron aprobados por 72 votos, es decir que superaron los dos tercios.

De ese modo, quedaron virtualmente blindados, porque cuando esas modificaciones sean tratadas en Diputados, en segunda revisión, el oficialismo no tiene chances de juntar dos tercios y empardar lo que viene del Senado, tal como establece el artículo 41 de la Constitución.

La cámara de origen podrá aprobar las modificaciones que vienen del Senado o ratificar las suyas por simple mayoría, salvo que los cambios hayan reunido dos tercios y para eso sólo podrán ser revertidos por la misma proporción. Ahí esta el techo del oficialismo y sólo sucedió con el blanqueo, cuando podría haberse reeditado una versión mas acotada para otros artículos, como las modificaciones del siete, donde sacaron a Aerolíneas, Correo y RTA. No sucedió porque Unión por la Patria no salió de la posición original de rechazar todo, salvo con el blanqueo.

La pregunta sobre el comportamiento del panperonismo ahora toma otro volumen, mucho más importante que el debate de la cuestión patagónica, porque esa dimensión se reduce en la Cámara Baja. Se espera que esta semana corta se concrete el giro del Senado para la segunda revisión.

En Diputados el oficialismo habla un plenario de comisiones para el miércoles 26 y una sesión para el jueves 27, donde no habrá posibilidades para incluír modificaciones y cada uno votará por sí o por no. Las 99 voluntades de UxP en Diputados podrían abstenerse o quizás influir de otro modo. En el paquete de privatizaciones y en Ganancias no hay una posición común en los bloques que han aprobado previamente, como la UCR y Hacemos Coalición Federal. Un diálogo entre los dadores de apooyo al oficialismo y el panperonismo podría poner en crisis el interés del Gobierno para ratificar la versión original todo lo posible.

Francos sabe que si juegan a fondo con insistir en Diputados podría romper los vínculos con el Senado. Tal como contó LMN, la zozobra se vive desde que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió el 9 de mayo con los jefes parlamentarios del PRO y LLA en su despacho.

Era el día del segundo paro nacional contra su hermano y en la Ley Bases se debatía en un plenario de comisiones del Senado. La reunión de la Rosada no tuvo a ningún representante de la Cámara Alta y eso cayó pésimo entre los negociadores del oficialismo que estaban tratando de evitar las modificaciones que les estaba planteando Lousteau. La desconfianza comenzó en ese momento y no ha concluído.

En el Senado siguen pensando que lo aprobado este miércoles podría ser deshecho en gran parte ahora que viene el último round en Diputados. Los costos podrían incluir un desquite posterior con futuras leyes y es lo que Francos trataría de evitar, aunque los legisladores que lo escucharon el jueves entendieron otra cosa, que prefiere que insistan todo lo posible.

El ahora jefe de Gabinete tiene más lapicera que antes, cuando era ministro del Interior. En rigor, ahora tiene ambas funciones y prefiere que lo llamen ministro coordinador porque cree que la reforma constitucional del 94 sobredimensiona el rol del cargo que le encomendó el presidente.

Desde que reemplazó a Nicolás Posse, redobló la negociación con los gobernadores para destrabar el financiamiento de obras públicas que estaban frenadas desde diciembre. Parte de esos diálogos le permitieron contener los reclamos de todos los gobernadores e incluso llegar a incluir un cambio en el Senado que Francos quisiera mantener.

No todo es tan categórico para un oficialismo que es minoría en ambas cámaras. Una muestra está en la versión del Senado. Incluyó una salvaguarda para mantener las obras públicas de todo el país que estaban avanzadas y ahora están sin presupuesto ni movimiento.

El artículo 63 bis define que "se entenderá económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un 80% a la fecha de la sanción de la presente ley o que cuenten con financiamiento internacional para su concesión", dice el texto. Además, indica que "en caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, su ejecución se reanudará previo acuerdo firmado", que deberá ser firmado en 90 días después de la sanción de la ley.

Este punto fue incluído en el Senado y es una de las preocupaciones que atraviesa a los gobernadores de todas los colores políticos. Francos casi ni habla de ese punto, porque quizás se trata de uno de los límites que deberá enfrentar ante la instrucción de desconocer la mayor cantidad de los cambios que incluyó la Cámara Alta. Es el dilema que cruza al entorno del presidente: aceptar la ley posible que salió del Senado o aferrarse a la deseada, que había aprobado Diputados, luego de un primer intento fallido en febrero, que los obligó a recalcular.

lmneuquen