NeuquenNews
El debate por la Ley Ómnibus en Argentina la semana pasada generó una serie de manifestaciones a las afueras del Congreso Nacional. En el marco de estas protestas, se activó el protocolo antipiquetes impulsado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.A pocas horas de los incidentes, la Justicia le solicitó a Bullrich que explique con precisión el accionar policial durante el operativo. La causa quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, quien pidió que el procedimiento se detalle "pormenorizadamente" en las próximas 72 horas, incluyendo los "fundamentos jurídicos" de su aplicación.
El juez también quiere saber qué organismos fueron consultados para realizar el operativo, incluyendo el Ministerio de Justicia de la Nación y su Secretaría de Derechos Humanos, así como organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
La decisión de Casanello responde a la denuncia de inconstitucionalidad presentada por la legisladora porteña del MST, Celeste Fierro, quien considera que el protocolo antipiquetes amenaza derechos políticos al no permitir el corte de calles y rutas durante las manifestaciones.
La controversia en torno al protocolo antipiquetes se intensifica. Bullrich defiende su iniciativa como una herramienta para garantizar la libre circulación, mientras que organizaciones sociales y de derechos humanos la cuestionan por considerar que limita la libertad de expresión y protesta.
Las próximas 72 horas serán claves para determinar si el protocolo se ajusta a la Constitución Nacional. La decisión de la Justicia tendrá un impacto significativo en el futuro de las protestas sociales en Argentina.
