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Al igual que lo hizo con la desregulación en los precios de las empresas de medicina prepaga, Javier Milei abrió paso hacia la liberalización del mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Argentina. A través del Decreto 302/2024, se eliminó la regulación de precios en los servicios de telefonía, TV por cable e internet, con el objetivo de «fomentar la competencia y mejorar la calidad del servicio para los usuarios».
Esta medida, que modificó la Ley Argentina Digital N° 27.078, otorga a los licenciatarios de servicios TIC la libertad de fijar sus tarifas, con la condición de que sean justas, razonables y cubran los costos de explotación. Con esta medida, el gobierno busca «estimular la competencia en el sector y promover mejoras en la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos a los consumidores».
A pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirmó la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, garantizando el acceso universal a dichos servicios. Funcionarios esperan que, con esta medida, se incentive la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en zonas rurales y remotas, para reducir la brecha digital en el país.
«Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios», sostuvo la norma. Ahora se espera la decisión de los prestadores para saber qué aumentos aplicarán en adelante. El caso similar más reciente ocurrió cuando, en diciembre, se desregularon las tarifas de las empresas de medicina prepaga.
El gobierno fundamenta su decisión con los siguientes argumentos: “Que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20”.
Además, el decreto sostiene “que en cuanto al fondo de la cuestión, es importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente”.
Una de las novedades significativas fue que se eliminó un segundo párrafo que indicaba que «las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta».
Esa autoridad de aplicación, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), ya no podrá interferir en los precios.
También se derogó el artículo 15 de la ley que reconocía «el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC». «El Servicio Básico Telefónico mantiene su condición de servicio público”, se aclaró.
El decreto que establece las nuevas normas lleva las firmas del presidente Javier Milei, junto a su funcionarios: Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Russo y Sandra Pettovello.
