Estafas con planes sociales: Sanz, Soiza y Osuna le hicieron un pedido a la jueza del caso

Este jueves comenzó una nueva audiencia en relación con la causa por la estafa con planes sociales que puso en la mira al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén. La misma tiene como objetivo resolver si el exdirector de Programas Sociales, Ricardo Soiza, el exjefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna, y el ex director de Fiscalización, Néstor Pablo Sanz continúan con prisión preventiva o no.

Luego de cuatro meses de estar tras las rejas, este 10 de noviembre se cumple el plazo de vencimiento de la medida cautelar dictada por el juez Cristian Piana en julio de este año. Por eso, el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, y el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, solicitaron una prórroga de seis meses para los tres detenidos, acusados del delito de asociación ilícita en carácter de jefes con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito en concurso real; cargos que también pesan sobre Tomás Siengentharler, coordinador Provincial de Administración y el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca (quienes se encuentran en libertad).

Antes de que la jueza de Garantías Estefanía Saulí pasara a un cuarto intermedio para este viernes 10 de noviembre a las 8.30 de la mañana, Osuna pidió la palabra con el fin de que la magistrada considere su argumento antes de tomar una decisión respecto a su situación procesal.

 
"Me gustaría aclararle que, a partir de la medida impuesta de prisión preventiva, yo he dejado de percibir mi sueldo. Los motivos que me han dado desde mi lugar de trabajo son que en el Ministerio de Desarrollo Social, día no trabajado es día no cobrado", comenzó diciendo Osuna.

Acto seguido remarcó que su sueldo es la única entrada económica que tiene para cumplir con la manutención de su hija, "que no tiene a su mamá".

La actitud de Osuna animó a los otros dos imputados a romper el silencio. En ese marco, Sanz fue el segundo el tomar el micrófono para expresarse. Instantes antes, cuando la jueza preguntó si tenían algo para decir, el ex director de Fiscalización hizo un ademán, consultó con su abogado -Gustavo Palmieri-, pero luego desistió. Minutos después, tras escuchar a Osuna, cambió de parecer.

"Disculpe señora jueza, también la misma situación que Marcos. Nos han retenido el sueldo desde más o menos abril", manifestó el exfuncionario que, tras hacer una explosiva declaración ante la fiscalía, esperaba -en vano- que Narváez y Vignaroli solicitaran en reconocimiento su prisión domiciliaria, como morigeración de la medida cautelar.

"Tengo hijos, soy sustento de familia y no han podido percibir la cuota alimentaria que ya estaba judicializada. Por ende, eso también quería aclarar por ahora", añadió.

 Por último, Soiza se refirió a la jueza para hacer una consideración similar. Sin embargo, en vez de poner el foco en la manutención de su familia, hizo hincapié en el sostenimiento de su restaurante, Faraón que fue allanado hace unos meses en el marco de la investigación de esta causa.

"Bueno, yo estoy en la misma condición, con el agravante que tengo mi comercio. Al no estar presente yo está bastante en peligro porque la función interna de ese restaurante soy yo, justamente por la combinación de las comidas. Parece una pequeñez pero justamente soy yo el que le doy un toque a la comida árabe y no estoy. Bueno, gracias", dijo ante la mirada atenta de los presentes, entre ellos su esposa y su hijo Nicolás.

Sentada detrás de ellos estaba la pareja de Sanz, Isabel Montoya. También imputada en la causa, pero en libertad, la mujer sindicada como una de las extractoras del dinero con tarjeta de débito, asiste a cada evento de la causa. A diferencia de las anteriores audiencia, se la vio entera, sin derramar lágrimas como suele suceder en este tipo de circunstancias.

Esta fue la primera vez que se escuchó la voz de Sanz y Osuna en una audiencia por la causa de las estafas con planes sociales. En contraste, Soiza había hablando en un contexto similar, en julio, cuando el juez Cristian Piana dio lugar al pedido de prisión preventiva de la fiscalía.

En esa ocasión, antes de que el magistrado dispusiera un cuarto intermedio de 40 minutos para tomar una decisión, el ex funcionario sorprendió al pedir la palabra. No fue para hacer una aclaración sobre su situación procesal o los cargos que pesan en su contra, sino para contar para qué era el dinero que la policía había secuestrado hacía una semana en su restaurante durante un allanamiento.

"Quería hacer una aclaración de un medio sobre los montos que fueron encontrados en mi negocio y en mi casa, solamente para que quede claro que era para el pago de sueldos y el aguinaldo del personal y la chacra la tengo hace 25 años", manifestó el exfuncionario.

Del local comercial se había secuestrado la suma de 1.500.000 pesos, mientras que de su vivienda se había hecho lo mismo con 2 mil dólares "que la esposa estaba guardando celosamente en un cajón de su placard", según indicó el abogado defensor del ex director de Planes Sociales, Esteban Sampayo.

"También se han secuestrado varios dispositivos electrónicos. De algunos ya se han suministrado las contraseñas y los que no, se encuentran a disposición de la fiscalía en el momento que lo requieran", había expresado en ese momento el letrado, para luego mencionar el secuestro de un arma calibre 32 durante un allanamiento en la chacra de su cliente. "Está registrada a nombre del señor Soiza, es una herramienta de la chacra. En este momento está en poder de la fiscalía", precisó Sampayo en esa ocasión.

LM