NeuquenNews
Pese al movimiento que decidió hacer para mejorar su situación procesal, este viernes Néstor Pablo Sanz, ex director de Fiscalización de planes sociales, vio frustrada la posibilidad de obtener la prisión domiciliaria.
En el marco de la causa por las maniobras de corrupción con subsidios de desempleo en el Ministerio de Desarrollo Social, la jueza de garantías Estefanía Saulí dio lugar al pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos y prorrogó por seis meses su prisión preventiva.
Lo mismo decidió para el ex director del área, Ricardo Soiza y Marcos Osuna (ex jefe de Gestión de Programas). Al igual que el ex ministro Abel Di Luca y el coordinador Provincial de Administración, Tomás Siengentharler, están acusados del delito de asociación ilícita en carácter de jefes con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito en concurso real. Sin embargo, solo estos tres exfuncionarios se encuentran detrás de las rejas por constituir un riesgo de entorpecimiento de la investigación.
La semana pasada, Sanz había hecho una extensa declaración ante la fiscalía confiando poder obtener la prisión domiciliaria. Además de asumir su participación en las maniobras de corrupción, aportó detalles de las mismas, nuevos nombres de personas involucradas y señaló que el dinero era destinado a acciones de campaña política y enriquecimiento personal de funcionarios de primer nivel y mandos medios.
Sin embargo, este jueves el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, y el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, argumentaron por qué no solicitaron una morigeración de la cautelar impuesta hace cuatro meses por el juez Cristian Piana y por qué, de cara al vencimiento de la misma -este 10 de noviembre-, pidieron su extensión.
El principal fundamento se basó en el testimonio de un hombre llamado Guillermo Meza, quien brindó información que omitió Sanz en su declaratoria, realizada en defensa propia y sin juramento de decir verdad.
"En Neuquén no existe la ley del arrepentido, no existe la situación de que alguien pueda arrepentirse y mejorar su situación procesal dando información", dijo Vignaroli al iniciar su discurso, en el que contó que Meza se presentó espontáneamente en la fiscalía con su abogado defensor luego de que se hiciera pública la declaración de Sanz. Lo hizo para contradecir la versión que dio el exfuncionario en relación a cómo se conocieron.
"Sanz dijo que se lo presentó Brian Marino, quien sería su socio. Meza dice que a Sanz lo conoce desde la gestión de (Oscar) Closs en donde él, como proveedor del Estado, le alquilaba vehículos. Dijo que luego perdió contacto y que lo retomó después de que Sanz se reencontrara con Brian Marino. Así retomaron los alquileres de los vehículos, pero con una modalidad totalmente distinta. Ya no existía el proceso administrativo adecuado para ello, sino que firmaban contratos. Tenemos un contrato firmado por el señor Sanz de un vehículo Fiat Cronos que utilizaba para provecho personal. Meza aclara que quien tomaba la decisión de los alquileres era Sanz, el único con el que tenía contacto. Además reconoce que le pagaban con cheques con fondos que provenían del subsidio para desocupados", manifestó Vignaroli.
Acto seguido se refirió al significativo aumento patrimonial de Sanz y de dos mujeres imputadas también en la causa. Primero precisó que hasta julio del 2022 el exdirector de Fiscalización estuvo vinculado sentimentalmente con Valeria Honorio y que a partir de ese momento, arrancó su vínculo con su actual pareja, Isabel Montoya.
Luego indicó: "Meza cuenta que entre los meses de mayo, junio y julio del 2022, Sanz lo contacta y le pide unas tareas extras en relación a que tenía que terminarle la casa a su ex pareja, Valeria Honorio, en un barrio cerrado que se llama Fincas de Plottier". Por el servicio de compra de materiales y su traslado a la vivienda, Sanz le pagó 100 mil pesos por mes. Además en el transcurso de esos meses le entregó entre 1,5 millones y 1,7 millones de pesos para la adquisición de los materiales.
"Esta información fue corroborada con los registros de ingreso y egreso al barrio. En ese período, Meza ingresaba prácticamente a diario al lote 72. Él explicó que además prestaba otros servicios como jardinería, contó que había instalado una pileta y que a fines de julio Sanz le dijo 'no hay más plata, no se va a seguir haciendo estas tareas'", relató Vignaroli.
En ese marco, el fiscal dio cifras de los patrimonios del ex funcionario y sus dos parejas. "Valeria Honorio tiene un sueldo bruto anual declarado en 2022 de 1.212.000 pesos. Acreditaciones en ese mismo año, que no se conocen el origen, por 1.864.000 pesos. Y digo que no se conocen el origen porque el único trabajo legal que le reconoce la AFIP es ser planta política del Ministerio de Desarrollo Social. No es monotributista, no tiene otro negocio, no surge que haya recibido donaciones ni ningún otro tipo de beneficios", expresó.
"En el periodo 2019-2022 tuvo operaciones de compra-venta de rodados por 24.523.900 pesos. Esto coincide con lo que dijo Paula Gabriela Zeballos respecto a que Honorio 'siempre andaba con muchos vehículos'", advirtió el fiscal al hacer referencia a otra imputada que declaró hace unos meses.
A la hora de hablar de Sanz, recordó que el único trabajo que se le conoce al exfuncionario es el del Ministerio de Desarrollo Social y puntualizó que tuvo un ingreso bruto anual declarado en 2022 de 1.832.000 pesos y, "en el mismo año, acreditaciones por 4.634.000 pesos, cuyo origen se desconoce porque no surge que haya tenido alguna otra actividad lícita que justifique estas acreditaciones".
En el período que va entre 2018 y 2022 compró cinco rodados y vendió dos por un monto valuado por la AFIP en 13.352.000 pesos. "Sabemos que los montos de la AFIP siempre son inferiores a los valores de mercado", comentó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Respecto a Montoya, detalló que en 2022 tuvo un sueldo bruto anual declarado de 586.451 pesos y acreditaciones por 853.296 pesos, "que podemos suponer que es por su monotributo clase A por una estética instalada en la ciudad de Centenario". "En el primer semestre del 2023 solamente ganó 73.797 pesos y declaró 203.000 pesos por acreditaciones que pueden atribuírsele a la estética que al día de hoy continúa cerrada".
"Sin embargo, Montoya el día 3 de julio del 2002 -cuando ya estaba en relación con Sanz- adquiere un terreno en un barrio cerrado de Plottier por la suma total de 34 mil dólares, habiendo hecho entrega de un Chevrolet Cruze que no estaba a su nombre, porque de los registros nunca resultó ser propietaria de un vehículo. Además se comprometió a pagar tres cuotas de 8 mil dólares, de las cuales algunas las cumplió. Repito: una persona que en un año ganó 586 mil pesos más 853 mil pesos", puntualizó.
"Esto demuestra que Sanz trató de mejorar su situación quizás con una expectativa -reconozco- conversada pero nunca comprometida de una morigeración de su situación en lo que tiene que ver su prisión preventiva. Pero no contó toda la verdad", subrayó el fiscal. "Con lo que no contó demostró que algún grado de entorpecimiento a la investigación metió", subrayó.
En otro pasaje de su alocución, Vignaroli señaló que de los testimonios relevados "Sanz era quien más controlaba y quien más requería dinero". Agregó que el mismo exdirector de Fiscalización dijo que los fondos se destinaban "a la política", el alquiler de vehículos a Meza, gastos de sostenimiento del restaurante Faraón (propiedad de Soiza) y a enriquecimiento personal.
En ese marco, recordó que Sanz, para desligarse del rol de jefe de la asociación ilícita que se le atribuye, contó que "de lo que se juntaba la mayor parte se la llevaba Soiza -más de 3 millones de pesos- y que él y Osuna se llevaban 250 mil pesos por mes".
Por otro lado, para justificar el pedido de prórroga de la prisión preventiva, los fiscales señalaron que el testimonio de Sanz no agregó "nada nuevo ni sustancioso" a la investigación ya que solo confirmó información que ya habían obtenido a través de documentos y otros imputados que declararon hace unos meses, motivando las prisiones preventivas. En ese marco, manifestaron que lo que podría haber aportado no incide en los riesgos procesales que "continúan indemnes".
