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La justicia brasileña, representada por el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, ha llevado a cabo la operación "Tempus Veritatis" como parte de una investigación relacionada con un presunto intento de golpe de Estado en Brasil.
Este operativo se centra en acusaciones que implican al ex presidente Jair Bolsonaro como instigador de dichos actos. Como resultado de esta operación policial, Bolsonaro se vio obligado a entregar su pasaporte.
La operación "Tempus Veritatis" fue desplegada en nueve estados brasileños y en el Distrito Federal, con el propósito de investigar una supuesta organización criminal vinculada con el intento de derrocar el Estado democrático de derecho.
Se afirma que esta acción tuvo lugar antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, donde Luiz Inácio Lula da Silva resultó victorioso. En el marco de esta operación, se llevaron a cabo 33 órdenes de allanamiento y cuatro arrestos, además de la confiscación de pasaportes para evitar la salida del país de algunos de los implicados.
El pasaporte de Bolsonaro fue entregado a las autoridades pertinentes, según lo confirmado por su asesor y abogado Fabio Wajngarten. Además del ex presidente, la operación también involucra a cuatro generales, entre ellos Walter Braga Netto, ex ministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, así como a Augusto Heleno, ministro del gabinete de Seguridad Institucional durante la administración de Bolsonaro.
Hasta el momento, tres de las cuatro órdenes de arresto han sido ejecutadas, lo que incluye a un ex asesor de Bolsonaro en asuntos internacionales, Filipe Martins, y a dos militares del Ejército. Bolsonaro ya había sido inhabilitado políticamente en junio anterior por un período de ocho años debido a su supuesta participación en estos eventos.
Según las autoridades, los investigados difundieron alegaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 2022 antes de su celebración, con el propósito de justificar una intervención militar.
Posteriormente, ejecutaron un plan para subvertir el Estado democrático de derecho con el objetivo de evitar la asunción de Lula da Silva como presidente legítimamente electo.
Los sospechosos esperaban alcanzar su objetivo a principios de 2023, especialmente después de los incidentes ocurridos el 8 de enero, cuando seguidores de Bolsonaro irrumpieron y saquearon edificios gubernamentales para exigir una intervención militar y destituir al presidente Lula.
Fuente: Ámbito
