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Por pedido del fiscal del caso Juan Narvaez, uno de los imputados como jefes de la asociación ilícita que se investiga por la administración de planes sociales de la provincia, Néstor Pablo Sanz, continuará detenido en prisión domiciliaria por 6 meses.
Se trata del ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social y es el único de los acusados en la causa que cumple este tipo de detención: el ex director general de Gestión de Planes Sociales, Ricardo Soiza; y el responsable de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna, quienes también están imputados como jefes de una asociación ilícita, permanecen en prisión preventiva.
Los otros dos funcionarios que también están señalados con esta participación en el delito son el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler. En estos dos casos, como en el resto de los y las imputadas, las medidas cautelares que rigen tienen que ver con embargos y restricciones económicas.
La teoría del caso la fiscalía alcanza a un grupo de 26 personas, entre ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debido.
Todas las personas están acusadas -como jefes o partícipes- por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).
Medida cautelar
Durante la audiencia realizada ayer, Narvaez y la asistente letrada de la fiscalía de Delitos Económicos Tanya Cid, precisó que la investigación culminará el 29 de julio próximo y que comprende las maniobras desarrolladas entre septiembre de 2020 a julio de 2022.
“Contamos con testigos que merecen ser cautelados, protegerlos para que puedan declarar de manera voluntaria en la etapa de juicio”, argumentó Narvaez ante la jueza de garantías Estefanía Sauli, por lo que solicitó que, además de la detención domiciliaria de Sanz, se mantenga el resto de las medidas que venía cumpliendo: utilizar una tobillera electrónica, controles policiales diarios y prohibición de contacto con coimputados y testigos de la causa.
Tras escuchar a las partes y sin oposición de la defensa, la jueza hizo lugar a todos los pedidos de la fiscalía.
